Carolina del Norte aprobó una ley que reconoce la autoridad regulatoria exclusiva de la CFTC sobre mercados de predicción, con un impuesto de 6% a partir de 2027.
El estado tomó una posición singular en la disputa regulatoria estadounidense sobre mercados de predicción. A través del Proyecto de Ley del Senado 257, incorporado al presupuesto estatal de 2026 y firmado por el gobernador Josh Stein el 7 de julio de 2026, Carolina del Norte formalizó su aceptación de la supervisión federal ejercida por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Esta medida contrasta marcadamente con la ofensiva regulatoria más restrictiva que han emprendido otros estados contra plataformas como Kalshi y Polymarket.
¿Qué autoridad tiene la CFTC sobre estos mercados?
La ley de Carolina del Norte establece que un mercado de predicción registrado y autorizado por la CFTC puede operar legalmente dentro del estado. El fundamento legal reside en que la Ley de Intercambio de Productos Básicos confiere a la agencia federal una autoridad regulatoria exclusiva sobre estas plataformas. Los mercados de predicción permiten la negociación de contratos vinculados a resultados de eventos futuros, ya sean políticos, económicos o deportivos, lo que ha generado tensiones con reguladores estatales del juego que buscan aplicar sus propias reglas.
La postura de Carolina del Norte implica que el estado reconoce la preeminencia federal sin exigir licencias estatales adicionales ni someterlas a regulaciones locales de apuestas. En lugar de disputar jurisdicción, optó por aceptar el marco federal y limitar su intervención a la recaudación tributaria, una estrategia que marca una diferencia importante respecto a jurisdicciones más intervencionistas.
Estructura fiscal: 6% sobre ingresos netos de transacciones
La ley no implica una desregulación total, sino que establece un mecanismo fiscal específico. Carolina del Norte cobrará un impuesto de 6% sobre ingresos netos derivados de tarifas de transacción atribuibles a residentes del estado, con vigencia a partir del 1 de enero de 2027. Lo destacable es que este gravamen no acarrea ninguna obligación de licencia, registro u otros requisitos regulatorios de carácter estatal.
El contraste fiscal resulta revelador cuando se compara con el tratamiento dado a las apuestas deportivas tradicionales. Durante el mismo proceso presupuestario, Carolina del Norte elevó el impuesto a operadores de apuestas deportivas de 18% a 23% sobre ingresos brutos. Esa brecha refleja que el estado considera a los mercados de predicción autorizados por la CFTC y a las casas de apuestas como categorías distintas desde el punto de vista regulatorio. Un impuesto de 6% sobre ingresos netos por tarifas de transacción resulta significativamente más ligero que un esquema de 23% sobre ingresos brutos de apuestas, lo que genera incentivos fiscales diferenciados para operadores que evalúan dónde establecer operaciones.
Cómo se posiciona Carolina del Norte frente a otros estados
La decisión destaca cuando se la compara con medidas adoptadas en otras jurisdicciones durante 2026. Kentucky aprobó un gravamen de 14,25% sobre tarifas de transacción, iniciativa que provocó una queja formal de la CFTC, evidenciando que el conflicto ha trascendido la esfera comercial para convertirse en una pugna institucional entre gobiernos estatales y la agencia federal. Illinois fue aún más restrictivo al integrar los mercados de predicción dentro de su régimen de apuestas deportivas, aplicando impuestos por transacciones en niveles junto con reglas de licencia que Kalshi impugnó rápidamente ante los tribunales.
Más de una docena de estados han emprendido acciones para tratar estos mercados como apuestas deportivas no autorizadas, desencadenando una ola de litigios en distintos frentes. En este contexto, Carolina del Norte emerge como excepción notable. En lugar de sumar nuevas restricciones, optó por alinearse con la tesis de preeminencia federal que defiende la CFTC, un movimiento que llega cuando el mosaico regulatorio estadounidense se vuelve cada vez más complejo y costoso para los operadores.
El panorama judicial fragmentado y sus implicaciones
La CFTC ya ha demandado al menos a nueve estados para defender su jurisdicción exclusiva sobre mercados de predicción. Las cortes han emitido decisiones divergentes: las plataformas obtuvieron órdenes de restricción en Nueva Jersey y Tennessee, pero perdieron en Maryland, Nevada y Arizona. Esta falta de uniformidad ha elevado la incertidumbre jurídica sobre la viabilidad nacional de estos productos.
Un revés reciente para Kalshi en Nueva York ilustra la complejidad del panorama. A principios de julio de 2026, un juez federal rechazó la solicitud de la empresa para bloquear a reguladores estatales de juego, concluyendo que la Ley de Intercambio de Productos Básicos no prevalece sobre las leyes de juego de Nueva York en su aplicación a contratos deportivos. Ese razonamiento recorta el alcance de la defensa basada en preeminencia federal y podría influir en litigios futuros.
Cuando varias cortes interpretan de forma distinta un mismo marco legal federal, existe una probabilidad creciente de que el conflicto escale hacia la Corte Suprema de EE. UU., que se convertiría en el espacio final para fijar doctrina nacional. La suma de leyes estatales dispares, demandas federales cruzadas y decisiones judiciales opuestas sugiere que la controversia está lejos de resolverse en el corto plazo.
Impacto para empresas y administradores de negocios argentinos
Aunque Carolina del Norte se encuentra en Estados Unidos, el desenlace de esta disputa regulatoria tiene implicaciones indirectas para empresas argentinas con operaciones o inversiones en mercados de predicción o fintech. El panorama regulatorio estadounidense fragmentado incrementa costos operativos y riesgos legales para plataformas que buscan expansión nacional, lo que puede afectar valuaciones, financiamiento y modelos de negocio en el ecosistema global.
Para administradores de empresas argentinas que evalúan oportunidades de inversión en startups de predicción o tecnología financiera con presencia estadounidense, esta incertidumbre regulatoria es un factor de riesgo material. Un mercado fragmentado entre estados genera fricción competitiva que favorece a jugadores con mayor capital para litigar y adaptarse a múltiples regímenes. Conversamente, si la CFTC prevalece en los tribunales, se abriría un escenario de regulación federal más clara que podría acelerar la consolidación y escalabilidad del sector.
La CFTC está finalizando reglas nacionales para contratos de eventos, con período de comentarios públicos que cierra el 27 de julio de 2026. Un marco regulatorio federal definido podría suavizar el actual rompecabezas regulatorio entre estados y ofrecer mayor previsibilidad para empresas que operan o invierten en estos segmentos. Mientras tanto, la postura de Carolina del Norte sirve como precedente político de que algunos gobiernos estatales pueden preferir reconocer la primacía federal antes que embarcarse en litigios prolongados y costosos, una lección aplicable a debates regulatorios similares en otras jurisdicciones.
