El Congreso estadounidense intensificó su bloqueo al plan del Pentágono para arrendar terrenos militares a empresas privadas que construyan centros de datos de inteligencia artificial. La iniciativa enfrenta una oposición bipartidista inusual que combina preocupaciones sobre consumo de agua, energía y seguridad nacional.
¿Qué proyectos de IA avanzan en bases militares?
Dos iniciativas concretas ya cuentan con asignaciones condicionales del Ejército estadounidense. Carlyle recibió autorización para desarrollar aproximadamente 1.384 acres en Fort Bliss, El Paso, Texas, mientras que CyrusOne obtuvo permiso para utilizar 1.201 acres en el campo de pruebas de Dugway, Utah. Ambos proyectos están valuados en aproximadamente US$ 2.000 millones cada uno, según datos del Financial Times citados en reportes recientes.
CyrusOne opera bajo control de fondos vinculados con KKR y BlackRock. Estos acuerdos representan los primeros pasos concretos del plan del Pentágono para monetizar terrenos federales mediante infraestructura tecnológica privada.
Legisladores de ambos partidos impulsan restricciones
La resistencia legislativa combina propuestas de republicanos y demócratas mediante mecanismos diversos. Ken Calvert, republicano presidente del subcomité de Apropiaciones de Defensa, logró una disposición que obliga al Departamento de Defensa a informar al Congreso sobre el impacto de cada proyecto en las comunidades cercanas antes de que comiencen las obras.
Cory Mills, representante republicano de Florida, presentó una enmienda aprobada por la Cámara que bloquea componentes identificados como riesgo para la seguridad nacional. Por su parte, Rashida Tlaib, demócrata de Michigan, presentó el 23 de julio de 2026 la Ley de No AI Data Centers on Federal Lands, que buscaría prohibir permanentemente la construcción de grandes centros de datos de IA en terrenos federales e incluso retirar retroactivamente los ya construidos.
John Garamendi, demócrata de California, evitó adoptar una posición definitiva, respondiendo "puede que sí, puede que no" cuando se le consultó sobre la presencia de estas plantas en instalaciones militares. El comité rechazó su enmienda original, pero la oposición continuó desde otros frentes legislativos.
Consumo de agua y energía: las preocupaciones centrales
Los legisladores cuestionan fundamentalmente la viabilidad ambiental de estos proyectos. Evaluaciones del Departamento de Defensa clasificaron como "Extremadamente Alto" el riesgo relacionado con el agua en Fort Bliss, una región donde ya existe escasez crítica de este recurso.
Un análisis citado en reportes indicó que el sitio de Fort Bliss podría requerir más energía que los 460.000 clientes de electricidad de El Paso combinados. Esta cifra ilustra la magnitud del consumo que preocupa a legisladores y comunidades locales. Los centros de datos de IA demandan grandes cantidades de electricidad para operar servidores y agua adicional para sistemas de refrigeración.
A nivel nacional, Data Center Watch reportó que comunidades han retrasado o cancelado planes de centros de datos valuados en casi US$ 156.000 millones, principalmente por preocupaciones sobre impacto ambiental y presión sobre infraestructuras locales. Politico documentó cómo estas instalaciones pueden elevar significativamente las facturas de energía de consumidores en ciudades cercanas.
La defensa del Pentágono frente a las restricciones
El Ejército respondió que la enmienda de Mills impondría un "estándar inviable" a constructores dentro de bases militares. La institución argumenta que estas exigencias crearían una "penalización por terrenos federales" que no se aplica a proyectos ubicados fuera de propiedades gubernamentales.
Según el Ejército, tales condiciones podrían alejar a "socios comerciales de clase mundial" y poner en riesgo más de US$ 1.300 millones en capital privado. Mike Rogers, presidente republicano del Comité de Servicios Armados de la Cámara, respalda esta posición, argumentando que las restricciones podrían impedir las negociaciones en curso.
El Ejército ha prometido planes con consumo neto cero de agua y fuentes de energía desconectadas de la red local. Sin embargo, varios legisladores demócratas consideran insuficientes estas promesas y solicitan informes detallados sobre cómo se aplicarán y supervisarán estos compromisos.
Implicaciones para empresas y administradores en Argentina
Aunque el debate ocurre en Estados Unidos, tiene repercusiones indirectas para empresas argentinas que operan con tecnología en la nube o dependen de infraestructura de datos global. La tensión entre expansión de inteligencia artificial e infraestructura física limitada es un patrón que se replica en mercados emergentes.
Para administradores de empresas argentinas que utilizan servicios de centros de datos estadounidenses, esta disputa legislativa puede afectar costos de operación y disponibilidad de capacidad en el corto plazo. Si el Congreso estadounidense restringe la expansión de infraestructura en bases militares, los proveedores de servicios enfrentarán mayores presión sobre ubicaciones alternativas, lo que podría incrementar costos globales de almacenamiento y procesamiento de datos.
Además, el debate refleja una creciente regulación sobre infraestructura tecnológica intensiva en recursos. Empresas argentinas que planifiquen expansiones tecnológicas o migraciones a la nube deberían monitorear estas tendencias legislativas, ya que podrían traducirse en restricciones similares en jurisdicciones locales o en mayores exigencias de cumplimiento ambiental para proveedores internacionales.
