La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) avanzó en la modernización del transporte terrestre internacional mediante tres reformas que eliminan trámites en papel y reducen sanciones para pequeñas y medianas empresas de cargas.
¿Qué cambios trae el Séptimo Protocolo Adicional al ATIT?
El Séptimo Protocolo Adicional al Acuerdo sobre el Transporte Internacional Terrestre (ATIT) fue suscrito en 2025 por los siete países miembros de ALADI: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. La iniciativa responde a la necesidad de simplificar procedimientos, reducir costos transaccionales y fortalecer la competitividad del transporte regional.
El cambio más significativo es la eliminación formal de la "Libreta de Tripulante", el documento físico tradicional que verificaba el ingreso y egreso de choferes y personal de a bordo. A partir de la implementación del protocolo, se modernizarán las disposiciones migratorias aplicables a trabajadores del sector, eliminando exigencias burocráticas que ralentizaban las operaciones transfronterizas.
Reducción de multas: de u$s 4.000 a u$s 2.000
La reforma del régimen de sanciones del ATIT representa un respiro crucial para las pymes de transporte. El régimen anterior, vigente desde 2004, establecía multas de hasta u$s 4.000 por infracciones comunes, como operar sin permiso internacional vigente o realizar cabotaje sin autorización.
Bajo el nuevo esquema aprobado por ALADI, las sanciones se reducen significativamente en toda la escala:
- Multa máxima: de u$s 4.000 a u$s 2.000
- Multa intermedia: de u$s 2.000 a u$s 1.000
- Resto de infracciones: reducciones proporcionales
Esta medida es crítica en el contexto económico regional. La acumulación de sanciones máximas podía sentenciar la desaparición de empresas con décadas de trayectoria, especialmente en contextos de inestabilidad económica como los vividos durante 2024 y 2025.
Digitalización del MIC/DTA: fin a los papeles en aduanas
El Manifiesto Internacional de Carga / Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA) es el documento clave para operar en tránsito internacional terrestre. Hasta 2025, este trámite solo podía realizarse de manera impresa, generando demoras y costos innecesarios.
El protocolo autoriza a los países miembros a informatizar este documento, permitiendo armonizar bases de datos en tiempo real bajo los estándares de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y organismos migratorios locales. Este cambio alinea la región con prácticas internacionales de digitalización aduanera.
El desafío de la internalización: cinco países avanzados, dos rezagados
Aunque el protocolo fue aprobado formalmente en 2025, su implementación práctica enfrenta obstáculos. De los siete miembros de ALADI, cinco ya internalizaron el acuerdo en sus normativas locales. Sin embargo, Bolivia aún tiene pendiente la internalización y Chile mantiene el proyecto demorado en el Congreso.
Este rezago complica la aplicación inmediata de las reformas. Aunque existe consenso regional, los procesos legislativos nacionales ralentizan los beneficios prácticos para transportistas que operan en toda la región. Desde el sector se solicita que las medidas puedan aplicarse de forma inmediata incluso con los dos países pendientes.
Impacto para pymes transportistas y empresas exportadoras
Estas reformas generan un impacto directo en la viabilidad económica de pequeñas y medianas empresas de transporte, y también benefician a exportadores e importadores que dependen de estos servicios. La reducción de multas mejora los márgenes operativos; la eliminación de papeles acorta tiempos de tránsito y reduce costos administrativos; la digitalización aduanera permite mayor trazabilidad y cumplimiento normativo.
Para administradores de empresas logísticas y transportistas, el cambio representa una oportunidad de optimizar costos operacionales durante un período de recuperación económica regional. Sin embargo, es crítico monitorear los tiempos de internalización en cada país para planificar transiciones operativas sin sorpresas regulatorias.
