Argentina es el único país del Mercosur que resta recursos al sector agropecuario mediante sus políticas públicas, con una transferencia neta negativa del 15% del valor de la producción en 2024, mientras Brasil destina el 9%, Uruguay el 6% y Paraguay el 3%, según un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario.
¿Cómo se mide el apoyo estatal al agro?
La metodología empleada por la Bolsa de Comercio de Rosario calcula el valor de las transferencias que generan las políticas públicas como porcentaje del valor total de la producción agropecuaria. El análisis aplica el sistema de la OCDE, utilizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina, y contempla cuatro canales de transferencia: distorsiones de precios que separan cotizaciones locales de internacionales, pagos directos del presupuesto, servicios generales como investigación y sanidad, y transferencias a consumidores.
Esta medición revela no una competencia sobre quién produce más, sino cómo cada Estado se relaciona económicamente con su sector agrícola. Los cuatro países del Mercosur comparten condición de exportadores netos de granos, pero sus estrategias de política sectorial divergen significativamente.
Argentina: de cero a -15% en dos décadas
A fines de los noventa, Argentina y Brasil promediaban valores cercanos a cero en transferencias netas. Entre 1997 y 2001, el apoyo argentino fue de apenas USD 40 millones anuales, equivalente al 0,2% de la producción. El giro llegó en 2002 con la reintroducción de derechos de exportación y medidas para desacoplar precios locales de internacionales. Posteriormente se sumaron restricciones cuantitativas a las exportaciones y subsidios al consumo.
Entre 2002 y 2015, las políticas implicaron una transferencia neta desde el sector equivalente al 23,7% del valor de la producción anualmente. A partir de 2016 hubo una apertura que moderó esta detracción casi ocho puntos. Desde 2018, el contexto cambiario y la reintroducción de derechos de exportación profundizaron nuevamente las distorsiones.
El impacto acumulado es dramático: entre 2016 y 2024, el efecto de los precios promedió USD -9.100 millones anuales, contrastando con USD 256 millones en apoyos directos y USD 395 millones en servicios generales. En todo el período 1997-2024, las distorsiones de precios acumularon USD 207.500 millones contra USD 6.500 millones en apoyos directos y USD 9.700 millones en servicios. La proporción resume la situación: unos 13 dólares detraídos por cada dólar que llegó al sector por vías directas.
Brasil, Uruguay y Paraguay: tres modelos de apoyo
Brasil destinó en 2024 el equivalente al 9% de su producción agropecuaria, aunque este porcentaje no fue constante. Entre 2000 y 2012 el apoyo promedió el 11%, reduciéndose a menos de la mitad entre 2013 y 2020 cuando el sostén de precios se tornó residual. En 2021-2024 volvió a ser principal, con USD 7.200 millones anuales concentrados en algodón, maíz, leche y arroz. El seguro agrícola cuadruplicó sus pagos desde 2023, convirtiéndose en la mayor partida presupuestaria. En el acumulado 1995-2024, el apoyo brasileño sumó USD 242.000 millones, siendo el canal presupuestario el dominante.
Uruguay muestra la trayectoria más estable, con apoyo total del 5,1% entre 2009-2013 y 5,8% entre 2019-2023. El sostén por precios ocupa un lugar menor: apenas USD 87 millones anuales, el 1,3% del valor de la producción, concentrado en pollo, papa y manzana. Los apoyos directos promediaron USD 145 millones anuales, utilizando principalmente exoneración de aranceles e impuestos a la importación de insumos. Los servicios generales llegaron a USD 185 millones. El modelo uruguayo actúa sobre costos y condiciones de producción antes que sobre precios.
Paraguay no registra apoyo por distorsión de precios ni transferencias a consumidores, siendo su esquema íntegramente presupuestario: 52% en servicios generales y 48% en apoyos directos. Alcanzó máximo del 6% en 2009, pero entre 2017 y 2022 se redujo a menos de la mitad. Los apoyos directos bajaron a USD 40 millones anuales y servicios generales a USD 80 millones. En el acumulado 2007-2022, el Estado paraguayo destinó USD 3.100 millones al sector.
Producción y desempeño: la nota no lo explica todo
Si se unifica el período 2020-2022, el apoyo total equivalió al 5,3% en Uruguay, 4,1% en Brasil y 1,6% en Paraguay, mientras Argentina implicó una detracción del 19,5%. Como referencia, el promedio fue del 11% en economías emergentes relevadas por la OCDE y del 25% en países miembros de esa organización.
Los datos del USDA muestran que entre 2000/01 y 2026/27, la producción de principales cultivos se multiplicó por 8 en Uruguay, por más de 3 en Brasil y Paraguay, y por 2 en Argentina. La participación argentina en la producción del bloque pasó del 41% al 28%. Existe asociación negativa entre productividad total de factores y políticas que distorsionan precios, y asociación positiva con transferencias presupuestarias.
Impacto para empresas y administradores de negocios argentinos
Para los dueños y administradores de empresas agropecuarias argentinas, estos números representan un contexto estructural desafiante. Mientras Brasil y Uruguay invierten en infraestructura, investigación y seguro agrícola para mejorar productividad, Argentina financia políticas de precios que drenan recursos del sector. Esta divergencia explica parcialmente por qué la producción argentina creció apenas el doble en dos décadas, frente al crecimiento de 3 a 8 veces en otros países del Mercosur con políticas más estables.
El análisis sugiere que no se trata únicamente de cuánto aporta el Estado, sino de en qué dirección y por qué canal lo hace. Las distorsiones de precios mediante derechos de exportación y restricciones generan un efecto contractivo sobre la inversión y la expansión productiva, mientras que subsidios presupuestarios a tecnología, investigación y seguros incentivan crecimiento. Para las empresas argentinas, la implicación es clara: el marco de política sectorial condiciona rentabilidad, competitividad y capacidad de expansión en un contexto donde competidores regionales operan bajo regímenes significativamente más favorables.
