En agosto de 2026, al menos veintitrés estados estadounidenses mantienen prohibiciones sobre apuestas electorales, pero la aplicación de estas normas a plataformas como Polymarket y Kalshi genera una disputa sin precedentes entre autoridades estatales y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
¿Qué estados prohíben las apuestas electorales y cuáles son las sanciones?
La prohibición de apuestas en elecciones no es nueva en Estados Unidos. Wisconsin cuenta con una ley que data de más de 175 años atrás, y en 2026 su comisión electoral recordó públicamente que participar en contratos de eventos electorales conlleva consecuencias severas: la pérdida del derecho al voto. Nueva York implementa la misma sanción, lo que representa una penalidad política directa para quienes infrinjan la norma.
En otros estados, las consecuencias varían. Mientras que algunos aplican multas o penas de cárcel a los infractores, Colorado ha sido explícito al incluir los mercados de predicción en su prohibición estatal. Maryland, por su parte, ha avanzado hacia mayor claridad: en marzo de 2026, la Junta Estatal de Elecciones emitió un memorando advirtiendo sobre riesgos legales, y en julio el administrador de elecciones Jared DeMarinis solicitó formalmente a la fiscalía general que investigara si las ofertas de estos mercados violan la normativa estatal.
Nevada y Arizona han tomado medidas más contundentes. Polymarket y Kalshi han cesado operaciones en Nevada por órdenes judiciales, mientras que en Michigan, Kalshi enfrenta un cierre operativo total. Estos bloqueos muestran cómo los tribunales estatales pueden imponer límites concretos, aunque las plataformas apelan a la jurisdicción federal exclusiva.
¿Quién tiene autoridad: los estados o la CFTC?
El conflicto central radica en la jurisdicción regulatoria. La CFTC sostiene que todos los contratos de eventos, incluidos los electorales, son swaps y, por tanto, caen bajo su autoridad federal exclusiva. Esta posición invalidaría las leyes estatales que buscan prohibir estas operaciones. Los estados, en cambio, ven estos instrumentos como juego de azar, una actividad que históricamente han regulado dentro de sus límites territoriales.
En 2024, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que las plataformas pueden incluir ofertas electorales, anulando una intervención de la CFTC. Sin embargo, ese fallo no se pronunció sobre si las leyes estatales de apuestas aplican a estos mercados, sino que se centró únicamente en la autoridad de la comisión para rechazar los contratos. La cuestión de la primacía legal permanece sin resolver definitivamente.
David Oliwenstein, socio del bufete Pillsbury, ha señalado que el argumento de los estados podría ser "más fuerte desde una perspectiva de primacía federal" debido a su rol constitucional claramente definido en la gestión electoral. Kalshi, por su parte, ha afirmado que "los mercados de predicción regulados están sujetos a la jurisdicción federal exclusiva", mientras que Polymarket insiste en que "se rigen por la ley federal, no por un mosaico de reglas estatales".
El argumento constitucional: poder de los estados sobre elecciones
Los expertos legales advierten que los estados tienen una base constitucional sólida. La Constitución estadounidense les otorga explícitamente el poder de gestionar sus procesos electorales, lo que podría permitirles regular cualquier operación que involucre dinero en elecciones, incluyendo contratos de eventos en mercados de predicción.
Joshua Mitts, profesor de la Facultad de Derecho de Columbia, ha observado que incluso en contiendas nacionales hay "consecuencias colaterales" cuando individuos apuestan por resultados a nivel de distrito o estatal. Nueva York no solo argumenta que los contratos deportivos violan las leyes de juego, sino que también hace referencia explícita a contratos electorales en su demanda contra Kalshi. La fiscalía de Nueva York cree tener el poder de regular todo el juego en cualquier forma dentro de su jurisdicción.
Sin embargo, los estados deberían convencer a los tribunales de que su interés constitucional prevalece sobre la regulación federal de swaps. La CFTC podría sostener que el Congreso le otorgó autoridad exclusiva sobre estos instrumentos, sin importar el tema subyacente. Una decisión de la Corte Suprema podría ser necesaria para resolver esta tensión legal sin precedentes.
Disparidad regulatoria y vacío legal en 2026
La falta de uniformidad crea incertidumbre operativa significativa. Un usuario en Wisconsin podría perder su derecho al voto por participar en un mercado de predicción, mientras que en Colorado enfrentaría un delito menor, y en Tennessee la situación permanece "muy disputada" según las autoridades locales. Esta disparidad es precisamente lo que la CFTC busca evitar, argumentando que un mercado nacional requiere reglas federales consistentes.
Arizona se ha abstenido de comentar debido a un litigio activo con las plataformas. Nueva York no ha emitido una interpretación oficial sobre si su estatuto se aplica a contratos de eventos, aunque su demanda sugiere una posición restrictiva. Maryland, por su parte, está en "etapas iniciales" de investigación y busca acción legislativa si la ley actual no es suficiente para regular estos mercados.
El Congreso no ha mostrado intención de resolver el conflicto, y la CFTC no ha emitido nuevas reglas sobre contratos electorales desde el fallo de 2024. Este vacío legal deja que los estados llenen el espacio con sus propias interpretaciones, generando un mosaico regulatorio que complica la operación de plataformas nacionales.
Impacto para empresas y administradores de negocios en Argentina
Aunque la disputa ocurre en Estados Unidos, tiene implicaciones indirectas para empresas argentinas con operaciones o inversiones en el mercado norteamericano. Las plataformas de predicción y tecnología financiera que buscan expandirse internacionalmente enfrentan el riesgo de fragmentación regulatoria: lo que es legal en una jurisdicción puede ser prohibido en otra.
Para administradores de empresas argentinas con activos en dólares o exposición a mercados estadounidenses, la incertidumbre sobre estos mercados afecta la previsibilidad del entorno regulatorio global. Además, si las restricciones se endurecen en EE.UU., las plataformas podrían buscar expandirse en mercados emergentes como Argentina, donde la regulación de estos instrumentos aún no está completamente definida.
Los dueños de empresas fintech o que operan en el sector de predicción y trading deben monitorear este conflicto legal, ya que podría anticipar tendencias regulatorias globales. Una victoria de los estados estadounidenses podría fortalecer argumentos para regulaciones más restrictivas en Argentina, mientras que una victoria federal podría validar modelos de regulación más permisivos a nivel internacional.
