La Ley de Inocencia Fiscal continúa ganando adhesiones entre contribuyentes argentinos que buscan regularizar sus ahorros no declarados. Según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) al 23 de septiembre de 2026, ya se contabilizaban 501.080 personas adheridas al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), con un crecimiento de 34.446 nuevos registros respecto del relevamiento anterior de fines de agosto.
¿Cuántas declaraciones juradas simplificadas se presentaron?
Hasta el 23 de septiembre, ARCA registró 439.934 presentaciones de declaraciones juradas a través del régimen simplificado, lo que representa un incremento de 89.105 respecto del corte anterior. Este volumen indica que el 87,8% de los contribuyentes adheridos ya completó su presentación en ese período. Adicionalmente, el organismo identificó 50.077 declaraciones en estado de borrador, cifra que bajó 17.400 respecto del relevamiento previo.
Quienes efectivicen la presentación de su declaración jurada y regularicen el pago del impuesto acceden a dos beneficios clave: el efecto liberatorio del pago sobre el período fiscal base y la presunción de exactitud —comúnmente denominada "tapón fiscal"— que cubre los tres períodos fiscales anteriores. Esta estructura busca incentivar la formalización de dólares y otros activos no declarados.
Plazo para exteriorizar ahorros hasta 2027
La norma permite a los inscriptos exteriorizar sus ahorros no declarados mediante canales formales. Según la Ley de Inocencia Fiscal II, todas las operaciones deben canalizarse a través del Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV), tanto en el origen como en el destino. El plazo para completar esta regularización vence el 31 de diciembre de 2027, brindando una ventana de más de un año para que los contribuyentes formalicen sus recursos.
Prórroga del vencimiento: hasta el 13 de octubre
ARCA prorrogó por cuarta ocasión el plazo para presentar la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025, tanto en régimen general como simplificado. Los contribuyentes tienen tiempo hasta el 13 de octubre de 2026 para cumplir con este trámite. Cabe recordar que el vencimiento para regularizar el saldo del impuesto a las Ganancias operó originalmente el 27 de julio. Si de la declaración jurada surgiera una diferencia a ingresar, esta podrá cancelarse hasta la nueva fecha de vencimiento.
Ampliación de requisitos para adherir al RSG
Las modificaciones introducidas por la Ley de Inocencia Fiscal II expandieron significativamente el universo de contribuyentes elegibles. Se eliminaron los límites de ingresos (anteriormente $1.000.000.000) y de patrimonio (que era de $10.000.000.000) para personas humanas y sucesiones indivisas. Esta apertura representa un cambio sustancial respecto del régimen anterior.
Los "Grandes Contribuyentes Nacionales" también pueden adherirse, aunque con una limitación: no acceden al efecto liberatorio del pago ni al beneficio de la presunción de exactitud. Del mismo modo, quienes ocuparon cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores a la adhesión tampoco podrán acceder a estos beneficios, restricción que rige a partir de la entrada en vigencia de la ley.
Impacto para empresarios y administradores: oportunidad de regularización con beneficios fiscales
Para dueños y administradores de empresas, la Ley de Inocencia Fiscal representa una oportunidad estratégica de regularización. La eliminación de topes de ingresos y patrimonio amplía el acceso al régimen simplificado, permitiendo que contribuyentes de mayor escala formalicen activos no declarados sin exposición a multas ni penalidades sobre períodos anteriores. El plazo extendido hasta octubre de 2026 para presentar la declaración jurada brinda flexibilidad operativa, mientras que la ventana hasta diciembre de 2027 para exteriorizar ahorros permite planificar flujos de caja y repatriaciones de divisas. Para quienes gestionen múltiples períodos fiscales, el "tapón fiscal" de tres años atrás resulta particularmente relevante, ya que cierra riesgos acumulados. La canalización obligatoria a través del BCRA o CNV garantiza trazabilidad y legitimidad de los fondos, fortaleciendo la posición ante futuras auditorías.
