El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adjudicó $200.000 millones en plazos fijos UVA destinados a fondear créditos hipotecarios para vivienda. La segunda licitación de este programa recibió ofertas por $246.000 millones, lo que evidencia la demanda de recursos para financiamiento habitacional en el mercado.
¿Cuál fue el resultado de la licitación hipotecaria?
En la segunda convocatoria realizada durante octubre de 2026, el BCRA adjudicó la totalidad de los $200.000 millones disponibles entre 12 entidades bancarias de las 14 que participaron con 40 posturas diferentes. Los fondos provienen del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
La licitación se estructuró en dos tramos según plazo. El tramo a un año adjudicó $3.252.032.520 a una tasa de UVA más spread promedio de 2,71%. El tramo a cinco años concentró la mayor proporción con $196.747.967.480 a UVA más spread de 4,79%.
Esto significa que aproximadamente el 98% de los recursos se canalizó mediante colocaciones de largo plazo, estructura que permite a los bancos contar con fondos de vencimiento extendido para financiar préstamos hipotecarios, que típicamente superan los plazos de otras líneas crediticias.
Cambios en los requisitos para acceder al crédito
La modificación central de esta segunda licitación amplió significativamente el perfil de solicitantes elegibles. En la primera convocatoria de septiembre de 2026, los recursos estaban reservados exclusivamente para compra de primera vivienda, lo que restringía el acceso a personas sin inmuebles a su nombre.
La nueva convocatoria modificó el criterio: ahora los créditos pueden utilizarse para una vivienda única o de ocupación permanente. Esto abre el acceso tanto a quienes no posean otra propiedad como a propietarios de inmuebles que no puedan ocuparlos, incluyendo:
- Departamentos alquilados a terceros
- Propiedades cedidas
- Inmuebles en régimen de usufructo
- Viviendas que requieren cambio de tamaño (pasar de 2 a 3 ambientes, por ejemplo)
El BCRA no estableció mecanismos específicos para comprobar estas situaciones, dejando a cada banco la facultad de definir las condiciones y documentación requerida. Esta flexibilidad busca ampliar el mercado de créditos hipotecarios sin generar barreras administrativas excesivas.
Plazos y cronograma de colocación
Los bancos adjudicatarios tendrán 90 días corridos desde la acreditación de los fondos para aplicarlos a nuevos créditos hipotecarios. El esquema también contempla una opción de cancelación anticipada a favor del FGS para los recursos que no hayan sido colocados en préstamos dentro del plazo establecido.
La diferencia entre las ofertas recibidas ($246.000 millones) y el monto adjudicado ($200.000 millones) fue de poco más de $46.000 millones, indicando que la demanda de fondos superó la oferta disponible. Esta brecha refuerza la necesidad de recursos para financiamiento de viviendas en Argentina.
Impacto para empresas y administradores de negocios
Para los administradores de empresas constructoras, inmobiliarias y desarrollistas, esta licitación representa una oportunidad de expansión en el financiamiento de proyectos habitacionales. La mayor disponibilidad de créditos hipotecarios a largo plazo reduce el riesgo de volatilidad de tasas y facilita la planificación de proyectos de mayor envergadura.
Las entidades financieras cuentan ahora con $200.000 millones adicionales para colocar en hipotecarios, lo que presiona hacia la baja los spreads competitivos y mejora las condiciones para clientes finales. Para los empresarios del sector inmobiliario, esto se traduce en una demanda potencial más amplia: ya no solo compradores de primera vivienda, sino también propietarios que buscan cambiar de inmueble o acceder a financiamiento para propiedades en otras situaciones.
La continuidad del programa —con una primera licitación en septiembre y esta segunda en octubre de 2026, ambas por $200.000 millones— sugiere un compromiso del Gobierno con el financiamiento habitacional. Monitorear futuras convocatorias será clave para evaluar la sostenibilidad de esta política y su impacto en la actividad constructora y comercial de bienes raíces.
