La Cámara de Apelaciones de Washington confirmó hoy que Argentina deberá abonar más de US$ 390 millones al fondo Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008, ratificando un fallo de primera instancia que rechazó los argumentos de prescripción presentados por el país.
El origen del conflicto: la expropiación de 2008
El litigio tiene sus raíces en 2008, cuando el gobierno de Cristina Kirchner dispuso la expropiación de la aerolínea de bandera. Casi una década después, en 2017, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) condenó al país a pagar aproximadamente US$ 321 millones, más intereses y costas, por la expropiación de las participaciones accionarias en Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur. El monto final, con los intereses acumulados hasta diciembre de 2024, ascendió a US$ 390.907.115,55.
¿Cuál fue el argumento de prescripción que Argentina presentó?
Argentina intentó anular el laudo arbitral alegando un plazo de prescripción de tres años para ejecutar la sentencia. Sin embargo, tanto la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia como ahora la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia rechazaron ese argumento. Los tribunales estadounidenses determinaron que el plazo aplicable era de 12 años, no tres, por lo que la deuda permanece vigente y exigible.
El país intentó anular el laudo en 2019, sin éxito. Posteriormente, Titan Consortium —firma que adquirió los derechos económicos del reclamo como cesionaria de Teinver y otros accionistas— solicitó en 2021 el reconocimiento y la ejecución del laudo ante la justicia estadounidense. En 2024, la Corte de Distrito rechazó definitivamente la tesis argentina de prescripción, y hoy la Cámara de Apelaciones ratificó esa decisión.
La respuesta del Estado argentino
La Procuración del Tesoro comunicó a través de Noticias Argentinas que se encuentran analizando "todas las herramientas legales disponibles para revertir o al menos mitigar el impacto de esa sentencia". El organismo atribuyó el origen del conflicto a "la herencia que arrastramos por décadas, producto de políticas estatistas y del costo institucional de volver a levantar un país que heredamos con más de US$ 30.000 millones en deudas por juicios perdidos".
Impacto financiero para empresas y administradores argentinos
Esta condena se suma a un historial de sentencias adversas que pesan sobre las finanzas públicas argentinas. Para los dueños y administradores de empresas, el fallo reafirma un patrón de riesgo país elevado y la relevancia del cumplimiento de obligaciones internacionales. El monto de US$ 390 millones representa una salida de divisas significativa que impacta en la disponibilidad de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y, por ende, en la estabilidad del tipo de cambio y la capacidad de financiamiento externo del país. Desde la perspectiva empresarial, estos litigios internacionales afectan la percepción de riesgo soberano, encarecen el acceso al crédito externo y limitan los márgenes de política económica disponibles para impulsar el crecimiento. Además, condiciones como estas refuerzan la presión sobre el esquema cambiario y pueden influir en decisiones de inversión y expansión de operaciones.
