La desregulación impulsada por Federico Sturzenegger en el sector marítimo generó la paralización de más de 150 buques en puertos argentinos tras el Decreto 690/2026, que modificó el régimen de practicaje y abrió conflictos con sectores clave del comercio exterior.
¿Qué provocó la paralización de barcos en Argentina?
A partir del Decreto 690/2026, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado eliminó el sistema cerrado de inscripción de prácticos que regía desde 1991. Esta medida permitió que cualquier capitán de barco pueda desempeñar la función de guía en el ingreso a puerto, labor que históricamente requería profesionales especializados con formación de entre 12 y 15 años.
La reacción fue inmediata: la Asociación de Prácticos de la República Argentina (APRA) suspendió servicios durante el fin de semana, dejando más de 150 buques detenidos sin poder ingresar ni salir de los puertos nacionales. El impacto alcanzó directamente a sectores como la agroindustria, la energía y toda la cadena de exportación, que moviliza cerca del 80% de las exportaciones argentinas a través de estas vías.
Los argumentos del Gobierno para la desregulación
Sturzenegger justificó la reforma señalando que el régimen anterior generaba barreras de ingreso y costos excesivos para el comercio exterior. Según datos del ministro, el servicio de practicaje para un buque Panamax en Argentina alcanzaba aproximadamente US$ 16.900, cifra superior a la registrada en Estados Unidos, Europa y México.
La nueva normativa estableció tarifas máximas fijadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, eliminó parte de la segmentación geográfica del servicio y habilitó la libre contratación entre armadores y profesionales. El Ejecutivo argumenta que estas medidas transformarán a los ríos en "una autopista para el desarrollo" en lugar de mantenerlos como "un kiosco regulatorio".
Objeciones de los prácticos y primeros acercamientos
Los prácticos cuestionaron tanto la seguridad de la navegación como la constitucionalidad del decreto. La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales anunció acciones judicales y denuncias penales contra los funcionarios que firmaron la norma. Sin embargo, tras la presión operativa, el Gobierno abrió canales de diálogo a través de la Ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.
APRA condicionó el diálogo a que se suspenda o deje sin efecto el decreto, argumentando que "mientras la norma siga vigente nos encontramos en condiciones desiguales". La entidad reiteró su vocación de conversar sobre soluciones que garanticen la seguridad de la navegación y el resguardo de las vías navegables.
El proyecto de ley ómnibus: apertura del cabotaje a empresas extranjeras
Más allá del conflicto inmediato, el Gobierno prepara un proyecto de ley que transformará completamente el régimen de cabotaje marítimo. La iniciativa permitiría a buques extranjeros realizar transporte de cargas y pasajeros entre puertos argentinos bajo la legislación laboral, tributaria y regulatoria de sus países de origen.
La Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) emitió un comunicado advirtiendo sobre los riesgos de esta apertura. La entidad reconoce la necesidad de reducir costos logísticos, pero sostiene que una "verdadera modernización" debe construirse sobre reglas transparentes, equitativas y previsibles, evitando "distorsiones estructurales irreversibles".
FENA señaló que la apertura del cabotaje por sí sola no elimina los sobrecostos argentinos si no se corrigen integralmente las asimetrías laborales, fiscales, portuarias y burocráticas. La federación argumenta que "no puede competir una empresa argentina sometida a impuestos y legislación nacional contra otra que opera con costos y normas de otro país".
Consideraciones de seguridad y soberanía logística
Especialistas marítimos advierten que una apertura irrestricta del cabotaje podría comprometer la seguridad y la autonomía estratégica logística. Un cuestionamiento central apunta a la posible expansión de empresas estatales extranjeras, particularmente chinas, en corredores marítimos estratégicos.
Como antecedente, mencionan el puerto peruano de Chancay, construido por la estatal china Cosco Shipping, una inversión que generó preocupación en Estados Unidos debido al carácter crítico de las infraestructuras logísticas. Datos internacionales indican que más del 80% de las naciones marítimas mantienen algún tipo de protección para sus flotas nacionales.
FENA subraya que potencias como Estados Unidos y la Unión Europea no consideran sus infraestructuras portuarias como simples herramientas de libre mercado, sino como activos esenciales para la seguridad económica y la autonomía estratégica. Ambas priorizan la expansión de flotas bajo pabellón nacional y el fortalecimiento de la logística multimodal doméstica.
Impacto para empresas y administradores: el costo de la desregulación acelerada
Para los dueños y administradores de empresas argentinas, esta crisis del practicaje representa un primer aviso sobre los efectos operativos de la agenda desreguladora. La paralización de 150 buques generó demoras inmediatas en exportaciones de granos, aceites y energía, sectores clave de la economía nacional.
Cámaras como CIARA (Industria Aceitera), CEC (Exportadores de Cereales) y CADE (Energía) advirtieron sobre perjuicios económicos concretos. Para las pymes exportadoras y productoras, cada día de demora en puerto implica costos financieros, pérdida de competitividad y riesgo de incumplimiento de compromisos comerciales internacionales.
El proyecto de apertura del cabotaje amplía estas preocupaciones: empresas argentinas que invierten, tributan y generan empleo enfrentarán competencia de operadores extranjeros con costos laborales y fiscales significativamente menores. FENA demanda que cualquier modificación garantice "exactamente las mismas condiciones y beneficios" para empresas nacionales, un reclamo que refleja la inquietud del sector empresario argentino sobre la velocidad y profundidad de estas reformas.
El desafío para el Ejecutivo será resolver este conflicto mientras avanza en una reforma aún más ambiciosa sobre la marina mercante, en medio de un creciente debate entre apertura económica, competitividad, seguridad logística y preservación de intereses estratégicos nacionales.
