El debate sobre la cantidad de estudiantes extranjeros en universidades públicas argentinas se reavivó esta semana con cifras contrapuestas entre el Gobierno nacional y autoridades de la Universidad de Buenos Aires. La disputa reabrió la pregunta central: si el DNU 366/2025 que habilita cobrarles aranceles mantiene validez después de que la Justicia anulara una sección clave de esa norma.
¿Qué establece el DNU sobre educación universitaria?
Publicado en mayo de 2025, el decreto modificó la Ley de Migraciones e introdujo cambios en el acceso a servicios públicos. En materia de educación, mantuvo la gratuidad para primaria, secundaria e inicial sin importar la situación migratoria del estudiante. Sin embargo, limitó la gratuidad universitaria a ciudadanos argentinos y extranjeros con residencia permanente, dejando en manos de cada institución la decisión de cobrar aranceles al resto de los alumnos internacionales.
El decreto también reforzó las causales de expulsión para extranjeros con antecedentes penales, acortó plazos procesales para deportaciones y creó una categoría de "residencia precaria" de hasta 90 días, prorrogable, que permite trabajar y estudiar mientras se resuelven trámites migratorios.
¿El DNU sigue vigente después del fallo judicial?
La Cámara Nacional Electoral anuló parcialmente el decreto al considerar que excedía las atribuciones del Poder Ejecutivo. Específicamente, eliminó la disposición que trasladaba desde jueces federales hacia la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar ciudadanía argentina por naturalización. El tribunal argumentó que, como la ciudadanía involucra derechos políticos, la norma violaba el artículo 99, inciso 3° de la Constitución, que prohíbe expresamente decretos de necesidad y urgencia en materia electoral.
Fuentes de la Procuración del Tesoro confirmaron que el fallo fue apelado directamente a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario federal. Según interpretación del Gobierno, ese recurso suspende la ejecución de la sentencia, por lo que el decreto permanecería vigente en su totalidad. Desde el Ministerio de Capital Humano sostienen que la falta de cobro a estudiantes extranjeros responde a una decisión discrecional de cada universidad, no a un impedimento legal.
¿Por qué las universidades no cobran aranceles?
Las instituciones públicas han resistido implementar el cobro argumentando que los ingresos serían marginales respecto del presupuesto universitario. Además, señalan que el gasto que cada estudiante extranjero genera en la economía local típicamente supera lo que se le podría cobrar como arancel. También plantean una objeción legal de fondo: sostienen que el DNU tiene "dudosa legitimidad" porque modifica dos leyes vigentes —Educación y Migraciones— por decreto, instrumento que no está por encima de una ley formal. Cualquier universidad que intente cobrar, advierten, terminaría perdiendo en la Justicia.
Cifras enfrentadas: el cruce entre Gobierno y UBA
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, difundió datos basados en información proporcionada por las propias universidades. Según su informe, entre los alumnos regulares (quienes aprobaron dos o más materias durante el año) de la carrera de Medicina, los extranjeros representan el 56% en la UBA y el 48% en la Universidad Nacional de La Plata. En la Universidad Nacional de Rosario, esa proporción alcanza el 53%.
El Anuario 2024 del sistema universitario argentino muestra que en la UBA hay 16.462 estudiantes extranjeros de un total de 41.957 en Medicina (39%), y 10.782 regulares de 19.090 (56%). En la UNLP, 8.043 extranjeros de 15.920 totales (51%), siendo 2.886 de 6.055 regulares (48%). En cambio, en universidades como Mar del Plata, Comahue, La Matanza y La Rioja, el porcentaje no supera el 16%.
El mismo anuario documenta un crecimiento acelerado: los estudiantes extranjeros de pregrado y grado en el sistema estatal pasaron de 35.202 en 2015 a 84.110 en 2024, con una tasa de crecimiento promedio anual del 10,2%. En el sector privado, el crecimiento fue menor: de 16.512 a 26.796 (5,5% anual). Ciencias de la Salud concentra 57.290 de esos estudiantes extranjeros en 2024, muy por encima de otras áreas.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, contradijo estas cifras en redes sociales. Según su análisis, de los más de 70.000 ingresantes a la universidad en 2026, los extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria representan solo el 2,5% del total, llegando al 6,1% en Medicina. La brecha responde a que miden universos distintos: Yacobitti incluye solo ingresantes de 2026 con categorías migratorias específicas, mientras que Álvarez analiza alumnos regulares de Medicina sin distinguir situación migratoria.
Impacto para empresas y administradores: qué significa este debate para los negocios argentinos
Este conflicto tiene implicaciones directas para la economía local y la competitividad del país. Los estudiantes extranjeros generan demanda en servicios de hospedaje, alimentación, transporte y consumo general. Si las universidades implementaran aranceles, podría reducirse la atracción de talento internacional, afectando sectores como turismo académico y servicios educativos complementarios.
Para los administradores de empresas, el resultado de este debate define si Argentina mantiene su posicionamiento como destino educativo regional o si restringe el acceso. La incertidumbre legal también impacta: mientras el DNU permanezca en litigio, las universidades enfrentan riesgo regulatorio. Además, la eventual implementación de aranceles podría influir en la disponibilidad de profesionales graduados en el mercado laboral argentino, especialmente en Ciencias de la Salud, donde la concentración de extranjeros es mayor. El subsecretario Álvarez insistió en que "hay que cambiar la ley" para blindar la medida con rango legislativo, evitando que cada apelación judicial cuestione su validez.
