La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) formalizó una reducción del 20% en las tarifas máximas de practicaje y pilotaje, medida que cierra el conflicto portuario desatado esta semana tras la publicación del Decreto Nº 690/26 de desregulación del sector.
La decisión consta en la Resolución 46/2026, publicada el viernes 6 de agosto en el Boletín Oficial. El recorte tarifario rige desde de manera inmediata y se calcula sobre los valores máximos vigentes desde 2018, aunque mantiene carácter transitorio: permanecerá en efecto únicamente mientras continúe suspendida la norma presidencial que intentó reformar el sistema de practicaje.
¿Cuál fue el conflicto portuario que generó esta medida?
El paro comenzó el sábado 1º de agosto, tras la firma del Decreto Nº 690/26 por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La norma introdujo cambios profundos en el régimen de practicaje vigente desde 1991, lo que generó rechazo inmediato de los gremios del sector y medidas de fuerza que paralizaron la operatoria portuaria.
Entre las principales modificaciones del decreto figuraron la creación de un registro abierto de profesionales bajo supervisión de la Prefectura Naval Argentina (PNA), la libertad de los usuarios para elegir prestadores del servicio, la eliminación de restricciones para nuevos operadores y la potestad de la ANPyN para establecer tarifas máximas con publicación obligatoria de precios.
Impacto económico del paro: pérdidas diarias en millones
La paralización mantuvo varados más de 185 buques durante los días de conflicto. Las pérdidas económicas fueron significativas: se estimaba un costo de entre US$ 50.000 y US$ 100.000 diarios por cada embarcación detenida. Las operaciones quedaron interrumpidas en puertos estratégicos como Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova.
El sector energético resultó particularmente afectado. Las empresas asociadas a la Cámara Argentina de Energía (CADE) suspendieron operaciones de distribución de nafta, gasoil, fuel oil y crudo hacia las refinerías del país. Además, quedó comprometida la intervención del buque White Marlin en tareas vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro.
Acuerdo: cuatro puntos clave para desactivar la crisis
El Gobierno y el sector alcanzaron un entendimiento que contempla cuatro medidas concretas:
- Reactivación inmediata de la prestación regular del servicio de practicaje y pilotaje
- Suspensión de los efectos del Decreto Nº 690/26
- Conformación de una mesa intersectorial para establecer un nuevo reglamento de servicios de practicaje y pilotaje
- Reducción del 20% en las tarifas vigentes para practicaje y pilotaje
En los considerandos de la Resolución 46/2026, el Ejecutivo reconoció que el decreto "generó una situación excepcional que pone en crisis el normal funcionamiento del sistema de prestación del servicio de practicaje y pilotaje".
Contexto global: por qué el practicaje argentino es el más caro
Según datos del Ministerio de Desregulación, el practicaje argentino ocupa posiciones extremadamente elevadas en el ranking mundial de costos. Para un buque Panamax en el Río de la Plata y Puerto de Buenos Aires, la tarifa alcanza US$ 16.903, más de tres veces superior a puertos europeos como Gdańsk (US$ 4.729) o estadounidenses como Everglades (US$ 4.476).
Los puertos patagónicos cobran US$ 11.237 y los no patagónicos US$ 9.364, cifras que también superan ampliamente las de terminales comparables en el Reino Unido (Londres, Southampton y Portsmouth) y otros países. Este diferencial de costos constituía el argumento central del Gobierno para justificar la desregulación.
¿Qué significa esta rebaja para las empresas y administradores argentinos?
La reducción del 20% en tarifas de practicaje impacta directamente en la competitividad de las operaciones portuarias argentinas, aunque el alivio es parcial. Para empresas exportadoras, navieras y operadores logísticos, el recorte disminuye costos operativos en el corto plazo, mejorando márgenes en operaciones de comercio exterior.
Sin embargo, la medida es transitoria y condicionada a la suspensión del decreto. Esto genera incertidumbre regulatoria: administradores de empresas deben monitorear la evolución de la mesa intersectorial que definirá el nuevo reglamento. La rebaja actual no resuelve la brecha competitiva con puertos internacionales, por lo que el debate sobre desregulación y competencia seguirá siendo central para la cadena logística y de energía argentina durante 2026.
