La Iglesia argentina renovó su postura crítica respecto a la venta sin restricciones de tierras a extranjeros, en el contexto de un fallo de la Corte Suprema que dejó operativo el artículo 154 del DNU 70/2023.
¿Qué manifestó la Iglesia sobre la venta de tierras?
A través de un comunicado fechado el 4 de octubre de 2026, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Endepa y Cáritas expresaron nuevamente su preocupación ante la posibilidad de una venta sin límites de tierras a extranjeros. Las organizaciones eclesiales dirigieron su reclamo a legisladores, funcionarios del Poder Ejecutivo y autoridades judiciales, instándolos a velar por la defensa del territorio nacional y el cuidado de los recursos naturales estratégicos.
Este pronunciamiento retoma un planteo que estas mismas organizaciones habían realizado en junio de 2026, cuando el Gobierno impulsaba en el Congreso su proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En aquella oportunidad, la cúpula religiosa cuestionó que la iniciativa dejara sin efecto las restricciones para la adquisición de tierras por extranjeros y advirtió especialmente sobre el acceso a terrenos vinculados con reservas de agua y otros recursos naturales.
El fallo de la Corte Suprema y sus implicancias
El 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23. Sin embargo, el máximo tribunal no declaró constitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737). La Corte rechazó la demanda presentada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata porque consideró que la organización no contaba con legitimación para promover esa acción colectiva.
El efecto práctico de esta decisión fue que la Ley 26.737 permanece derogada y el artículo 154 del decreto quedó nuevamente operativo. La sentencia dejó expresamente a salvo la competencia del Congreso para intervenir sobre el DNU, lo que ha generado que el debate regrese al Parlamento.
¿Qué acciones parlamentarias se esperan?
La oposición convocó a una sesión especial en Diputados para el 15 de octubre de 2026 con el objetivo de tratar el DNU 70/23. Para abrir el recinto necesita reunir 129 diputados y, una vez alcanzado el quórum, el rechazo del decreto requiere mayoría simple. Según voces clave en el Congreso, la votación está muy fina y faltarían aproximadamente diez votos para alcanzar el consenso necesario.
Además, ya ingresó a Diputados un proyecto del diputado Eduardo Valdés que propone derogar específicamente el artículo 154 del DNU 70/23 y restituir la plena vigencia de la Ley 26.737. El expediente fue girado a las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Agricultura y Ganadería.
La posición de la Iglesia sobre la tierra como bien común
El planteo de las organizaciones eclesiales está construido alrededor de una concepción de la tierra como bien común y componente de la soberanía nacional. En su comunicado de junio, enfatizaron que "la tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico", advirtiendo que cualquier debilitamiento de la capacidad estatal para administrar el territorio podría afectar la planificación de obras públicas y la protección del interés comunitario frente a intereses privados.
Las organizaciones también pusieron el foco en las comunidades rurales, campesinas e indígenas, para las cuales la tierra representa "identidad, cultura, memoria y futuro". Esta perspectiva refleja una preocupación más amplia que trasciende lo meramente económico.
¿Qué significa esta disputa para las empresas y administradores argentinos?
Para los empresarios y administradores de negocios argentinos, este debate tiene implicancias directas en materia de inversión, acceso a tierras y planificación estratégica. La vigencia o derogación de la Ley 26.737 afecta el régimen de propiedad rural, los costos de adquisición de terrenos y la competencia en el mercado de tierras. Si se restituye la ley, se reestablecerían las restricciones para extranjeros, lo que podría reducir la presión sobre los precios de las tierras agrícolas y proteger los activos inmobiliarios de empresarios locales. Por el contrario, si permanece derogada, se abrirían oportunidades para inversión extranjera directa en activos rurales, pero también aumentaría la concentración de tierras en manos foráneas. Para las pymes rurales, las cooperativas agrícolas y los empresarios del agro, esta definición legislativa es crítica: determina el acceso a recursos productivos esenciales y el control sobre el territorio nacional en sectores estratégicos como la agricultura, la ganadería y la explotación de recursos naturales.
