El Presupuesto 2027 muestra un patrón contradictorio en las transferencias a provincias: mientras crecen los recursos automáticos, se reducen drásticamente los fondos sujetos a decisión del Ejecutivo, ampliando el margen de negociación política en un año electoral.
¿Cuánto crecerán las transferencias automáticas a las provincias?
Las transferencias automáticas a provincias y CABA alcanzarían $104,03 billones en 2027, según el análisis de la consultora Politikon Chaco. Esto representa 7,3% del PIB y un alza real de 7,5% frente a 2026. Sin embargo, ese crecimiento no beneficia por igual a todas las jurisdicciones.
Comparando con 2023, el consolidado de provincias y CABA quedaría apenas 0,2% por debajo en términos reales. Solo ocho jurisdicciones superarían ese nivel: Buenos Aires, Chubut, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Las dieciséis restantes enfrentan caídas acumuladas, siendo Santa Fe y Córdoba las más afectadas con retrocesos de -1,9% y -1,8% respectivamente.
¿Qué sucede con los fondos discrecionales del Ejecutivo?
Las transferencias no automáticas presentan un cuadro opuesto. Sumarían apenas $2,59 billones, lo que implica 1,8% menos en términos reales que 2026 y 35,5% menos que en 2025. Las transferencias de capital caerían de $158.556 millones a $153.342 millones, una reducción real de 20%.
El análisis del diputado nacional Guillermo Michel identificó que la Jurisdicción 91 (Obligaciones a Cargo del Tesoro) pasaría de $5,6 billones a $14,8 billones. Dentro de ella, el Programa 99 concentra $7,7 billones bajo la descripción genérica de "diversas asistencias financieras", sin criterios de reparto definidos en el articulado. Michel caracteriza este fondo como una "caja para negociar" con los gobernadores.
Aportes del Tesoro Nacional: la herramienta política tradicional
Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), históricamente vinculados a la negociación política, alcanzarían $300.994 millones en 2027. Aunque mantendría estabilidad real (+0,1%), quedaría 9,3% por debajo de lo ejecutado en 2025.
Un dato preocupante: al 31 de mayo de 2026 existían $1,9 billones de ATN acumulados sin repartir. Michel advierte que lo presupuestado para 2027 equivale a apenas un cuarto de lo que recauda el fondo, profundizando la discrecionalidad del Ejecutivo en su distribución. Los artículos 5 y 10 del proyecto habilitan a la Jefatura de Gabinete a reasignar partidas sin restricciones.
Obra pública: el achicamiento más dramático
Los proyectos de inversión nacionales localizados en provincias suman apenas $1,06 billones, representando 1% de lo que los distritos reciben por coparticipación y 0,07% del PBI. La distribución es altamente desigual: mientras Santa Cruz recibe $6,26 por cada $100 invertidos, Córdoba, San Luis y Chaco reciben $0,18, $0,19 y $0,21 respectivamente.
Esta contracción en obras resulta paradójica dado que el Presupuesto proyecta que las provincias aumenten su gasto de capital 46,1% (aproximadamente $8,0 billones). El Ejecutivo transfiere menos fondos para infraestructura justamente cuando espera que los distritos inviertan más.
Riesgos y supuestos sensibles del esquema presupuestario
El Presupuesto 2027 descansa en supuestos que pueden no cumplirse. Si IVA y Ganancias crecieran al ritmo del PIB nominal en lugar de las elasticidades de 1,4 y 1,9 que asume el proyecto, la coparticipación llegaría $3,4 billones corta.
Otro riesgo es el cambiario: más del 80% de la deuda provincial está en moneda extranjera y en 2027 los distritos enfrentarán $13,16 billones de servicios de deuda. El presupuesto asume un dólar de $1.847,6 a diciembre, cifra 8% por debajo de la proyección del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado).
Implicancias para las empresas y administradores de negocios
Este esquema presupuestario tiene consecuencias directas para la gestión empresarial en territorio provincial. La concentración de fondos discrecionales en manos del Ejecutivo genera incertidumbre sobre la disponibilidad de recursos para servicios básicos, infraestructura y programas que afectan el costo operativo de las pymes.
Para los administradores de empresas con operaciones multijurisdiccionales, la desigualdad en la distribución de fondos implica escenarios fiscales divergentes según la provincia. Córdoba y Santa Fe, con caídas reales acumuladas, enfrentarán presiones presupuestarias que podrían traducirse en aumentos tributarios provinciales o reducción de servicios. Simultáneamente, la brecha entre lo que Nación transfiere para obras y lo que las provincias deben invertir sugiere un crecimiento del endeudamiento subnacional, con implicancias cambiarias claras dado el peso de la deuda en dólares.
La falta de criterios automáticos para distribuir ATN y la acumulación de $1,9 billones sin repartir amplían la discrecionalidad política en un año electoral, generando un entorno de negociación permanente que puede impactar en la estabilidad de políticas provinciales relevantes para los negocios.
