El Gobierno porteño amplió significativamente el alcance del Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal de la Ciudad al incorporar nueve entidades bancarias a una iniciativa que surgió de un proyecto legislativo de Leandro Santoro y se convirtió en política pública tras la Ley 6.959 sancionada el 18 de junio de 2026.
Banco Ciudad, Santander, ICBC, Supervielle, Credicoop, Comafi, BBVA, Galicia y Banco Piano adhirieron al programa, expandiendo una herramienta diseñada para atender el crecimiento de familias porteñas que acumularon deudas de tarjetas y préstamos que ya no pueden sostener en sus cuotas originales.
¿Cuáles son las condiciones de refinanciación?
El esquema permite refinanciar deudas en mora originadas en tarjetas de crédito y préstamos personales con plazo de hasta 24 meses y tasa fija máxima del 35% nominal anual. El trámite se realiza directamente ante la entidad bancaria adherida, simplificando el acceso para deudores que cumplen los requisitos establecidos.
Las deudas alcanzadas son aquellas registradas hasta el 1° de junio de 2026. Para ingresar al programa, el deudor debe encontrarse en situación 2 o 3 del Banco Central, es decir, acumular entre 60 y 180 días de atraso en sus obligaciones.
Requisitos de ingresos y patrimonio
Los ingresos del grupo familiar deben ser inferiores a diez salarios mínimos, y el pago mensual de las deudas debe representar más del 30% de los ingresos del hogar. Además, se exige acreditar domicilio real en la Ciudad durante al menos los últimos dos años.
Quedan excluidos quienes posean más de un inmueble, vehículos con menos de cinco años de antigüedad (salvo para uso laboral), embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios sujetos a registro. Tampoco pueden acceder quienes tengan activos financieros superiores a la deuda que pretenden refinanciar o hayan comprado divisas durante el período en que se generaron los compromisos impagos.
El incentivo fiscal que hizo viable el acuerdo
Para atraer la participación del sistema financiero, la Ciudad ofreció un beneficio clave: las entidades adheridas obtienen reducción del 50% en Ingresos Brutos sobre los intereses que perciban por estas refinanciaciones. Este incentivo fiscal fue determinante para convertir el acuerdo político en una herramienta con participación real del sector bancario.
Jorge Macri destacó que la iniciativa fue trabajada "en conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura para convertirla en una ley financieramente viable", subrayando que "las familias porteñas podrán refinanciar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija".
Impacto para empresas y administradores de negocios porteños
Este programa representa un alivio directo para la clase media trabajadora de la Ciudad y tiene implicaciones relevantes para el ecosistema empresarial local. Al reducir la carga de mora sobre familias, se mejora la capacidad de consumo y la estabilidad financiera de los hogares, lo que impacta positivamente en la demanda de bienes y servicios que ofrecen las pymes porteñas.
Para los administradores de empresas, la medida señala una diferencia política clara con el gobierno nacional. Mientras que el Ministerio de Economía nacional considera el endeudamiento de familias como "un tema entre privados", la Ciudad diseñó una regulación específica, ofreció beneficios fiscales y fijó condiciones claras. Esta aproximación genera mayor previsibilidad en el comportamiento del consumidor local y reduce la volatilidad de la demanda derivada de crisis de sobreendeudamiento.
Además, la operación política detrás del programa—donde un proyecto opositor se convirtió en política pública ejecutada por el oficialismo—demuestra que la morosidad logró algo que la política nacional viene encontrando cada vez más difícil: reunir al oficialismo y la oposición alrededor de un objetivo común en beneficio de los porteños.
