Un fallo judicial obligó a la administración Trump a reactivar parcialmente el programa de subvenciones para banda ancha del Digital Equity Act de 2021, eliminando los criterios de raza y etnia que el gobierno consideraba inconstitucionales. Las solicitudes comenzarán en diciembre de 2026.
¿Qué pasó con el Digital Equity Act tras el fallo judicial?
Un juez federal dictaminó que el Digital Equity Act es inconstitucional en su disposición racial, pero separable del resto del programa. La corte determinó que la administración Trump no puede eliminar completamente la ley, sino solo remover la clasificación explícita de minorías étnicas como beneficiarios prioritarios. Esto significa que el Programa de Subvenciones Competitivas de Equidad Digital, que representa US$ 1.250 millones del total de US$ 2.750 millones asignados en 2021, volverá a funcionar desde diciembre de 2026, pero bajo nuevos criterios.
¿Cuáles son los criterios que permanecen vigentes?
Aunque desaparecen las categorías basadas en raza y etnia, el programa mantiene siete poblaciones cubiertas que continúan siendo elegibles para recibir fondos. Estos beneficiarios incluyen personas en hogares de bajos ingresos, adultos mayores de 60 años, personas encarceladas (excepto a nivel federal), veteranos, personas con discapacidades, individuos con barreras lingüísticas y habitantes de zonas rurales. La Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información prepara ahora un nuevo Aviso de Oportunidad de Financiación con estos criterios neutrales respecto a la raza.
Antecedentes: cómo llegó Trump a intentar cancelar el programa
El Digital Equity Act fue promulgado por el Congreso en 2021 con el objetivo de cerrar brechas en el acceso a banda ancha en comunidades vulnerables. Durante la administración Biden, entre 2022 y 2024, se otorgaron subvenciones iniciales de planificación y se aceptaron solicitudes para distribuir el resto de los fondos. En mayo de 2025, Trump anunció la cancelación total del programa, argumentando que violaba la Constitución al asignar recursos en función de la raza. Esta decisión llevó a la National Digital Inclusion Alliance (NDIA) a demandar al gobierno en el Tribunal de Distrito de Washington, D.C.
La NDIA estaba en la fila para recibir US$ 25,7 millones en subvenciones que la administración Trump había cancelado. El juez John Bates, designado por George W. Bush, resolvió que aunque la disposición racial es inconstitucional bajo escrutinio estricto, el resto de la ley permanece válida y debe aplicarse sin esa clasificación.
¿Qué sucede con el programa estatal de US$ 1.440 millones?
Un aspecto crítico de la decisión es que el programa de subvenciones para estados y territorios, dotado con US$ 1.440 millones, no será restablecido. Esto ocurre porque ese componente no formó parte de la demanda presentada por la NDIA, que se centró únicamente en el programa competitivo. Angela Siefer, directora ejecutiva de la NDIA, ha instado al gobierno a recuperar también las subvenciones estatales, argumentando que los planes desarrollados durante la administración Biden "están listos para ser implementados". Sin embargo, la administración Trump aún no ha revelado qué hará con esos fondos restantes.
Próximos pasos y contexto más amplio de banda ancha
Las organizaciones comunitarias que deseen acceder a financiamiento deberán presentar nuevas solicitudes cuando el proceso comience en diciembre de 2026. La NDIA indicó que necesitará examinar el nuevo Aviso de Oportunidad de Financiación antes de decidir si presentará una solicitud, ya que su propuesta anterior fue "cuidadosamente elaborada" para servir a 30.000 personas en comunidades rurales, urbanas y tribales.
Es importante notar que la administración Trump no canceló el programa Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD), que asignó US$ 42.450 millones para subsidios a proveedores de internet. Sin embargo, redujo el presupuesto de despliegue a aproximadamente US$ 21.000 millones y modificó requisitos sobre precios y neutralidad de la red. El gobierno tampoco ha aclarado qué hará con los US$ 21.000 millones restantes del presupuesto original de BEAD.
Impacto para empresas y administradores de negocios argentinos
Aunque esta decisión se produce en Estados Unidos, tiene implicaciones indirectas para empresas argentinas vinculadas al sector tecnológico y telecomunicaciones. La reconfiguración de programas de banda ancha en mercados desarrollados refleja tensiones globales sobre equidad digital y acceso a infraestructura. Para administradores de negocios en Argentina, el caso ilustra cómo los cambios regulatorios en potencias tecnológicas pueden afectar inversiones, alianzas estratégicas y modelos de negocio en el sector de conectividad. Además, la priorización de criterios económicos sobre demográficos en programas de subsidio es un patrón que puede replicarse en otras jurisdicciones, incluyendo políticas de acceso digital local. Las empresas argentinas del sector tecnológico deben monitorear estos cambios para anticipar reformas regulatorias similares en el país.
