El Gobierno oficializó este martes el mecanismo de cobro a extranjeros no residentes por la atención en establecimientos sanitarios nacionales. La medida se formalizó mediante la Resolución 1066/2026, publicada en el Boletín Oficial, y complementa lo establecido en el DNU 366/2025 que modificó la Ley de Migraciones. El objetivo es estandarizar el financiamiento de servicios de salud diferenciando entre quienes poseen residencia permanente y quienes se encuentran en tránsito o en situación migratoria irregular.
¿Quiénes deben pagar por atención médica en hospitales públicos?
Los extranjeros sin residencia permanente deberán acceder a la atención sanitaria habitual a través de dos mecanismos: presentando un seguro de salud vigente o realizando el pago previo del servicio. En cambio, los extranjeros con residencia permanente mantienen el acceso al sistema público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos, sin obligación de pago adicional.
Esta distinción busca que quienes no contribuyen de forma permanente al sistema local financien su propia atención sanitaria habitual, mientras se preserva el derecho universal en situaciones críticas.
Dos circuitos administrativos para operativizar los cobros
La Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANSES) y el Ministerio de Salud implementaron dos vías de cobro diferenciadas:
- Recupero financiero: Dirigido a empresas de seguros de salud para cobrar los gastos de pacientes asegurados.
- Cobro directo: Aplicable a particulares extranjeros sin cobertura de seguros.
Ambos circuitos operan de forma independiente y permiten que cada establecimiento gestione los pagos según la situación de cada paciente, optimizando así la administración de recursos.
Emergencias médicas: sin restricción de atención
Un aspecto central de la resolución es la protección del derecho a la salud en situaciones críticas. La normativa aclara explícitamente que en casos de emergencia no se podrá negar ni restringir la asistencia sanitaria a ningún extranjero, independientemente de su condición migratoria o capacidad de pago inmediata.
Esta salvaguarda garantiza que la aplicación de cobros no comprometa la atención urgente, manteniendo así los estándares humanitarios en la prestación de servicios de salud.
Vigencia inmediata y objetivos de la medida
La resolución, firmada por el ministro de Salud Mario Lugones, entró en vigencia de forma inmediata tras su publicación oficial en agosto de 2026. El Gobierno plantea que la medida apunta a optimizar los recursos del sistema sanitario público y a que el financiamiento de la atención habitual recaiga en quienes acceden al servicio sin aportar de manera permanente al sistema.
Impacto para empresas y administradores de negocios en Argentina
Para los administradores de empresas y dueños de negocios, esta resolución genera implicancias operativas directas. Las compañías que contratan seguros de salud para empleados extranjeros deberán ajustar sus políticas de cobertura y verificar que sus pólizas cumplan con los requisitos de la nueva normativa. Además, las empresas con personal extranjero en tránsito o sin residencia permanente deben evaluar si incluirán el costo de la atención sanitaria en sus beneficios laborales o si lo trasladarán a los trabajadores.
Por otro lado, los emprendimientos en sectores como turismo, tecnología y servicios que emplean talento extranjero deben revisar sus estructuras de beneficios para mantener la competitividad y cumplir con la regulación. La medida también impacta en la planificación financiera de empresas con filiales o operaciones que requieran presencia de personal extranjero, ya que los costos de salud se vuelven un factor adicional a considerar en la evaluación de rentabilidad y sostenibilidad operativa.
