Los prácticos y baqueanos del país resolvieron cesar sus actividades por tiempo indeterminado desde el lunes 5 de agosto, en rechazo a la desregulación impulsada por el Ministerio de Desregulación. La medida amenaza con paralizar el movimiento de buques en los principales puertos y afectar de lleno al comercio exterior argentino.
¿Qué decidieron los prácticos y baqueanos?
Durante la reunión del sábado 3 de agosto, los profesionales independientes resolvieron no aceptar nuevas operaciones, completando únicamente los servicios ya contratados. Desde este lunes, a medida que terminen los compromisos preexistentes, los buques alcanzados por la obligatoriedad del servicio no podrán ingresar, salir o navegar por las zonas reguladas.
La decisión abarca a los profesionales que operan en el Río de la Plata, el Paraná, el Uruguay, Bahía Blanca y los principales puertos marítimos del país. Fuentes del sector sostienen que, al tratarse de trabajadores autónomos, los prácticos tienen derecho a decidir no aceptar nuevos contratos.
Cambios clave del nuevo decreto de desregulación
El decreto impulsado por Federico Sturzenegger modifica aspectos fundamentales de la prestación de servicios de practicaje. Entre los cambios más polémicos figura la obligación de prestar servicio "en todo momento", considerando una falta grave la negativa a cumplir una operación cuando no se verifiquen excepciones previstas.
Las principales modificaciones incluyen:
- Retribución acordada entre prácticos y usuarios, con tarifas máximas fijadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
- Publicación mensual de precios en portales de empresas prestadoras de servicios.
- Liberalización del transporte necesario para embarque y desembarque de prácticos.
- Posibilidad de que capitanes o patrones prescinda total o parcialmente del práctico acreditando experiencia regular en el recorrido.
- Sanciones que incluyen apercibimientos, multas y suspensiones de hasta 30 días dispuestas por la Prefectura.
La normativa también amplía el acceso a la profesión, permitiendo que capitanes de ultramar, capitanes fluviales, capitanes de pesca y oficiales retirados de la Prefectura y la Armada aspiren al título. Los aspirantes deberán realizar viajes de práctica certificados: para el Río de la Plata, el Paraná y Bahía Blanca se exigen diez viajes de entrada y diez de salida dentro de 120 días.
Intentos fallidos de reemplazo y limitaciones operativas
La Prefectura Naval Argentina buscó alternativas para evitar la paralización contactando a representantes de capitanes de ultramar para que reemplazaran transitoriamente a los prácticos. Sin embargo, la respuesta fue negativa. Los capitanes señalaron que esa tarea no corresponde a su función y que carecen de la habilitación específica necesaria.
Aunque la nueva regulación contempla la posibilidad de recurrir a personal de la Prefectura o la Armada Argentina, fuentes del sector advierten que ese personal no dispone actualmente del entrenamiento específico ni del conocimiento de zona necesario para reemplazar de manera inmediata a los prácticos. La Asociación Civil Prácticos y Pilotos confirmó que, hasta el momento, ninguna de las fuerzas habilitadas designó profesionales para ingresar buques.
Acciones judiciales y acusaciones contra asesores
La Asociación Civil Prácticos y Pilotos anunció que impulsará denuncias judiciales contra el nuevo régimen, argumentando que las modificaciones ponen en riesgo la seguridad de la navegación, la preservación del ambiente y la protección de la vida humana. El documento interno, titulado "El Ministerio de Desregulación, que súper regula", incluye acusaciones contra asesores que participaron en la elaboración de la normativa.
Específicamente, la entidad vincula a Juan Ignacio Penco, abogado especializado en derecho marítimo y exfuncionario del área de Puertos durante la gestión de Mauricio Macri, con posibles conflictos de intereses relacionados con la actividad de baqueanos y empresas de remolcadores. La Asociación también recordó una denuncia previa sobre una supuesta solicitud de dinero durante la gestión Macri para influir en la redacción de normativas.
La entidad aseguró haber recibido respaldo del Centro de Capitanes de Ultramar, capitanes fluviales, patrones, prácticos uruguayos y representantes de armadores extranjeros.
Impacto económico de la paralización para empresas y negocios argentinos
Para los dueños y administradores de empresas vinculadas al comercio exterior, la paralización portuaria representa un riesgo operativo crítico. Cada jornada sin movimiento de buques implica pérdidas millonarias para exportadores, importadores, terminales portuarias, navieras y productores.
Aunque el sector reconoce que los prácticos poseen ingresos elevados y capacidad económica para resistir sin aceptar nuevos servicios, las mismas fuentes consideran que el conflicto no podría prolongarse demasiado sin generar un fuerte impacto económico. Las empresas argentinas dependientes de la exportación e importación enfrentan incertidumbre operativa desde este lunes 5 de agosto, cuando terminen los servicios previamente contratados.
La tensión en el sistema portuario nacional se medirá en tiempo real a partir del fin de semana, con potencial para afectar cadenas de suministro, costos logísticos y competitividad internacional de los negocios locales.
