Patricia Bullrich convocó una reunión con Federico Sturzenegger y María Ibarzábal Murphy para resolver el conflicto en torno al artículo 25 de la Ley de Propiedad Privada, que regula la venta de tierras a extranjeros y ya acumula cuatro postergaciones en el Senado.
¿Cuál es el punto más conflictivo de la Ley de Tierras?
El artículo 25 del proyecto es donde se concentra la mayor tensión en las negociaciones parlamentarias. Según fuentes del oficialismo, de las 15 versiones que ha tenido el proyecto hasta hoy, todas las modificaciones se han enfocado en este único artículo, lo que refleja la complejidad de llegar a un consenso. La reunión que se concretaría esta semana busca acercar posiciones entre el equipo de Sturzenegger, que impulsa la desregulación total, y los aliados que solicitan restricciones adicionales.
Qué propone el Gobierno para la regulación de tierras
El proyecto que impulsa la administración busca eliminar por completo los topes porcentuales y geográficos vigentes desde 2011, cuando se sancionó la Ley 26.737. La normativa actual prohíbe que personas físicas o empresas extranjeras posean más del 15% del total de los campos del país a nivel nacional, provincial y municipal, además de establecer un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo pampeana y prohibir adquisiciones en zonas de frontera.
El Gobierno propone mantener restricciones únicamente para Estados extranjeros o corporaciones controladas directamente por gobiernos de otros países, equiparando legalmente a inversores locales y extranjeros. Sturzenegger argumenta que esta medida funcionaría como motor de empleo y retendría talento argentino en el país.
Por qué la negociación se complica en agosto de 2026
Los aliados parlamentarios plantean alternativas que el Gobierno rechaza. La propuesta de que cada provincia aplique su propio régimen no pasó el filtro de la Casa Rosada. Algunos legisladores también sugirieron que la venta de tierras requiera aprobación del Congreso o las legislaturas provinciales; finalmente, el Gobierno cedió a que los gobernadores tengan jurisdicción. La falta de margen para un punto medio mantiene el conflicto abierto, con nueva sesión prevista para el 6 de agosto.
Otros proyectos de desregulación en paralelo
Más allá de la Ley de Tierras, Sturzenegger impulsa simultáneamente la Ley Hojarasca y un tercer proyecto que circuló durante el fin de semana. Este último incluye reformas al régimen de corretaje inmobiliario (eliminando matrícula obligatoria y requisito de título universitario), cambios en regulación de gas licuado de petróleo, comercialización digital de medicamentos de venta libre en establecimientos ajenos a farmacias, y derogaciones de leyes sobre precio de libros y doblaje obligatorio de producciones extranjeras.
En materia agropecuaria, el borrador propone eliminar la ley de arrendamientos rurales y liquidar la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). También abre el transporte de cabotaje a buques de bandera extranjera y reforma regímenes de prenda y warrants para incluir activos virtuales como criptomonedas.
Impacto para empresas y administradores de negocios argentinos
La aprobación o rechazo de estas medidas afectará directamente a pymes y medianas empresas. Si prospera la desregulación total de tierras, los productores locales enfrentarían competencia sin restricciones de inversores extranjeros con mayor capital, alterando dinámicas de acceso al suelo rural. La apertura del corretaje inmobiliario reduciría costos de transacción pero también barreras de entrada, impactando en márgenes de profesionales del sector. La comercialización digital de medicamentos y cambios en regulación de precios de libros y GLP modificarían estructuras de costos en múltiples cadenas de valor. Para administradores de empresas, estos cambios representan tanto oportunidades de expansión como riesgos de competencia inesperada, dependiendo del sector y tamaño de operación.
