El presidente Javier Milei firmó la suspensión del decreto 690/2026, que modificaba los servicios de practicaje y pilotaje en puertos argentinos tras un paro que generó pérdidas millonarias en el sector exportador.
¿Qué fue el decreto 690/2026 y por qué se suspendió?
La norma buscaba modificar la actividad de practicaje y pilotaje en ríos, puertos, pasos y canales del país con el objetivo de reducir costos portuarios y aumentar la competencia. Sin embargo, a principios de agosto de 2026, la medida provocó un paro de profesionales que paralizó la actividad en los puertos, dejando casi 200 buques varados y generando pérdidas de aproximadamente USD 100.000 diarios por cada embarcación. Ante la magnitud del conflicto, el Gobierno decidió dar marcha atrás.
El nuevo decreto 716/2026, publicado en el Boletín Oficial el 5 de agosto de 2026, fue firmado por el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, impulsor original de las modificaciones. La suspensión no solo deja sin efecto el decreto 690, sino que restituye la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por la norma anterior.
Acuerdo alcanzado: reducción tarifaria y mesa de trabajo
El Gobierno y los representantes del sector de practicaje llegaron a un acuerdo que incluyó tres medidas principales. En primer lugar, la suspensión inmediata del decreto conflictivo. En segundo término, una reducción del 20% en las tarifas vigentes de practicaje y pilotaje. Tercero, la reactivación inmediata del servicio para normalizar la operatoria portuaria.
Además, se creó una Mesa de Trabajo intersectorial integrada por funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) —organismo descentralizado de la órbita del Ministerio de Economía—, junto con representantes del sector de practicaje y pilotaje. Esta mesa deberá definir en las próximas semanas el cronograma y la metodología para elaborar un nuevo reglamento que satisfaga a ambas partes.
El conflicto escaló con intimaciones y buques varados
La tensión alcanzó niveles críticos cuando la Prefectura Naval Argentina (PNA) intimó a más de 500 trabajadores a retomar el servicio mediante un edicto oficial que advertía sobre sanciones disciplinarias y posibles denuncias penales. El documento ordenaba la "inmediata puesta a disposición de servicios profesionales de practicaje y pilotaje" bajo el régimen del decreto 690/2026, que finalmente fue suspendido.
Durante los cuatro días que duró el paro, casi 200 buques quedaron detenidos en los puertos argentinos, comprometiendo contratos externos y el abastecimiento hacia la Patagonia sur. La paralización afectó directamente la navegación comercial, ya que el servicio de practicaje es obligatorio en determinadas zonas bajo la Ley Nº 20.094 de Navegación, que regula la actividad de los profesionales que asesoran a los capitanes durante las maniobras de ingreso y salida de embarcaciones.
Impacto para empresas y administradores: oportunidad de normalización
La suspensión del decreto 690/2026 representa un punto de inflexión para los administradores y dueños de empresas vinculadas al comercio exterior y la logística portuaria. La reducción tarifaria del 20% en practicaje y pilotaje mejora los márgenes operativos de exportadores e importadores, mientras que la creación de la Mesa de Trabajo abre la posibilidad de una regulación consensuada que no repita los errores de la norma anterior.
Para las pymes exportadoras, especialmente las vinculadas a granos, productos frescos y manufacturas que dependen de la Hidrovía, la normalización inmediata del servicio es crítica. La paralización de cuatro días generó costos de almacenaje, demoras en entregas y potenciales cancelaciones de órdenes internacionales. Con el servicio reactivado y una tarifa reducida, se espera recuperar competitividad en los mercados externos y reducir los costos logísticos que impactan directamente en la rentabilidad de las operaciones.
La próxima etapa dependerá del trabajo de la Mesa intersectorial. Los administradores deben monitorear los avances en la elaboración del nuevo reglamento, ya que una norma consensuada podría ofrecer mayor estabilidad regulatoria y menores riesgos de nuevos conflictos que paralicen la actividad portuaria.
