El Gobierno acelera el cronograma de privatizaciones esperadas por el sector empresario para la segunda mitad de 2026. La licitación de los trenes de carga se perfila como la operación más relevante del año, mientras se preparan simultáneamente las ventas en el área energética. Ambos procesos cuentan con respaldo financiero internacional y ajustes regulatorios para blindar los contratos.
¿Cuándo salen a licitación los trenes de carga?
La publicación de los pliegos para la concesión de Belgrano Cargas, Urquiza y San Martín es inminente, según confirmaron fuentes del oficialismo durante julio de 2026. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) completaron la revisión de la documentación y otorgaron prefactibilidad a los inversores, lo que habilita a potenciales compradores a presentarse como dadores de financiamiento para las inversiones requeridas.
El proceso se estructura en dos etapas diferenciadas. La primera incluye la concesión de las vías por 50 años con opción de venta parcial del material rodante. La segunda fase comprenderá la venta de los talleres y el resto de los activos móviles. Los interesados hasta el momento son cuatro: dos grupos locales —un pool de agroexportadoras con vínculos mineros y el Grupo Roggio— y dos internacionales, entre ellos el Grupo México con experiencia comprobada en gestión ferroviaria.
Blindaje de contratos y seguridad jurídica para inversores
Los ajustes realizados en los pliegos priorizan la seguridad jurídica de los licitantes. Una de las preocupaciones principales era la velocidad de los procesos judiciales locales y los antecedentes de litigio. Aunque se reforzó el blindaje contractual, no se incluyó una cláusula que permita litigar ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo la órbita del Banco Mundial). El Gobierno considera innecesaria esta inclusión porque los inversores ya cuentan con la posibilidad de recurrir a ese tribunal de forma autónoma.
Las revisiones también buscaron atraer mayor cantidad de oferentes. El Gobierno espera que fondos de inversión internacionales se interesen en participar, algo que ya genera primeros acercamientos. Las propuestas deberán incluir una estructura de tarifas, costos y plazos para obras obligatorias —como la reparación de la circunvalación de Rosario— más obras adicionales que sumen puntos competitivos.
La concesión mantendrá a los trabajadores actuales en sus puestos, y el Gobierno anticipa que tanto las inversiones como el incremento de operaciones derivarán en nuevas contrataciones.
Energía: centrales térmicas y AySA en oferta
El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó durante el anuncio del Programa Financiero 2026-2027 la venta de centrales térmicas de Enarsa. Las plantas Belgrano y San Martín están previstas para salir a ofrecerse durante 2026. Ambas representan activos estratégicos en el contexto de la matriz energética nacional.
En paralelo avanza la venta de AySA, donde se ofertará el 90% de la compañía sin precio base. Esta decisión responde a evitar "ofertas carroñeras" y garantizar que los compradores asuman compromisos de inversión reales. Se contemplan inversiones por US$ 5.000 millones en 20 años para modernización y extensión de la red de agua potable y saneamiento. El operador de las represas del Comahue invirtió US$ 1.500 millones, lo que da escala a la magnitud de los compromisos de AySA. El interés local es significativo, con múltiples grupos vinculados a la construcción evaluando participación.
El caso Intercargo y las cesiones aeroportuarias
La venta de Intercargo fue declarada desierta en los primeros meses de 2026, constituyendo el primer traspié del Gobierno en su agenda privatizadora. Desde entonces evalúan alternativas, aunque mantienen que el Congreso les permite disponer de la compañía dentro de ciertos límites.
Mientras se analiza el futuro de Intercargo, comenzaron las cesiones a operadores aeroportuarios para que operen las mangas de embarque. Esta posibilidad estaba contemplada en las concesiones originales de hace 30 años, pero el área permanecía bajo control de Intercargo. Los operadores deberán invertir en modernización de mangas y equipamiento.
Tasaciones y transparencia en valuaciones
Surgieron críticas respecto de las tasaciones de empresas ofertadas. El Gobierno explicó que intervino el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) en lugar del Tribunal de Tasaciones porque este último se especializa en cotización de activos —como edificios y terrenos de la AABE— y no en valuación de empresas operativas con flujo de fondos. Los precios base reflejan condiciones específicas: en Intercargo, la apertura competitiva y necesidad de reestructuración; en Transener, la venta de participación accionaria minoritaria frente a la presencia mayoritaria de Pampa Energía.
Impacto para empresas y administradores: oportunidades y financiamiento en juego
Para los dueños y administradores de empresas argentinas, esta aceleración privatizadora abre múltiples vectores de impacto. La venta de los trenes de carga mejorará significativamente la logística de transporte para agroexportadores y minería, reduciendo costos operativos y tiempos de entrega. El financiamiento internacional alineado a través de BID y Banco Mundial señala estabilidad regulatoria y acceso a capital de largo plazo para los adjudicatarios, lo que trasladará eficiencia a la cadena de suministro.
En energía, la privatización de centrales térmicas y la modernización de AySA impactarán en costos de servicios básicos para la industria. Las inversiones comprometidas en agua y saneamiento ampliarán cobertura, beneficiando a empresas en zonas actualmente desatendidas. Además, el régimen RIGI se alinea con estas licitaciones, permitiendo que inversores grandes accedan a beneficios fiscales que podrían trasladarse en mejores condiciones tarifarias. Para pymes y administradores, monitorear estos procesos es crítico: los cambios en operadores, tarifas y capacidad de servicio definirán competitividad en los próximos años.
