El Ministerio de Economía interrumpió desde enero de 2026 los pagos de fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, acumulando una deuda de $1,1 billones hasta mayo del corriente año como medida para sostener las metas de superávit fiscal pactadas con el FMI.
¿Qué fondos dejó de girar Caputo a CABA?
El ministro de Economía suspendió los envíos de fondos no automáticos correspondientes a la cautelar de la Corte Suprema que ordenó restituir el 1,5% de la coparticipación que el gobierno nacional había retenido en 2020. Desde agosto de 2025 el Tesoro realizó transferencias parciales del monto total, pero desde enero de 2026 interrumpió por completo estos giros, según reporta la consultora LCG.
La decisión forma parte de las denominadas "medidas extraordinarias" implementadas para alcanzar los objetivos de resultado fiscal acordados con el Fondo Monetario Internacional. La Nación no puede incluir estos fondos en la coparticipación automática porque no se trata aún de un fallo definitivo, lo que permitió al gobierno nacional suspender los pagos sin modificar la estructura de transferencias regulares.
Impacto en las cuentas fiscales del primer semestre 2026
El "ahorro" generado por la suspensión de pagos a CABA representó el 0,1% del PBI, según los cálculos de LCG. En contexto, el resultado primario de los primeros cinco meses de 2026 alcanzó el 0,7% del PBI, mientras que la meta establecida para el año completo es del 1,4% del PBI.
Durante el primer trimestre del año, el gobierno también duplicó la deuda flotante (pagos atrasados de la administración central) de $2 billones a $4 billones, y sumó aproximadamente $2 billones en ingresos extraordinarios, principalmente por rentas de la propiedad e ingresos de la privatización de las represas del Comahue. Estos recursos permitieron compensar la caída de la recaudación fiscal en términos reales.
¿Cómo se contabilizó este gasto en las estadísticas oficiales?
La consultora LCG señala que el pago de la deuda con títulos públicos debería registrarse como gasto por parte del Tesoro, pero no figura en las estadísticas de los datos abiertos del presupuesto que conforman el esquema de ahorro, inversión y financiamiento del sector público.
Alejandro Pegoraro, director de Politikon Chaco, explicó que la operación involucró bonos y letras que ya habían sido emitidos y no colocados, como fue el caso de una Boncap. "En términos de gasto financiero seguramente están contabilizados debajo de la línea, porque básicamente es el mismo mecanismo que se utiliza para todos los instrumentos de deuda capitalizables en pesos", indicó.
Pegoraro consideró que el gasto financiero del Estado nacional se registrará cuando pague los vencimientos correspondientes de esos bonos. "El gasto financiero de ese pago de deuda por coparticipación va a estar debajo de la línea, porque se va a contabilizar como pago de intereses", explicó, añadiendo que "Caputo y su equipo tienen una creatividad financiera y contable enorme" tanto para agrandar ingresos como para reducir gastos aparentes.
Tensión fiscal y herramientas de compensación
Javier Okseniuk, director de LCG, señaló que las cuentas fiscales evidentemente están bajo tensión. "Los ingresos están cayendo un 7% anual en términos reales, incluyendo la baja de alícuotas de retenciones, pero también hay una reducción en la recaudación del IVA", explicó.
El Fondo Monetario Internacional redujo en $1,6 billones la meta de superávit del primer semestre de 2026 respecto a lo establecido en la revisión anterior. La meta inicial de $8,458 billones se redujo a $6,861 billones, lo que permitió mayor flexibilidad al gobierno nacional para alcanzar los objetivos.
No obstante, Okseniuk aclaró que "que las cuentas estén bajo tensión no significa que existan dudas muy altas sobre la capacidad de mantener el superávit, porque todavía hay margen para acomodar algunas variables, por ejemplo, las tarifas". La deuda flotante, que pasó de $2 billones a $4 billones entre febrero y abril, representa un recurso autorizado por el FMI siempre que no supere el 10% del gasto primario.
Qué significa para empresas y administradores de negocios argentinos
La estrategia de Caputo de postergar pagos a jurisdicciones subnacionales y utilizar ingresos extraordinarios para sostener el superávit fiscal tiene implicaciones directas para el sector privado argentino. La caída de ingresos fiscales en términos reales (7% anual) refleja una economía con menor actividad en sectores transables, lo que afecta directamente el volumen de negocios y la demanda interna.
Para administradores de empresas, la tensión fiscal evidencia que el gobierno nacional busca mantener el equilibrio presupuestario mediante ajustes contables y aplazamientos de pagos antes que mediante reducciones de gasto. Esto sugiere que futuras medidas podrían incluir incrementos en tarifas de servicios públicos o cambios en alícuotas de impuestos que impacten directamente en costos operativos. La suspensión de fondos a CABA también señala que los gobiernos provinciales y locales enfrentan restricciones de liquidez, reduciendo su capacidad de compra y de generación de demanda agregada en el corto plazo.
La creatividad contable del equipo económico, aunque técnicamente legal, refleja un escenario de fragilidad fiscal donde cada variable se ajusta al máximo para cumplir compromisos con organismos internacionales. Para empresas y pymes, esto implica mantener vigilancia sobre cambios en políticas tributarias y tarifarias que puedan afectar márgenes operativos.
