El Gobierno presiona a los prácticos con intimaciones y denuncias penales, pero enfrenta límites operativos para sustituirlos sin comprometer la seguridad de la navegación. Desde que se publicó el Decreto 690/2026 en 2026, la paralización total de tareas mantiene aproximadamente 140 buques varados con granos, combustibles e insumos, elevando el costo económico y acercando un posible escenario de desabastecimiento interno.
¿Cuáles son las herramientas de presión que tiene el Estado?
La Prefectura Naval Argentina notificó a 536 profesionales durante 2026 para que retomen de inmediato sus funciones en puertos y vías navegables. La fuerza advirtió que la continuidad de la interrupción podría derivar en sumarios administrativos y denuncias penales por entorpecimiento del transporte por agua, con penas que podrían alcanzar hasta ocho años de prisión.
El Gobierno dispone de tres niveles de presión diferenciados. El primero es administrativo: Prefectura, como autoridad disciplinaria, puede iniciar sumarios, revisar habilitaciones y aplicar sanciones a profesionales registrados. El segundo es penal, mediante denuncias por delitos vinculados a la interrupción del transporte o puesta en peligro de la navegación, aunque esta vía requiere intervención judicial sin garantizar normalización inmediata.
El tercer nivel sería operativo: que Prefectura o la Armada asuman algunas maniobras de practicaje. Dentro del Ejecutivo analizan esa posibilidad como forma de mantener movimientos críticos y demostrar capacidad de respuesta antes de negociar. Sin embargo, no existe hasta ahora una decisión confirmada para reemplazar de manera general a los profesionales.
¿Por qué no es sencillo sustituir a los prácticos?
El practicaje requiere conocimiento altamente especializado que no es fácilmente transferible. Los profesionales manejan información sobre canales, corrientes, profundidades, zonas de giro, calados y condiciones particulares de cada tramo del río. La habilitación formal del personal estatal no elimina la responsabilidad de conducir grandes embarcaciones en pasos restringidos.
Dentro de la administración reconocen que una cosa es la decisión política y otra es la responsabilidad operativa de quien ejecuta la maniobra y conoce los riesgos reales. La capacidad operativa limitada, la disponibilidad de personal entrenado y los riesgos de cada movimiento restringen esa posibilidad. Incluso entre las fuerzas federales involucradas hay posturas dispares: Prefectura muestra mayor disposición a intervenir, mientras que la Armada conserva un perfil más cauteloso frente a operaciones civiles de alta complejidad.
¿Qué ocurre mientras se prolonga la paralización?
El conflicto genera un costo económico que crece diariamente. Durante 2026, la suspensión total de tareas afecta a aproximadamente 140 buques varados con cargamentos críticos. Cada embarcación acumula costos por demora, altera cronogramas logísticos y presiona a exportadores, importadores y operadores portuarios.
La afectación de cargamentos de granos y energía eleva además el riesgo de que el conflicto deje de limitarse al comercio exterior. El principal riesgo es que la paralización comience a repercutir sobre el abastecimiento interno de combustibles, alimentos u otros insumos. Desde el Gobierno evitan anticipar un escenario de desabastecimiento, pero admiten que el margen se reduce con cada jornada de paralización. Existe además el riesgo de que algunos buques decidan desviarse hacia Montevideo para descargar o reorganizar operaciones si la paralización se extiende.
¿Qué salida busca el Gobierno?
La Casa Rosada considera políticamente problemático negociar mientras la suspensión total de tareas siga vigente, ya que podría ser presentado como una victoria de los profesionales y debilitaría el decreto promovido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Dar marcha atrás de inmediato tampoco aparece como opción preferida.
Una alternativa que analiza el Ejecutivo es explorar una negociación sobre la reglamentación, los plazos de aplicación u aspectos operativos de la reforma sin retirar el decreto completo. Esa vía permitiría preservar el núcleo desregulador de la norma y ofrecer al mismo tiempo una salida al sector. Los prácticos conocen que el tiempo juega a su favor gracias a la acumulación de buques, pero el Gobierno necesita evitar que la protesta sea interpretada como capacidad corporativa para bloquear una reforma.
Impacto para empresas y administradores: la urgencia de una salida negociada
Para dueños y administradores de empresas argentinas, el paro de prácticos representa una amenaza directa a la operatividad comercial y el abastecimiento. Las exportaciones de granos, la importación de combustibles y la circulación de insumos críticos están paralizados, generando costos crecientes en demoras, replanificación logística y posible pérdida de mercados.
Cuanto más se extienda el conflicto, mayor será la presión sobre márgenes operativos y financieros. Las pymes y grandes empresas con dependencia de importaciones o exportaciones enfrentan ahora incertidumbre sobre cronogramas y disponibilidad de recursos. El riesgo de desabastecimiento interno de combustibles y alimentos eleva además la presión sobre costos de producción y distribución. Una negociación que preserve los aspectos desreguladores de la reforma pero permita normalizar operaciones en el corto plazo es el escenario menos costoso para la actividad económica del país.
