La mora en entidades no bancarias alcanzó el 33% en junio de 2026, casi el triple del 7,6% registrado por los bancos en el mismo período, generando una disputa regulatoria sobre cómo se miden y reportan los indicadores de irregularidad en el sistema financiero argentino.
¿Por qué los bancos reclaman desagregar el indicador de mora?
Los bancos privados argumentan que el indicador sistémico de irregularidad que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA) —que cerró 2025 en 5,5% y trepó al 7% en los primeros meses de 2026— no refleja la situación real de las entidades tradicionales. La metodología consolida en un solo número la mora de bancos, billeteras virtuales, financieras y retailers que otorgan microcréditos a tasas que pueden superar el 150% anual.
El fenómeno que los banqueros denominan "efecto de arrastre" funciona así: un cliente con buen historial de pagos en su banco accede a un crédito en una fintech a tasas insostenibles. Cuando entra en mora con la billetera virtual, el indicador sistémico sube. Si la presión financiera se intensifica, termina incumpliendo también con el banco. Esa contaminación de datos penaliza la reputación de las entidades bancarias ante los mercados internacionales.
Según fuentes del sector, la mora "propia" de los bancos más grandes se ubica entre el 4% y el 6%, muy por debajo del 12,7% que reportan informes privados como indicador de irregularidad para el crédito a hogares en junio de 2026. Esa brecha, que en algunos casos llega al 60% del número total, no puede desglosarse en los balances de las entidades porque la SEC —regulador bursátil estadounidense— no lo permite en el cuerpo del balance si un organismo regulador local argentino no lo exige.
La propuesta de separar datos bancarios y no bancarios
Desde el sector bancario se transmitió al BCRA la necesidad de separar el indicador de mora bancaria del correspondiente a entidades no bancarias. La propuesta no busca ocultar información, sino desagregar el dato para reflejar con precisión el desempeño de cada tipo de actor. Según trascendió, el regulador comenzó a analizar la cuestión con atención. Una alternativa en estudio es que cada banco pueda reportar su propio indicador de irregularidad de forma diferenciada dentro de los estados contables, algo que hoy la normativa no habilita.
El problema de fondo excede la disputa metodológica. Las billeteras virtuales y las financieras no bancarias operan bajo un esquema regulatorio menos exigente que el de los bancos en materia de transparencia sobre el costo financiero total. La tasa efectiva anual (TEA) no se aplica con igual rigurosidad en una financiera pequeña que en una entidad bancaria de primer nivel, lo que habilita la proliferación de microcréditos con tasas de entre 150% y 200% anual.
Primeros signos de estabilización en la cartera bancaria
Tras diecinueve aumentos mensuales consecutivos, el indicador de irregularidad del crédito a las familias dejó de crecer en junio de 2026. Según datos de la Central de Deudores (Cendeu) del BCRA procesados por la consultora 1816, la mora total retrocedió del 7,7% al 7,6%, mientras que la correspondiente a hogares bajó del 12,8% —el nivel más alto en más de dos décadas, registrado en mayo— al 12,7%. Dentro de ese agregado, los préstamos personales exhibieron una irregularidad del 15,9%, las tarjetas de crédito del 13,1% y los prendarios del 7,7%; los hipotecarios se mantuvieron en el 1,6%.
Los bancos que adoptaron criterios más estrictos de originación de crédito desde mediados de 2025 empiezan a ver resultados. En el segmento de individuos, la mora se estabilizó y muestra una tendencia a la baja: las nuevas carteras, generadas con criterios más selectivos, tienen un comportamiento sensiblemente mejor que las anteriores. Esa mejora no responde a una recuperación espontánea del poder de pago, sino a un filtro más estricto en la originación: alrededor de 6 millones de personas quedaron excluidas del crédito nuevo por registrar impagos.
Refinanciación versus amnistía: la apuesta del sector bancario
La posición que prevalece en la banca privada descarta una solución de tipo amnistía. El argumento es que cualquier señal en esa dirección desincentivaría el pago y reproduciría la dinámica observada durante la pandemia de COVID-19, cuando la suspensión de obligaciones derivó en una caída generalizada del cumplimiento. La alternativa impulsada es la refinanciación con extensión de plazos y períodos de gracia, combinada con mecanismos que eviten que un deudor pueda trasladar su sueldo a otra entidad sin arrastrar el débito de la cuota. La reforma laboral aprobada recientemente habilitó el código de descuento en el sector privado, lo que abre la puerta a ese tipo de esquema, aunque su implementación operativa todavía está en proceso de definición.
Impacto para empresas y administradores: por qué este debate importa a tu negocio
Como administrador o dueño de empresa, esta disputa sobre indicadores de mora tiene consecuencias directas en tu acceso al crédito. Si los bancos logran separar su mora real de la de las fintechs, podrían mejorar su reputación crediticia ante inversores internacionales, lo que potencialmente ampliaría la oferta de financiamiento para pymes y empresas. Sin embargo, la variable que los bancos señalan como condición necesaria para una baja sostenida de la mora es el salario real. Sin recuperación del poder adquisitivo, las herramientas de refinanciación son paliativas, no estructurales. El consenso de economistas proyectaba para 2026 un crecimiento del PBI de alrededor del 2,5%, con algunos analistas revisando esa cifra a la baja. En ese contexto, la política de priorizar el ancla cambiaria y la desinflación mantiene una presión contractiva sobre el consumo y el crédito que presiona los márgenes operativos de cualquier negocio.
