La Justicia comercial ordenó la inhibición provisoria de bienes de Granja Tres Arroyos y empresas del grupo tras denuncias de vaciamiento de activos. Los trabajadores reclaman cuatro meses de salarios adeudados y enfrentan la ratificación de despidos después de que fracasara la conciliación obligatoria durante octubre de 2026.
¿Cuáles son los montos bloqueados por la Justicia?
El Juzgado Comercial N° 21 dictaminó la indisponibilidad de US$ 13,5 millones depositados en el Banco de Comercio, según la resolución del juez Germán Páez Castañeda. La medida busca preservar esos activos mientras se resuelve la disputa de competencia entre juzgados y evitar su afectación en perjuicio de acreedores y trabajadores.
El magistrado también identificó otro depósito en Eurobanco por aproximadamente US$ 16 millones. Ordenó a la empresa que aclare y acredite el destino de estos fondos, cuya existencia resulta contradictoria con las dificultades que alegaba para atender obligaciones laborales regularmente.
Embargos adicionales y denuncias de vaciamiento
De manera paralela, el Juzgado Comercial N° 24 decretó la inhibición general de bienes y embargó a la avícola por $605 millones en una ejecución iniciada por el banco Credicoop, quien reclama una deuda de la Cuenca Corriente que Granja Tres Arroyos cerró recientemente.
La sindicatura denunció el retiro y traslado de materias primas, insumos, documentación, herramientas, maquinarias y equipos. También se reportó el desmontaje de líneas productivas en las plantas ubicadas en Esteban Echeverría y Pilar, operadas bajo el control de Wade, empresa del Grupo GTA.
Alcance de los despidos en el grupo empresario
La crisis se expande en todas las plantas del grupo avícola durante 2026. En la provincia de Buenos Aires, fueron despedidos 450 trabajadores en Wade y 700 en Capitán Sarmiento, más 38 empleados en San Miguel del Monte. El sindicato de Alimentación denuncia estas desvinculaciones como irregulares, sin que los afectados recibieran ni la mitad de la indemnización correspondiente.
En Río Cuarto, Córdoba, trabajadores de Avex —otra avícola del Grupo GTA— protestaron sin haber cobrado durante tres meses. En esa planta están afectados 550 puestos entre trabajadores directos e indirectos, y la faena se encuentra detenida hace dos semanas.
Fracaso de la conciliación obligatoria y reclamos de trabajadores
La conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense expiró sin acuerdo a principios de octubre de 2026, momento en el cual la empresa ratificó los despidos. Los trabajadores manifestaron ante el Juzgado N° 21 exigiendo que el cobro de cuatro meses de salarios y aguinaldo adeudados sean priorizados una vez que abra el concurso preventivo.
Un obstáculo adicional para los trabajadores es que el fondo de desempleo no puede cobrarse hasta después de finalizada la conciliación obligatoria, lo que generó perjuicio adicional a los afectados en las plantas bonaerenses.
Impacto para empresas y administradores: lecciones sobre insolvencia y responsabilidad
El caso de Granja Tres Arroyos representa un escenario crítico para administradores y dueños de empresas argentinas. La inhibición de bienes, embargos y medidas cautelares muestran cómo la Justicia comercial actúa cuando detecta indicios de vaciamiento de activos mientras existen obligaciones laborales incumplidas.
Para empresas en dificultades financieras, la lección es clara: los movimientos de fondos, trasferencias de bienes y cambios operacionales son escrutinizados judicialmente. La falta de transparencia sobre la disponibilidad de recursos genera sospechas de maniobras fraudulentas que pueden resultar en inhibiciones generales, embargos preventivos y responsabilidad personal de administradores. Mantener registros documentados, comunicación clara con acreedores y trabajadores, y actuar dentro del marco legal de insolvencia —como el concurso preventivo— es fundamental para proteger el patrimonio empresario y evitar consecuencias legales mayores.
