El Gobierno oficializó mediante el Decreto 697/2026 una nueva flexibilización en el régimen de importación de alimentos, extendiendo el reconocimiento de certificaciones sanitarias de países con altos estándares regulatorios a insumos utilizados por la industria alimentaria.
¿Qué cambios trae la nueva flexibilización de importaciones?
A partir de la publicación en el Boletín Oficial, la medida amplía significativamente el alcance de equivalencias regulatorias que ya existían. Hasta ahora, el esquema creado por el Decreto 35/2025 permitía el ingreso simplificado de alimentos terminados desde países con elevados estándares sanitarios como Estados Unidos, miembros de la Unión Europea, Suiza, Canadá, Israel, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Ahora, ese reconocimiento se extiende a aditivos alimentarios, coadyuvantes de tecnología e ingredientes utilizados como insumos industriales, siempre que cuenten con certificación de la autoridad competente del país de origen.
El objetivo es equiparar el tratamiento regulatorio entre productos terminados y sus componentes, reduciendo la complejidad administrativa para importadores. Además, se incorporan productos evaluados conforme a normas del Codex Alimentarius, el estándar internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
¿Qué requisitos se eliminan para los insumos?
Las autoridades competentes solo podrán exigir la declaración jurada de importación, sin requerir trámites adicionales de la autoridad sanitaria nacional. Esta disposición es aplicable siempre que los productos no tengan fines medicinales o terapéuticos y no cuenten con condiciones específicas de uso previstas en el Código Alimentario Argentino (CAA) para la categoría correspondiente. De esta forma, se busca reducir costos regulatorios, facilitar la comercialización e incorporar nuevos productos y tecnologías.
Reorganización de competencias: el rol del SENASA
El decreto centraliza en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) las tareas de control y fiscalización de importaciones de alimentos, funciones que hasta ahora se encontraban distribuidas entre distintos organismos. Esta concentración busca evitar la superposición de competencias y mejorar la eficiencia en los controles.
El SENASA administrará la Base Única de Datos del sistema, que deberá ser actualizada diariamente por las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) mantiene sus atribuciones específicas sin modificaciones, y las modificaciones al Código Alimentario Argentino continuarán siendo elaboradas conjuntamente por ANMAT (bajo el Ministerio de Salud) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Simplificaciones adicionales: carnets y plazos para nuevos productos
Entre las novedades, la norma establece que los carnets de manipulación de alimentos tendrán validez en todo el territorio nacional y dejarán de tener fecha de vencimiento una vez otorgados, eliminando la obligación de renovarlos periódicamente. Asimismo, fija que la autoridad sanitaria competente contará con un plazo máximo de 30 días hábiles para expedirse sobre las autorizaciones de nuevos productos alimenticios.
Impacto para empresas importadoras y productoras de alimentos en Argentina
Para los dueños y administradores de empresas alimentarias argentinas, esta flexibilización representa una reducción significativa en costos y tiempos de importación de insumos clave. La eliminación de trámites duplicados y la aceptación automática de certificaciones de países con altos estándares agiliza la cadena de suministro, especialmente para pequeñas y medianas empresas que elaboran productos terminados. El reconocimiento de estándares internacionales como el Codex Alimentarius también facilita el acceso a ingredientes y aditivos de calidad garantizada sin necesidad de validaciones locales adicionales. Por su parte, las empresas que exportan alimentos argentinos hacia mercados con regulaciones equivalentes podrán beneficiarse de la armonización normativa, mejorando su competitividad internacional.
