El Gobierno impulsa por tercera vez la derogación de la Ley 25.542, que desde 2001 establece el precio único de venta al público para libros. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defiende la medida como esencial para abaratar los libros, mientras el sector editorial rechaza el proyecto.
¿Por qué el Gobierno quiere eliminar el precio único de los libros?
Sturzenegger argumenta que la normativa vigente desde 2001 funciona como un mecanismo que impide vender libros con descuentos y restringe la competencia. Según el funcionario, la derogación permitiría a las librerías independientes competir con precios más accesibles frente a plataformas digitales como Kindle, Audible y sitios de e-commerce que ya operan sin limitaciones de precio.
En sus mensajes públicos durante julio de 2026, Sturzenegger calificó la ley actual como "un pecado capital" que encarece los libros e impide que lleguen a más lectores. Cuestionó cómo se puede defender la cultura con libros inaccesibles y sostuvo que la crueldad real está en emitir leyes que perjudican al consumidor.
Qué establece la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera
La norma obliga a editores e importadores a fijar un precio uniforme de venta al público para cada título, que debe respetarse en todo el territorio y en todos los canales de venta: librerías de barrio, grandes cadenas, supermercados y plataformas online.
La ley incluye excepciones puntuales: descuentos en ferias y exposiciones, y precios especiales para bibliotecas, escuelas e instituciones sin fines de lucro. El sector editorial defiende estas flexibilidades como un diseño inteligente que amplía el acceso a la lectura donde el descuento suma lectores, manteniendo precios estables donde la competencia por precio concentraría ventas.
Nació en noviembre de 2001, semanas antes de la crisis económica, como respuesta directa a que una cadena de supermercados había comenzado a vender títulos de mayor rotación con descuentos que ninguna librería independiente podía igualar.
El tercer intento de derogación en tres años
Esta es la tercera vez que el Gobierno intenta eliminar la ley. La derogación fue incluida en el DNU 70/23 y en la primera versión de la Ley Bases, pero en ambos casos no prosperó. El nuevo proyecto forma parte de un borrador de 144 páginas que modifica normas de sectores diversos: inmobiliario, medicamentos, garrafas, navegación y agro.
El artículo 15 del proyecto deroga la Ley 25.542, mientras que el artículo 14 reforma la Ley 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura, eliminando artículos vinculados al Fondo Nacional que sostiene programas públicos de lectura.
El rechazo unánime del sector editorial y librero
La Cámara Argentina del Libro (CAL), que representa unas 500 editoriales pequeñas y medianas, junto a otras veinte entidades —incluyendo la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI)— circuló una carta abierta rechazando la iniciativa. Sostienen que ninguno de los actores relevantes de la cadena del libro pidió esta derogación: ni autores, ni editores, ni distribuidores, ni libreros, ni promotores de lectura.
El sector también advierte que la experiencia internacional contradice las promesas del Gobierno: en países donde se derogaron leyes de precio uniforme, los libros terminaron subiendo, no bajando, en el mediano plazo. El presidente de la CAL, Juan Manuel Pampín, remarcó que la Cámara no fue convocada por el Gobierno para discutir el proyecto, ni en este intento ni en el de 2023.
El cruce público entre Sturzenegger y el periodismo
El debate se encendió cuando el periodista Luis Novaresio calificó la derogación como "crueldad" y "modo sofisticado de la maldad", advirtiendo que podría desaparecer librerías y editoriales independientes de cada barrio.
Sturzenegger respondió con un hilo extenso en redes sociales acusando a Novaresio de no haber leído la norma. El ministro ilustró su argumento con un caso concreto: un librero intentó vender la colección de Las Crónicas de Narnia a $40.000 en la Feria del Libro de 2026 y debió subir el precio a $99.000 para cumplir con la ley.
Enmarcó el debate como una diferencia "profundamente cultural" entre quienes defienden negocios protegidos por regulaciones y quienes priorizan al individuo y el acceso a bienes más baratos.
Impacto para empresas editoriales y librerías argentinas
Para dueños y administradores de editoriales y librerías independientes, la derogación de la Ley 25.542 representa un riesgo estratégico significativo. Si se elimina el precio uniforme, las grandes cadenas y plataformas digitales podrían competir agresivamente con descuentos sostenidos, presionando márgenes en pequeños negocios que no tienen el volumen para absorber reducciones de precio.
La experiencia internacional sugiere que la liberalización de precios no necesariamente abarata el producto final: en cambio, puede concentrar ventas en actores con mayor poder de compra, reduciendo la viabilidad de librerías de barrio y editoriales medianas. Para empresas del sector, el debate actual es crítico: si prospera el proyecto, deberán reposicionarse en un mercado más competitivo donde el precio deja de ser una variable fija y se convierte en un factor de supervivencia comercial.
