El juez federal Martín Cormick rechazó el planteo del Poder Ejecutivo y ordenó al Estado Nacional cumplir con dos artículos clave de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución, dictada el 30 de septiembre de 2026, fija un plazo de cinco días para ejecutar las medidas bajo apercibimiento de astreintes (multas diarias por incumplimiento).
¿Qué ordena la medida cautelar sobre salarios docentes?
La cautelar exige la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que adquirió firmeza tras rechazos sucesivos del Gobierno. El artículo 5 ordena actualizar los salarios de docentes y no docentes de universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, con un incremento no inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en ese período.
El juez Cormick señaló que, según el informe del Estado, existe apenas un "cumplimiento parcial". Aunque se documentaron negociaciones paritarias y órdenes de pago, no queda demostrado que los aumentos alcanzados hayan sido calculados conforme a la norma. Como referencia, indicó que la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y junio de 2026 fue de 312,19% según el INDEC, cifra que el magistrado observa no fue alcanzada en los salarios universitarios.
¿Cuál es el estado de las becas estudiantiles?
El artículo 6 ordena recomponer todos los programas de becas del estudiantado (Progresar, Carreras Estratégicas Manuel Belgrano, Enfermería y otras) según la variación acumulada del IPC. El Gobierno reconoció en su informe haber actualizado únicamente la Beca Manuel Belgrano, argumentando que los demás programas no encuadran en la ley.
Cormick rechazó ese argumento y concluyó que el cumplimiento informado no alcanza a cubrir lo decidido cautelarmente respecto de todos los programas de becas. Esta interpretación se alinea con la literalidad de la norma, que menciona explícitamente Progresar, becas de Enfermería y "otras".
Antecedentes: de la promulgación al rechazo judicial
La ley 27.795 fue vetada por el Presidente Javier Milei, pero el Congreso insistió. El Ejecutivo la promulgó mediante el decreto 759/2025, suspendiendo su ejecución hasta definir fuentes de financiamiento. El Consejo Interuniversitario Nacional y universidades presentaron un amparo colectivo el 29 de octubre de 2025.
Cormick concedió la cautelar el 23 de diciembre de 2025, declarando inaplicable el decreto por "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta". La Sala III de la Cámara confirmó la medida, y la Corte Suprema (Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti) rechazó el recurso extraordinario del Gobierno el 25 de junio de 2026, dejando firme la cautelar.
Intentos fallidos de acuerdo y conflictividad actual
El 10 de junio de 2026, el Gobierno, el CIN y gremios firmaron un acta con incremento de masa salarial del 24,33%, aumento del 20% en gastos de funcionamiento, $50.000 millones para hospitales universitarios y actualización del 50% de becas Manuel Belgrano. Las universidades consideraron insuficiente ese acuerdo.
El 17 de septiembre de 2026, la paritaria fracasó: el Gobierno ofreció 3% para septiembre y 3% para octubre, rechazado por los sindicatos. ADUBA y APUBA iniciaron un paro escalonado de 23 días que se extiende hasta el 22 de octubre, y está convocada una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.
Impacto para empresas y administradores: financiamiento universitario y estabilidad institucional
Para dueños y administradores de empresas argentinas, el conflicto universitario tiene implicaciones directas. La tensión entre el Ejecutivo y el sistema educativo superior afecta la formación de capital humano calificado que el sector privado requiere. Además, los paros escalonados impactan en cronogramas académicos y en la disponibilidad de profesionales graduados en carreras estratégicas.
La incertidumbre sobre el financiamiento universitario genera volatilidad institucional: mientras la Justicia ordena cumplir normas de actualización salarial y becas, el Gobierno sostiene que no hay recursos asignados. Esta fricción afecta la predictibilidad de políticas educativas a mediano plazo, relevante para empresas que planifican inversiones en investigación, desarrollo y contratación de talento especializado.
El sector empresarial debe monitorear el desenlace de estos plazos judiciales: si el Gobierno cumple en cinco días o si persiste el incumplimiento, la conflictividad podría intensificarse, prolongando paros y afectando la calidad y disponibilidad de egresados universitarios.
