El Gobierno proyectó en el Presupuesto 2027 que la inflación cerrará 2026 en 29%, pero alcanzar esa cifra representa un desafío significativo para los próximos cuatro meses. Según los cálculos de consultoras privadas, el promedio mensual deberá ubicarse en 1,6% entre septiembre y diciembre para cumplir con la meta establecida.
¿Cuál es el promedio de inflación necesario hasta fin de año?
Para que la inflación acumulada cierre en 29% en diciembre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor debe promediar 1,6% mensual durante los cuatro meses finales del año. Este umbral es exigente considerando la evolución reciente de precios. En agosto, el IPC se ubicó en 1,7%, marcando el dato más bajo en 14 meses, lo que generó expectativas de desaceleración sostenida.
Sin embargo, durante la tercera semana de septiembre de 2026, las mediciones privadas detectaron aceleración en alimentos y bebidas, alejando las proyecciones de la meta gubernamental. Las consultoras Analytica, LCG y EconViews coincidieron en señalar que el índice general de septiembre podría ubicarse entre 1,8% y 2%, por encima del 1,6% requerido.
Aceleración de precios en alimentos: el principal riesgo
La división de alimentos y bebidas mostró presiones inflacionarias significativas en septiembre de 2026. Analytica registró una variación semanal de 0,7% en alimentos durante la tercera semana, y en el promedio de las últimas cuatro semanas, la suba alcanzó 2,7%. Dentro de este rubro, las verduras encabezaron los aumentos con 12,6% en cuatro semanas, seguidas por frutas con 4,3%.
LCG también confirmó la aceleración: registró un incremento de 0,6% en alimentos y bebidas durante la tercera semana de septiembre, acumulando aumentos por segunda semana consecutiva. En el promedio de cuatro semanas, calculó inflación de alimentos de 1,8%, una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto a la medición anterior. Las carnes explicaron la mitad de la suba semanal, con un avance de 1,1%, mientras que las verduras subieron 2,3% y las bebidas 0,8%.
EconViews proyectó que el índice general de septiembre se ubicaría en 1,8%, lo que implicaría aceleración respecto al 1,7% de agosto. El economista Alejandro Giacoia de esa consultora destacó que la suba se explica principalmente por carnes y derivados, donde se registraron los aumentos más fuertes.
¿Qué dicen las proyecciones oficiales y del Banco Central?
El secretario de Finanzas, Federico Furiase, expresó una perspectiva más optimista que la de los analistas privados. Afirmó que la inflación puede perforar el rango de entre 1% y 1,5% mensual durante los próximos meses o en 2027, y sostuvo que el indicador ya rompió el nivel de 2% mensual, moviéndose en una franja de entre 1,5% y 2%. "Yo soy bastante más optimista, el año que viene y en los próximos meses podemos romper el piso", afirmó en declaraciones públicas.
Sin embargo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central marcó una posición intermedia. La mediana de respuestas indicó que la inflación en septiembre se ubicaría en 1,8% y se movería en torno a ese valor hasta febrero de 2027. Solo en noviembre se registraría el 1,6% que el Gobierno necesita para alcanzar la meta anual de 29%.
Impacto en las empresas y administradores de negocios argentinos
Para los dueños y administradores de empresas, estos números tienen implicancias directas en la planificación financiera y de precios. Si la inflación se ubica por encima del 1,6% promedio requerido, el cierre anual superaría el 29%, lo que significa mayor presión en costos operativos, especialmente en sectores dependientes de alimentos y materias primas. Las empresas que no hayan ajustado márgenes en función de la meta original verán comprimida su rentabilidad.
Además, una inflación acumulada superior a lo presupuestado afecta la competitividad de precios, el poder de compra de los clientes y la viabilidad de créditos fijados en términos reales. Para quienes tienen deudas en pesos, una inflación más alta erosiona el valor de las obligaciones, pero para acreedores implica menor recupero real. La brecha entre las proyecciones oficiales y las privadas también genera incertidumbre regulatoria, complicando la toma de decisiones sobre inversión y financiamiento a largo plazo.
