El Senado argentino enfrenta demoras en la aprobación del proyecto de mercado de carbono debido a desacuerdos con legisladores misioneros sobre la articulación entre regulación nacional y esquemas provinciales ya existentes.
¿Cuál es el estado actual del proyecto en el Senado?
La iniciativa cuenta con dictamen de las comisiones de Legislación General, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Presupuesto y Hacienda, pero no fue incorporada al temario de sesión la semana pasada. Según fuentes del oficialismo, la decisión respondió a la falta de consenso con los legisladores de Misiones, que mantienen diferencias sustanciales con el texto. Desde el Ejecutivo señalaron que la intención es continuar negociando para llevar el proyecto a una próxima sesión parlamentaria.
Existen tres proyectos sobre la materia: uno de la senadora Flavia Royón (Salta), otro de Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (Misiones), y una tercera iniciativa del exgobernador chaqueño Jorge Capitanich. El proyecto misionero fue incorporado al dictamen unificado, aunque Rojas Decut lo firmó en disidencia parcial, lo que refleja las tensiones que hoy frenan el avance legislativo.
Qué busca regular la ley de mercado de carbono
El objetivo central es crear un marco regulatorio para los mercados voluntarios de carbono que establezca reglas comunes para proyectos que generan créditos a partir de la reducción, captura o remoción de gases de efecto invernadero. Un crédito de carbono representa una cantidad específica de emisiones reducidas o capturadas que luego pueden ser comercializados por empresas u organizaciones que buscan compensar su huella de carbono.
La discusión legislativa apunta a darle trazabilidad y seguridad jurídica a ese mercado. El dictamen contempla la creación del Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), donde deberán inscribirse los proyectos que pretendan emitir, comercializar o retirar créditos de carbono en la Argentina.
También establece un sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para que las reducciones de emisiones declaradas puedan ser comprobadas mediante procedimientos técnicos auditables. Los créditos deberán contar con procesos de validación y verificación realizados por entidades habilitadas, incluyendo el uso de sensores remotos, satélites, drones, sistemas LiDAR y dispositivos IoT. La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes será la autoridad de aplicación.
¿Cuál es el punto de conflicto con Misiones?
El principal reclamo de los legisladores misioneros está vinculado al reconocimiento de los programas jurisdiccionales que ya funcionan en las provincias. Misiones cuenta con un programa REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques) que genera y certifica créditos de carbono desde hace años.
El planteo misionero es que la futura legislación nacional no termine dejando afuera los mecanismos que la provincia ya desarrolló. La discusión, entonces, no es solo si habrá regulación nacional, sino cómo se articula esa regulación con las competencias provinciales y los mercados de carbono que algunas jurisdicciones ya implementaron. Este desacuerdo sobre federalismo ambiental es lo que mantiene el proyecto estancado en el Senado.
Incentivos fiscales y oportunidad económica del proyecto
El dictamen incorpora beneficios para promover el desarrollo inicial del mercado. Establece una exención del Impuesto a las Ganancias durante cinco años para ingresos derivados de la primera venta de créditos de carbono (excepto proyectos alcanzados por el RIGI), amortización acelerada para inversiones en tecnologías de monitoreo, y estabilidad fiscal durante 15 años para proyectos registrados en el ReNaRe.
Los impulsores de la iniciativa sostienen que reglas nacionales facilitarían inversiones. El Consejo Agroindustrial Argentino estimó que un marco regulatorio podría permitirle al país captar entre US$ 1.400 millones y US$ 3.900 millones por año, además de atraer inversiones por más de US$ 2.000 millones en el mediano plazo. La Sociedad Rural Argentina señaló que el mercado podría representar una oportunidad de aproximadamente US$ 4.800 millones anuales.
Impacto para empresas y administradores: por qué importa este proyecto
Para dueños y administradores de empresas argentinas, la aprobación de esta ley representa una oportunidad concreta de diversificar ingresos y acceder a mercados internacionales de carbono. Las pymes y grandes empresas con tierras forestales, proyectos agropecuarios o energéticos podrían generar créditos certificados y comercializables, transformando activos ambientales en flujo de caja.
Sin embargo, el retraso legislativo genera incertidumbre regulatoria. Mientras el proyecto se demora en el Senado, empresas que operan en provincias con marcos propios (como Misiones) enfrentan dudas sobre si sus créditos serán reconocidos bajo la futura normativa nacional. Para que la iniciativa sea realmente atractiva para inversión privada, es crítico que resuelva el conflicto federalista: un marco que reconozca los programas provinciales existentes mientras establece estándares nacionales uniformes. De lo contrario, el mercado de carbono argentino seguirá fragmentado y con menor potencial de atracción de capital internacional.
