Si el Gobierno aplicara de una sola vez todos los impuestos a combustibles pendientes desde 2024, la nafta súper subiría 11,2% en el Gran Buenos Aires, alcanzando $2.318 por litro.
La administración nacional mantiene desde hace meses un esquema de postergaciones mensuales sobre los incrementos tributarios a combustibles líquidos. El Decreto 829/2026 extendió en septiembre de 2026 la estructura vigente en agosto, trasladando al 1° de octubre los ajustes acumulados correspondientes a 2024, 2025 y los dos primeros trimestres de 2026. Sin embargo, esa fecha podría modificarse nuevamente si el Ejecutivo decide una nueva prórroga, tal como sucedió en períodos anteriores.
Un análisis del Grupo de Estudios de Economistas Geres, realizado con datos de ARCA y de la Secretaría de Energía, permite proyectar el impacto en los surtidores si se trasladara íntegramente el ajuste impositivo. Los cálculos muestran que la nafta súper subiría alrededor del 11% y el gasoil grado 3, cerca del 4%.
¿Cuánto subiría la nafta súper en el Gran Buenos Aires?
El Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono suman actualmente $411,45 por litro. Con la actualización completa por Índice de Precios al Consumidor establecida por la normativa vigente, ese monto alcanzaría los $676,44. Una vez descontado el efecto de los biocombustibles, la diferencia pendiente de aplicación queda en $233,19 por litro.
Comparado con un precio de referencia de $2.085 en la región, este incremento representa un impacto del 11,2%. De aplicarse todos los aumentos impositivos acumulados, el litro de nafta súper llegaría a $2.318 en las estaciones del Gran Buenos Aires. Para los conductores, esto significaría desembolsar aproximadamente $11.600 más en cada carga de tanque completo.
¿Qué pasaría con el gasoil grado 3?
En el caso del gasoil, la diferencia entre los impuestos vigentes y los plenamente actualizados por IPC es de $110,26 por litro. Tras considerar el efecto de la mezcla con biocombustibles, el monto pendiente queda en $101,99. Sobre un precio de referencia de $2.375, ese ajuste equivale al 4,3%.
Con la aplicación completa de los impuestos pendientes, el litro de gasoil grado 3 alcanzaría $2.477. En un tanque completo, el aumento representaría aproximadamente $5.100. Es importante aclarar que estos cálculos asumen un traslado íntegro del impacto tributario al precio de venta; las empresas distribuidoras podrían optar por absorber parcialmente los aumentos, decisión que solo se conocerá cuando se concrete el cronograma de ajuste.
Cómo cambiaría Argentina en el ranking regional de precios
Un aumento de combustibles de esa magnitud también modificaría la posición de Argentina en el ranking de precios de América Latina. Con un litro de nafta súper en $2.318, el valor en dólares estadounidenses alcanzaría aproximadamente US$ 1,50, considerando la cotización actual del Banco Nación.
Ese nivel implicaría un retroceso en el ranking regional. Según los datos más recientes de Global Petrol Prices, Argentina figuraba en el puesto 17 sobre 30 economías, con un litro promedio de US$ 1,412. Con el ajuste completo, el país quedaría prácticamente equiparado con Chile, que ocupa el puesto 19 con un litro a US$ 1,522, una diferencia de apenas dos centavos de dólar.
Este movimiento revertiría la mejora que había registrado Argentina en el relevamiento más reciente, cuando pasó del puesto 18 al 17. Con el ajuste impositivo pleno, esa ganancia se perdería y Argentina volvería a acercarse al grupo de países con los valores más altos de la región, encabezado por Uruguay con US$ 2,204 por litro, seguido por Cuba con US$ 2,00 y Barbados con US$ 1,994.
Impacto para empresas y administradores de negocios argentinos
Para los dueños y administradores de empresas, un aumento de esta envergadura en los combustibles genera múltiples efectos en cascada. Las compañías que dependen de logística y transporte enfrentarían una suba significativa en costos operativos, presionando márgenes y obligando a decisiones sobre traslado de precios a clientes finales. Las pymes de distribución y transporte de carga verían comprometida su rentabilidad, especialmente aquellas con márgenes ajustados o compromisos de precio fijo con clientes.
Además, la incertidumbre sobre el cronograma de implementación dificulta la planificación financiera. Mientras el Gobierno posterga mes a mes los ajustes, las empresas no pueden anticipar con precisión sus costos futuros ni calibrar estrategias de precios. Una aplicación de golpe de todos los impuestos acumulados generaría un shock que podría impactar la demanda de servicios y productos, con consecuencias sobre empleo y actividad económica regional.
