La Corte de Apelaciones de Estados Unidos confirmó la sentencia contra Argentina en el litigio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas de 2008. El Gobierno evalúa distintas estrategias legales para frenar el fallo que reconoce una deuda de US$ 390.907.115 al 10 de diciembre de 2024, más intereses posteriores. Aunque la sentencia está confirmada, todavía existen recursos disponibles antes de que el fallo quede firme y comience la ejecución del cobro.
¿Cuáles son las opciones legales del Gobierno argentino?
La Procuración del Tesoro analiza múltiples caminos para detener el avance del cobro. La primera opción consiste en solicitar que el mismo tribunal que falló reconsidere su propia decisión, un recurso excepcional pero disponible en el marco procesal estadounidense. La segunda alternativa busca que la Cámara de Apelaciones amplíe su integración y que intervengan más magistrados en la revisión del caso, en lugar de solo los tres jueces que ya se expidieron.
Una tercera vía apunta directamente a la Corte Suprema de Estados Unidos, llevando el expediente al máximo tribunal del país. Sin embargo, las probabilidades estadísticas de que acepte revisar el caso son bajas. El Ejecutivo también estudia solicitar la suspensión de los efectos del fallo mientras se tramitan estos recursos, lo que permitiría frenar cualquier medida de embargo sobre activos argentinos en territorio estadounidense durante el proceso.
El origen del conflicto: de Marsans a Titan Consortium
El litigio tiene raíces en 2008, cuando el Gobierno nacional dispuso la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, que entonces controlaba el grupo español Marsans. La empresa española consideró confiscatoria la operación realizada con un pago simbólico y reclamó indemnización ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
En 2017, el Ciadi emitió un laudo ordenando a Argentina pagar más de US$ 320 millones en compensación, más US$ 3,5 millones en honorarios legales. Cuando el país intentó anular el fallo en 2019, el Ciadi rechazó el pedido y sumó más de US$ 1 millón en costos. Con el tiempo, los derechos de litigio cambiaron de manos: primero fueron adquiridos por el fondo Burford Capital —el mismo que litigó contra Argentina por la expropiación de YPF— y luego pasaron a Titan Consortium, que ahora impulsa la ejecución.
¿Cómo ejecuta un fallo cuando un país no paga?
El Ciadi carece de poder para ejecutar sus propias sentencias. Cuando un país rechaza el pago, los beneficiarios del laudo deben recurrir a los tribunales de cada jurisdicción donde deseen hacer efectiva la condena. En el caso argentino, Titan demandó ante la corte del Distrito de Columbia en Washington D.C. durante 2021.
Argentina respondió argumentando prescripción, pero los jueces estadounidenses desestimaron ese planteo considerándolo "no convincente". El país apeló esa decisión, pero la Justicia estadounidense confirmó el fallo. Si Argentina no demuestra buena fe ni voluntad de negociar, Titan puede solicitar autorización para rastrear activos soberanos argentinos en otras jurisdicciones estadounidenses y lograr que esas cortes reconozcan la sentencia ya obtenida. Ese es precisamente el pedido que formuló Titan: permiso para ejecutar activos por todo el territorio de Estados Unidos.
El estado operativo de Aerolíneas al momento de la expropiación
Durante la gestión de Marsans, la compañía acumuló pasivos cercanos a US$ 890 millones y se desprendió de activos estratégicos como oficinas en distintas ciudades del mundo, simuladores de vuelo y rutas internacionales. Estas decisiones deterioraron significativamente la estructura operativa de la aerolínea y su posicionamiento en mercados globales.
Las valuaciones de la empresa fueron contradictorias en ese momento: mientras el banco Crédit Suisse estimó un valor entre US$ 250 y US$ 450 millones, el Tribunal de Tasación de la Nación fijó un valor negativo superior a US$ 760 millones, cifra que fue convalidada posteriormente en el Congreso Nacional.
Impacto para empresas argentinas: deuda soberana y riesgo de embargo
Este fallo representa un antecedente crítico para las empresas argentinas con operaciones en Estados Unidos. La confirmación de la sentencia por parte de la Corte de Apelaciones aumenta el riesgo de que Titan avance con medidas de embargo sobre activos soberanos argentinos, lo que podría afectar operaciones comerciales, cuentas bancarias y garantías depositadas por empresas nacionales en territorio estadounidense.
Para administradores y dueños de empresas, este conflicto evidencia la importancia de monitorear el estado de la deuda pública argentina y sus implicancias en el acceso al crédito internacional. Un aumento en los reclamos de fondos buitre y ejecutorias de sentencias extranjeras encarecería el financiamiento externo y reduciría la capacidad de inversión de las firmas locales que operan globalmente. Mientras el Gobierno agota recursos legales, las empresas deben evaluar su exposición en dólares y sus estrategias de cobertura ante nuevas presiones sobre las reservas y la estabilidad cambiaria.
