El Gobierno de Javier Milei avanza en la destraba del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI) con Estados Unidos tras la conclusión de la investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense. La administración Trump confirmó de manera provisoria el esquema negociado con la Argentina, cuya oficialización está prevista para fines de julio de 2026, con aplicación desde comienzos de agosto.
¿Cuál es el arancel que quedó para Argentina?
La Argentina mantendrá un arancel del 10% para sus exportaciones hacia el mercado estadounidense bajo cualquier mecanismo legal que finalmente utilice Washington. Esta cifra representa una ventaja competitiva significativa frente a otros países de la región: Brasil, por ejemplo, pasará de un arancel del 50% a 37,5% durante 2026.
Esa diferencia mejora la posición relativa de los productos argentinos en el mercado norteamericano, particularmente en sectores que compiten de manera directa con empresas brasileñas. El Ejecutivo considera que esta ventaja puede traducirse en mejores condiciones para distintos rubros exportadores y un impulso a la competitividad internacional.
Próximos pasos del acuerdo comercial
Una vez consolidado el esquema arancelario, el ARTI deberá avanzar hacia su aprobación en el Congreso Nacional. El Gobierno prioriza su tratamiento durante el segundo semestre de 2026, antes del año electoral, para evitar complicaciones políticas que puedan surgir en 2027. Desde el Ejecutivo esperan que el acuerdo obtenga amplio apoyo de los sectores políticos, similar al logrado con el tratado de la Unión Europea-Mercosur, lo que enviaría una señal de institucionalidad contundente.
La resolución del capítulo comercial también abre una nueva etapa en la implementación de compromisos bilaterales pendientes. Entre ellos figuran distintas iniciativas vinculadas con la propiedad intelectual, incluyendo la aprobación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y modificaciones regulatorias en materia de biotecnología.
Propiedad intelectual: el frente regulatorio pendiente
El ministerio de Desregulación, bajo la dirección de Federico Sturzenegger, avanzó durante estos meses en reformas consideradas estratégicas. Entre ellas destaca la derogación de la resolución conjunta que limitaba el patentamiento de desarrollos biotecnológicos, una modificación que altera los criterios sobre qué innovaciones pueden acceder a protección mediante patentes y fortalece el marco regulatorio para sectores intensivos en investigación y desarrollo.
El PCT, que obtuvo dictamen favorable en la Cámara de Diputados pero aún no fue llevado al recinto, permitiría a Argentina acceder al sistema internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Actualmente, la Argentina es uno de los pocos países de la región fuera de este mecanismo y el único integrante del G20 que permanece excluido.
¿Por qué el PCT genera resistencia?
La industria farmacéutica nacional cuestionó el capítulo II del tratado, que habilita la utilización de informes técnicos internacionales como insumo para el análisis de solicitudes de patentes. Los laboratorios locales advierten que este mecanismo podría influir sobre los criterios del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y facilitar la aprobación de patentes rechazadas bajo normativa argentina.
La principal preocupación es el riesgo de que se habiliten estrategias de extensión de protección conocidas como "evergreening", mediante modificaciones menores sobre medicamentos existentes. El dictamen de comisión mantiene una reserva por parte de Argentina sobre este capítulo, aunque la coyuntura política y el Caso Adorni trabaron el avance parlamentario durante 2026.
Impacto en las empresas argentinas y la competitividad internacional
La destraba del ARTI genera oportunidades diferenciadas según el sector. Para las pymes y empresas medianas exportadoras de productos agroindustriales, textiles y manufacturas, la confirmación del arancel del 10% representa certidumbre regulatoria y mejora de márgenes competitivos frente a competidores regionales. La entrada en vigencia prevista para agosto de 2026 permite ajustar estrategias comerciales antes de la campaña electoral de 2027.
Para el sector de tecnología, startups y centros de investigación, la aprobación del PCT significaría acceso a un sistema que amplía el plazo para decidir en qué países proteger una invención, pasando de 12 a 30 meses. Esta extensión es crítica para proyectos que requieren financiamiento, validación comercial o estudios de mercado antes de afrontar los costos de una estrategia global de patentes.
Sin embargo, las restricciones sobre propiedad intelectual en medicamentos y biotecnología que mantiene Argentina generan un escenario de dos velocidades: mientras se abre el mercado estadounidense para bienes y servicios, el marco regulatorio local protege la industria farmacéutica nacional de prácticas que considera predatorias. Los administradores de empresas deben monitorear el tratamiento del PCT en el Congreso durante el segundo semestre de 2026, ya que su aprobación redefinirá las reglas de juego para innovación y protección de desarrollos tecnológicos.
