La oposición intensifica su estrategia para derogar el DNU 70/2023, el mega-decreto que el presidente Javier Milei impulsó al asumir en diciembre de 2023. Tras el fallo de la Corte Suprema que reinstauró la derogación de la Ley de Tierras contemplada en ese decreto, los bloques opositores planean convocar a sesión en las próximas semanas para rechazarlo en su totalidad.
¿Cuántos votos necesita la oposición para derogar el DNU 70?
La oposición requiere solo 129 votos en Diputados para rechazar definitivamente el decreto. Esta cifra resulta alcanzable porque el Senado ya lo rechazó el 14 de marzo de 2024, lo que significa que con una nueva votación en la Cámara baja, el DNU quedaría derogado sin necesidad de dictamen de comisión. La estrategia opositora apunta a convocar a sesión alrededor del 14 de octubre de 2026, antes de que el oficialismo trate otros proyectos legislativos previstos para el 21 de octubre.
El contexto del DNU 70 y sus alcances legislativos
Desde su publicación en 2023, el DNU 70 quedó en el cajón de Diputados mientras algunos capítulos fueron frenados en la Justicia. El decreto abarcó múltiples materias que posteriormente fueron incorporadas en otras leyes. Según análisis de la oposición, el 80% del DNU ya caducó o fue incluido en reformas posteriores, como la Ley de Modernización Laboral y la Ley Bases. Las declaraciones de emergencias también vencieron durante 2024.
Sin embargo, el decreto mantiene vigentes disposiciones sobre desregulación de prepagas, derogación de la Ley de Alquileres y la Ley de Tierras. Este último capítulo es el que generó mayor controversia tras el fallo de la Corte Suprema, que rechazó el amparo del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM) por falta de legitimación, pero reafirmó la reinstauración de la norma sobre restricciones a la venta de tierras a extranjeros.
Los desafíos para conseguir los votos necesarios
La oposición dura de Unión por la Patria y la Izquierda busca el apoyo de bloques dialoguistas como la Unión Cívica Radical, Provincias Unidas, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Argentina Federal. El principal obstáculo reside en que rechazar el DNU 70 implica restituir capítulos que algunos aliados no desean deshacer sin debate previo, particularmente la Ley de Alquileres y la desregulación de prepagas.
Desde la oposición plantean un posible acuerdo alternativo: derogar el DNU 70 pero comprometerse a fijar por ley los puntos que desean mantener. Una de esas vías sería revalidar la Ley de Tierras a través de un proyecto de Inviolabilidad de Propiedad Privada que aún no comenzó a tratarse en Diputados. Algunos opositores advierten sobre el riesgo de precipitarse: si avanzan a sesión sin votos asegurados, el decreto podría ser aprobado y quedar firme como ley.
La respuesta del oficialismo ante la embestida legislativa
El Ejecutivo no ha presentado una estrategia defensiva clara hasta el momento. Durante el plenario de comisiones del 30 de septiembre de 2026, los representantes del oficialismo fueron Paula Tadei (secretaria de Legal y Técnica) y Juan Ignacio Stampalija (de Economía). Mientras tanto, la cúpula política del Gobierno se encontraba en París acompañando al presidente Milei en la Argentina Week.
Según fuentes del bloque libertario, una opción que evalúan es habilitar que la Ley de Tierras se vuelva a tratar en el Congreso para revalidarla por ley, incluso después de haber impulsado su limitación mediante el DNU. Esta estrategia permitiría mantener los contenidos del decreto mediante nuevas normas legislativas específicas.
Impacto para empresas y administradores: qué significa la batalla por el DNU 70
Para los dueños y administradores de empresas argentinas, la derogación o permanencia del DNU 70 tiene implicaciones directas en múltiples aspectos operativos. La desregulación de prepagas afecta los costos de salud de los empleados; la Ley de Alquileres impacta en los gastos de infraestructura; y las restricciones a la venta de tierras a extranjeros condicionan proyectos de inversión inmobiliaria y agraria.
Si la oposición logra derogar el DNU, las empresas deberían adaptarse nuevamente a un marco regulatorio más restrictivo en alquileres y control de precios en prepagas. Simultáneamente, la revalidación de la Ley de Tierras limitaría operaciones de compra de activos inmobiliarios por parte de inversores extranjeros. Para administradores de negocios, el resultado de esta batalla legislativa definirá costos, márgenes operativos y posibilidades de expansión durante los próximos trimestres de 2026 y 2027.
