Los salarios formales en Argentina acumulan una pérdida de poder adquisitivo equivalente a 8,8 meses de sueldo desde noviembre de 2023, según análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Durante mayo de 2026, los salarios registrados crecieron 2,2% mientras la inflación alcanzó 2,1%, pero esta aparente paridad oculta un deterioro estructural que afecta especialmente a empleados públicos y limita el consumo de las familias argentinas.
¿Cuál fue el impacto en los salarios desde el cambio de política económica?
Desde diciembre de 2023, cuando ocurrió el salto cambiario que marcó el inicio de la actual administración, los trabajadores formales del sector privado experimentaron una erosión sostenida del poder de compra. Aunque este segmento es el que mejor se posiciona frente a la inflación comparado con otros grupos, su capacidad adquisitiva permanece por debajo de los niveles previos al cambio de política. La acumulación de treinta meses de inflación superior a los aumentos salariales generó un déficit de compra equivalente a casi nueve meses de remuneración.
Empleados públicos: la caída más profunda del poder adquisitivo
La situación es más crítica en el sector público. Los empleados públicos provinciales tienen hoy un poder adquisitivo más bajo que el de noviembre de 2023, según el análisis de Nadin Argañaraz, director del IARAF. En el caso de los empleados públicos nacionales, la pérdida es aún más significativa: registran un tercio menos de poder de compra comparado con 2017 y han acumulado pérdidas equivalentes a veintitrés salarios mensuales de ese año.
Esta tendencia responde a la política económica nacional de reducción del gasto público. El achicamiento del Estado busca dar espacio al sector privado, según explicó Argañaraz, lo que se refleja tanto en la caída del poder adquisitivo como en la reducción de la cantidad de empleados en la administración pública.
Servicios públicos: el mayor impacto en el bolsillo de las familias
Más allá de los salarios, el cambio en los precios relativos transformó la estructura de gastos de los hogares argentinos. Los servicios públicos aumentaron entre 50% y 60% su precio relativo en los últimos dos o tres años. Esto significa que un consumidor que mantiene el mismo nivel de consumo de energía eléctrica o gas que en 2023 destina hoy 60% más de su ingreso para pagarlos.
Este aumento de los servicios públicos comprime el margen disponible para otros gastos esenciales. Las familias enfrentan una ecuación cada vez más apretada: con salarios que no alcanzan a compensar la inflación y servicios que se encarecen aceleradamente, la capacidad de consumo se reduce significativamente.
Consecuencias en el crédito y el consumo de las pymes
La pérdida de poder adquisitivo genera efectos en cascada sobre el consumo y la mora crediticia. Trabajadores cuyo ingreso no crece al ritmo de los precios enfrentan dificultades para cumplir con compromisos crediticios previos. Si bien la caída salarial no es el único factor, incide de manera directa en el aumento de la mora.
Para las empresas y administradores de negocios, esta dinámica es crítica: la mayoría de los trabajadores sigue viendo afectado su poder de compra, lo que reduce la demanda de bienes y servicios. El consumo privado, motor fundamental de la actividad económica, se contrae cuando los ingresos no alcanzan a cubrir las necesidades básicas ampliadas por el encarecimiento de servicios esenciales.
Contexto histórico: una tendencia de largo plazo
El fenómeno no es reciente. Los salarios en Argentina y las jubilaciones pierden poder adquisitivo desde 2017, según Argañaraz. Sin embargo, el ritmo de deterioro se aceleró tras el cambio de política económica de finales de 2023. La reversión de esta tendencia dependerá fundamentalmente de la evolución de la inflación: si la tasa de aumento de precios desciende, podría abrirse una ventana para que los salarios recuperen terreno.
Impacto para empresarios y administradores de negocios argentinos
Para los dueños y administradores de empresas, estos datos revelan un escenario de contracción de la demanda agregada. Un mercado interno donde los trabajadores pierden poder de compra sistemáticamente genera menor consumo, presión sobre precios y márgenes, y mayor morosidad crediticia entre clientes. Las pymes que dependen del consumo doméstico enfrentan un doble desafío: mantener sus costos competitivos mientras sus clientes tienen menos capacidad de gasto. La política de reducción del gasto público, además, impacta directamente a empresas proveedoras del Estado. En este contexto, la planificación financiera debe considerar una demanda más débil y ciclos de cobranza más extendidos.
