El Ministerio de Capital Humano publicó el lunes 15 de julio de 2026 la Disposición 839/2026 en el Boletín Oficial para adaptar la homologación salarial de empleados de comercio conforme a la medida cautelar que suspendió artículos clave de la reforma laboral del Gobierno. La norma busca clarificar cómo se aplicarán los aumentos mientras permanezca vigente la orden judicial que protege los convenios colectivos del sector.
¿Cuál es el origen de la cautelar que afecta a Comercio?
La medida cautelar fue dictada en marzo de 2026 por la Justicia Federal de San Martín a raíz de un amparo presentado por el Sindicato Empleados de Comercio de San Martín contra el Estado Nacional. El fallo suspendió la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, sancionada por el Congreso a fines de febrero de 2026.
La decisión judicial cuestiona dos aspectos centrales de la reforma: la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos —es decir, su vigencia automática tras vencer el plazo pactado— y los nuevos topes al financiamiento sindical. El gremio argumentó que estas disposiciones alteraban el régimen de negociación colectiva y afectaban la sustentabilidad de las organizaciones sindicales.
Cómo impacta la cautelar en los aumentos salariales de julio
La Disposición 839/2026 no modifica el contenido del acuerdo paritario homologado en abril de 2026, sino que aclara su interpretación mientras la cautelar permanezca vigente. Durante abril, mayo y junio, las partes habían pactado una suba total del 5% en las escalas salariales.
Ahora, la conducción de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), liderada por Armando Cavalieri, negocia con las cámaras empresariales CAC, CAME y UDECA para definir la nueva actualización de escalas que regirá a partir de julio de 2026. Esta reapertura de negociaciones responde a una cláusula pactada en el acta paritaria anterior, que prevé revisiones periódicas de los montos.
Qué ordena la cautelar a empleadores y Estado
El fallo obliga al Estado Nacional a abstenerse de aplicar las modificaciones que limitaban la ultraactividad de los convenios y establecían topes a los aportes sindicales. Como resultado, los empleadores alcanzados por el CCT 130/75 (Convenio Colectivo de Trabajo de Comercio) deben mantener vigentes todas las cláusulas normativas y obligacionales del convenio, incluidas las contribuciones sindicales pactadas.
El Ministerio de Capital Humano presentó un recurso de apelación a través de su servicio jurídico, pero este fue "concedido con efecto devolutivo", lo que implica que la suspensión judicial sigue en vigor mientras avanza el proceso judicial. La disposición se dicta "a fin de dar cumplimiento, de manera temporal, con la medida judicial informada".
Escalas salariales vigentes en Comercio para julio 2026
Los sueldos básicos según el escalafón vigente del CCT 130/75 son los siguientes. A estos montos se suma el 8,33% de presentismo, si corresponde, y los años de antigüedad:
Maestranza:
- Categoría A: $1.233.585,00
- Categoría B: $1.236.794,00
- Categoría C: $1.248.038,00
Personal auxiliar y administrativo:
- Administrativo A: $1.245.631,00
- Administrativo C: $1.255.270,00
- Administrativo F: $1.299.445,00 (máxima categoría operativa)
Cajeros y vendedores:
- Cajeros (Categoría A): $1.249.646,00
- Vendedores (Categoría B): $1.273.746,00
- Vendedores (Categoría D): $1.299.445,00
Impacto para empresas y administradores: qué debe cambiar en julio
Para los dueños y administradores de comercios, la Disposición 839/2026 genera obligaciones inmediatas. Mientras la cautelar permanezca vigente —con una duración inicial de seis meses desde marzo— deben garantizar el depósito de las contribuciones sindicales pactadas sin aplicar los topes del 2% sobre remuneraciones que proponía la reforma laboral.
Además, los nuevos aumentos que se definan en las negociaciones paritarias de julio deberán aplicarse sobre las escalas vigentes respetando las cláusulas del convenio colectivo. Las empresas deben estar atentas a los acuerdos que se cierren entre FAECYS y las cámaras empresariales, ya que estos fijarán la pauta de recomposición salarial que regirá en los próximos meses. El incumplimiento de estas obligaciones expone a los empleadores a conflictos gremiales y acciones legales.
La cautelar también protege la negociación colectiva como mecanismo de resolución de conflictos laborales, evitando cambios unilaterales en los términos pactados. Para las pymes y grandes comercios, esto implica mayor previsibilidad en costos laborales a corto plazo, aunque la incertidumbre sobre el resultado final del proceso judicial persiste.
