El Ministerio de Desregulación presentó un ambicioso paquete de reformas con 349 artículos que busca aumentar la competencia en sectores clave de la economía argentina, desde inmobiliarias hasta medicamentos y alimentos.
¿Cuáles son los cambios en el sector inmobiliario?
Las reformas eliminan barreras significativas para ejercer como corredor inmobiliario. A partir de la aprobación del proyecto, cualquier mayor de edad con título secundario podrá intermediar propiedades sin necesidad de matriculación profesional ni requisitos adicionales como acreditar residencia de dos años o poseer formación universitaria.
El nuevo marco permite que los corredores operen a través de plataformas digitales y se organicen bajo cualquier figura jurídica. Asimismo, desaparece la obligación de informar el valor de mercado de los inmuebles y de mantener registros cronológicos ante el Registro Público de Comercio. El objetivo declarado es reducir costos de transacción y facilitar el acceso a la intermediación en un mercado que históricamente estuvo regulado.
Ley del Libro: eliminación del precio único
Una de las reformas más controvertidas deroga artículos de la Ley del Libro que obligaban a mantener precios uniformes para el mismo título en cualquier punto de venta. La desregulación busca permitir que librerías y distribuidores fijen libremente sus márgenes comerciales.
Sin embargo, el Consejo de Administración de Fundación El Libro se opone al proyecto. Argumenta que la medida amenaza la supervivencia de librerías independientes y favorece la concentración del mercado en grandes cadenas, en lugar de generar mayor competencia. Además, deroga la obligación de que las traducciones sean realizadas por traductores públicos, abriendo la puerta a traducciones hechas en el exterior e incluso con Inteligencia Artificial.
¿Qué cambia en farmacias y medicamentos?
El proyecto permite que medicamentos bajo receta se vendan en farmacias habilitadas mediante canales digitales con envío a domicilio, además de la venta presencial. Los medicamentos de venta libre podrán distribuirse en locales autorizados salvo que el Ministerio de Salud encuentre razones sanitarias para impedirlo.
Se eliminan restricciones horarias para farmacias y se flexibilizan requisitos societarios. Aunque estas medidas buscan aumentar la accesibilidad, especialistas advierten que podrían afectar a farmacias de barrio, que dependen parcialmente de ingresos por venta de medicamentos libres y tienen menor capacidad para competir con grandes cadenas en márgenes comerciales.
Garrafas de gas: fin de regulación de precios
El proyecto prohíbe cualquier regulación sobre precios, cantidades, márgenes de rentabilidad o condiciones comerciales de garrafas de gas. La reforma deroga la Ley 26.020, que creaba un fondo fiduciario para atender a sectores de bajos recursos y establecía normas para fraccionadores, transportistas y distribuidores.
Esta decisión genera preocupación sobre el acceso a la garrafa social para hogares de menores ingresos, que podrían enfrentar aumentos de precios. La autoridad de aplicación mantendrá control técnico y podrá aplicar sanciones por incumplimiento de normas de seguridad, pero sin intervenir en la fijación de valores.
Vino y otras reformas sectoriales
En el sector vitivinícola, la reforma flexibiliza prácticas enológicas y centra la fiscalización en la etapa final de producción. Además, ordena el cierre y liquidación en un mes de la Coviar, organismo público-privado que articulaba el cumplimiento del plan vitivinícola. El proyecto también apunta a reformas en la cadena de la carne, incluyendo cambios en el IPCVA.
Respecto del impuesto a las Ganancias, deroga la exención sobre utilidades de cooperativas y la reemplaza con exención sobre distribución de intereses accionarios, fijando nuevos límites para ese pago.
Delegación de poderes: seis meses de emergencia administrativa
El proyecto declara la emergencia pública en materia administrativa y de competencia por seis meses, otorgando al Ejecutivo amplias facultades para eficientizar mercados. El Gobierno podrá eliminar o modificar normas que impongan barreras de entrada, reservas, exclusividades, requisitos de antigüedad, nacionalidad o residencia, límites de producción, regímenes de licencias, obligaciones de certificación que dupliquen estándares internacionales, y restricciones a la libre circulación de bienes y servicios.
Esta delegación busca promover la libre iniciativa privada, expandir la producción y oferta, y proveer seguridad jurídica para inversiones. Sin embargo, concentra poder discrecional en el Ejecutivo sin requerimiento de aprobación legislativa para cada medida específica.
Impacto para empresas y administradores de negocios en Argentina
Para dueños y administradores de empresas, este megaproyecto presenta oportunidades y riesgos simultáneos. Las desregulaciones en inmobiliarias, medicamentos y alimentos abren nuevos canales de distribución y reducen costos de entrada a mercados históricamente protegidos. Empresas con capacidad de operar en plataformas digitales o con márgenes competitivos podrán expandirse.
Sin embargo, la eliminación de protecciones a pequeños comercios —librerías independientes, farmacias de barrio, distribuidores locales de gas— genera presión competitiva sobre negocios tradicionales. Administradores deben evaluar si sus modelos pueden adaptarse a competencia sin regulación de precios o si requieren reconversión operativa. Además, la delegación de poderes al Ejecutivo introduce incertidumbre regulatoria, ya que nuevas normas pueden cambiar sin debate legislativo durante los seis meses de emergencia.
El proyecto ingresará al Congreso en cuanto se rehabiliten las sesiones, marcando un punto de inflexión en la estructura competitiva de múltiples sectores de la economía argentina.
