El Ministerio de Economía ha incluido las privatizaciones como pilar central de su estrategia financiera para 2026 y 2027. El ministro Luis Caputo presentó un programa que contempla ingresos por más de USD 2.000 millones mediante la venta de activos estatales antes del cierre del mandato presidencial, fondos destinados principalmente a cubrir los vencimientos de deuda en moneda extranjera.
¿Qué empresas públicas se privatizarán en 2026?
El proceso de desprendimiento de activos incluye varias operaciones en distintas fases. Transener ya se materializó, mientras que Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) es la empresa pública con mayor avance en el cronograma de privatización. Las termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano también forman parte del plan, aunque su concreción depende del avance en la preparación de documentos para las licitaciones.
Caputo expresó la expectativa de que estas centrales térmicas se materialicen antes del cierre de 2026, aunque conservadoramente proyectó su ingreso de fondos para 2027. El cronograma oficial prevé ingresos por USD 800 millones durante 2026 y USD 1.500 millones en 2027, totalizando USD 2.300 millones.
Cronograma de AySA: fechas clave del proceso
AySA lidera el avance administrativo entre las privatizaciones programadas. El proceso se desarrolla en dos etapas claramente definidas: la apertura de sobres técnicos el 27 de agosto y la apertura de ofertas económicas a mediados de septiembre. Los fondos se espera que ingresen a partir de mediados de octubre, tras la firma de contrato determinada por la resolución de adjudicación.
Los interesados deben presentar simultáneamente dos sobres: uno técnico y otro monetario. En la primera etapa se evalúa la capacidad financiera y experiencia comprobada de los oferentes. Solo quienes cumplen con los criterios técnicos acceden a la apertura de las ofertas económicas, donde el mejor precio define al adjudicatario.
Según fuentes vinculadas a la operación, hasta el 27 de agosto no hay novedades salvo que algún oferente solicite prórroga, lo que podría prolongar el proceso e impactar en el ingreso de los dólares. La etapa de evaluación técnica es determinante: los oferentes deben acreditar experiencia previa y solidez financiera para continuar en el proceso.
Termoeléctricas: aún en fase preparatoria
Las centrales General San Martín y Manuel Belgrano se encuentran en etapa de preparación de documentación para lanzar las licitaciones en los próximos meses. A diferencia de AySA, estas operaciones no tienen fechas públicas confirmadas, lo que genera incertidumbre sobre si los ingresos se concretarán durante 2026 o se trasladarán a 2027.
Dependencia de financiamiento externo y vencimientos de deuda
El ingreso retrasado de dólares por AySA —recién en octubre— evidencia la dependencia del Gobierno de otras fuentes de financiamiento para afrontar los compromisos externos. Durante 2026, los vencimientos de deuda en moneda extranjera del Tesoro alcanzan los USD 19.200 millones, un monto significativamente superior a los ingresos que generarían las privatizaciones en lo que resta del año.
Esta brecha requiere que Caputo recurra a mecanismos complementarios de financiamiento, como colocaciones en mercados internacionales o acuerdos con organismos multilaterales, para cubrir la totalidad de los vencimientos. El plan de privatizaciones se alinea con la estrategia de generación de nuevas fuentes de ingresos, pero no las resuelve por sí solo.
Impacto para empresas y administradores de negocios argentinos
Las privatizaciones programadas tienen implicaciones directas en el entorno de negocios local. La venta de AySA, por ejemplo, podría impactar en tarifas de agua y saneamiento y en la estructura de costos operativos de empresas que dependen de estos servicios. Las termoeléctricas, por su parte, son proveedoras críticas de energía para sectores industriales y comerciales.
Para administradores de pymes y medianas empresas, el éxito o retraso de estas operaciones incide en la estabilidad macroeconómica y en la disponibilidad de financiamiento externo del país. Un ingreso de dólares menor al proyectado podría generar presiones adicionales en el tipo de cambio y en las tasas de interés, impactando directamente en los costos de financiamiento y en la rentabilidad de operaciones con exposición en moneda extranjera.
Además, la concreción de estas privatizaciones refleja la capacidad del Gobierno de ejecutar su agenda de reformas estructurales, lo que influye en la confianza de inversores y en las expectativas sobre la sostenibilidad fiscal a mediano plazo.
