El Ministerio de Economía proyecta que las privatizaciones de empresas públicas aporten US$ 2.300 millones durante 2026 y 2027, según informó el ministro Luis Caputo. Esta cifra representa una estimación conservadora que superaría los US$ 2.000 millones que se anticipaban hace algunos meses, consolidando la estrategia del Gobierno para fortalecer las finanzas públicas mediante la venta de activos estatales.
¿Cómo se distribuyen los ingresos por privatizaciones?
La proyección se divide en dos ejercicios fiscales: para 2026 se espera recaudar US$ 800 millones, mientras que en 2027 ingresarían US$ 1.500 millones por la venta de empresas y activos públicos. Estos fondos formarían parte de los recursos destinados al servicio de la deuda externa e interna del país, en un contexto de consolidación fiscal.
Operaciones concretadas hasta mediados de 2026
Durante el primer semestre de 2026 ya se materializaron transacciones significativas. En abril se completó la venta de Transener, la distribuidora de energía de alta tensión, por US$ 356 millones. Previamente, a finales de 2025, se concesionaron cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue por US$ 700 millones. En paralelo, avanzaron las licitaciones de rutas nacionales, que ya se encuentran en la etapa de apertura de ofertas económicas para la Etapa II-B, que comprende los Tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte.
Empresas en cartera para privatizar antes de fin de año
El Gobierno mantiene una agenda ambiciosa de desinversiones. Caputo mencionó que AySA (distribuidora de agua de Buenos Aires), las termoeléctricas de ENARSA —Manuel Belgrano y Timbúes-General San Martín, que generan el 8% de la energía nacional—, el astillero Tandanor y una segunda etapa de centrales hidroeléctricas podrían concretarse incluso antes del cierre de 2026, aunque conservadoramente se proyectaron para 2027. El ministro agregó que existe potencial para recaudar entre US$ 500 millones y US$ 1.000 millones adicionales en esas operaciones.
También figuran en la cartera la venta de la participación de ENARSA en el gasoducto Perito Moreno, las regasificadoras y parques eólicos, aunque no fueron detallados en los comentarios recientes.
Belgrano Cargas: la licitación pendiente de este mes
Belgrano Cargas permanece en la lista de privatizaciones desde el inicio de la gestión. Según fuentes oficiales, la licitación de esta operadora de cargas ferroviarias se publicaría durante julio de 2026, tras varios ajustes en los pliegos. Se estima que las tres líneas —Belgrano, San Martín y Urquiza— podrían generar alrededor de US$ 800 millones entre la venta del material rodante y los talleres, mientras que las vías serían concesionadas. La empresa registró pérdidas de $ 10.229 millones en el primer trimestre de 2026.
AySA: privatización del 90% accionario
La privatización de AySA derivó hacia la venta del 90% del paquete accionario, dejando el 10% restante en manos de los trabajadores. Las estimaciones privadas oscilan entre US$ 400 millones y US$ 500 millones por la operación. La empresa registró un resultado financiero positivo de $ 41.637 millones en el primer trimestre de 2026, lo que la posiciona como un activo atractivo para inversores.
El caso de Intercargo: licitación desierta
No todas las operaciones han avanzado según lo planificado. Intercargo, que se estimaba en más de US$ 100 millones desde el sector privado, fue ofertada a US$ 45 millones. Sin embargo, la licitación fue declarada desierta, evidenciando dificultades en la valuación de ciertos activos. La compañía mostró un resultado financiero positivo de $ 9.574 millones en el primer trimestre de 2026.
Impacto de las privatizaciones para empresas y administradores argentinos
La estrategia de privatizaciones tiene implicaciones directas para el sector privado y los administradores de negocios. La inyección de liquidez mediante estas operaciones alivia la presión sobre las tasas de interés y el tipo de cambio, factores críticos para las pymes y grandes empresas que financian sus operaciones en pesos o dólares. Además, la transferencia de empresas públicas a operadores privados puede mejorar la eficiencia operativa y reducir subsidios cruzados que distorsionan competencia en sectores como energía, transporte y servicios. Para los empresarios, esto significa potencialmente menores costos de logística ferroviaria, energía más competitiva y servicios de infraestructura bajo estándares privados. Sin embargo, también requiere monitoreo respecto a tarifas y acceso equitativo a estos servicios esenciales.
