Las 24 jurisdicciones argentinas destinarán durante 2026 un total de $1,84 billones al funcionamiento de sus legislaturas provinciales, según un informe de la Fundación Libertad basado en los presupuestos provinciales aprobados. Esto representa un costo promedio de $1.531 millones por legislador anual, equivalente a $128 millones mensuales por banca.
¿Cuál es el gasto más alto por legislador en el país?
Tucumán encabeza el ranking con el mayor costo por representante: $3.725 millones anuales. Le siguen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con $3.402 millones y Chaco con $3.057 millones. En el extremo opuesto, San Luis registra apenas $176 millones por legislador, mientras que Santiago del Estero alcanza $206 millones, evidenciando disparidades significativas entre jurisdicciones.
La Provincia de Buenos Aires, con 138 legisladores —la cantidad más elevada del país—, presupuesta $379.004 millones para su Poder Legislativo durante 2026, lo que implica un costo anual de $2.746 millones por cada diputado y senador bonaerense, ubicándose en el quinto lugar del ranking nacional.
Diferencias desproporcionadas entre provincias similares
Las variaciones en el gasto legislativo no siempre guardan relación con la cantidad de representantes. Un legislador tucumano cuesta seis veces más que uno jujeño, a pesar de que ambas provincias poseen cámaras de tamaño comparable. Asimismo, un legislador chaqueño cuesta casi quince veces más que uno santiagueño, y el presupuesto por representante en Santa Fe triplica y media al de Córdoba.
En términos de proporción del presupuesto provincial total, el gasto legislativo representa el 1,15% en promedio. No obstante, algunas jurisdicciones destinan porcentajes considerablemente superiores: Tucumán asigna el 3,66%, Catamarca el 2,64% y Chaco el 2,22% de sus presupuestos respectivos al Poder Legislativo.
Comparación con otras áreas de gasto público
El informe pone en perspectiva estas cifras contrastándolas con otras partidas presupuestarias provinciales. En Tucumán, el presupuesto legislativo equivale al 43% del gasto de capital previsto para 2026. En la Ciudad de Buenos Aires representa una quinta parte del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
En Santa Fe, el presupuesto legislativo supera en un 45% los recursos destinados al Ministerio de Trabajo. En Buenos Aires, el gasto legislativo es más de cinco veces superior al del Ministerio de Economía provincial y nueve veces mayor que el asignado al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.
Composición del gasto: personal y empleados
El 84% de los recursos de las legislaturas provinciales se destina al pago de personal, incluyendo legisladores, asesores, secretarios y empleados permanentes y transitorios. El promedio nacional de empleados por legislador es de 27 trabajadores por banca, aunque con variaciones significativas entre provincias.
Corrientes lidera con 72 empleados por legislador, seguida por Chaco con 70 y Formosa con 62. En el extremo opuesto, San Luis cuenta con apenas dos empleados por legislador, Santiago del Estero con cinco y Córdoba con ocho. Estas diferencias reflejan estructuras administrativas heterogéneas entre las jurisdicciones.
Impacto para empresas y administradores: qué significa este gasto para la economía provincial
Para los dueños y administradores de empresas argentinas, comprender la estructura de gasto público provincial es fundamental. Cuando las legislaturas absorben porcentajes desproporcionados de los presupuestos provinciales —como en Tucumán, Catamarca y Chaco—, se reduce la disponibilidad de recursos para infraestructura, educación y promoción de inversiones, áreas que impactan directamente en la competitividad y el costo de hacer negocios en esas jurisdicciones.
Durante 2026, la presión fiscal provincial tiende a trasladarse a las empresas cuando los gobiernos locales priorizan gastos administrativos sobre inversión productiva. Monitorear estos indicadores permite a los empresarios anticipar presiones tributarias futuras y evaluar la eficiencia administrativa de las provincias donde operan. La disparidad entre provincias —donde un legislador tucumano cuesta seis veces más que uno jujeño— también sugiere oportunidades diferenciales según la jurisdicción elegida para inversiones o expansiones comerciales.
