El Gobierno impulsa la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, mientras industria alimenticia, nutricionistas y especialistas debaten si modificar o eliminar completamente los octógonos negros que advierten sobre nutrientes críticos en alimentos.
¿Por qué el Gobierno busca derogar la ley de octógonos?
El Ejecutivo ingresó al Congreso, durante 2026, un proyecto de derogación de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, impulsada originalmente durante el kirchnerismo en 2022. El proyecto, firmado por el presidente Javier Milei, el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones, argumenta limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas del sistema vigente y propone una convergencia normativa con países del Mercosur.
La iniciativa se suma a un proyecto previo del oficialismo en diputados que recorre el mismo camino. El Senado tratará el tema primero, aunque fuentes legislativas consultadas señalan que podría aprobarse más por modificación que por derogación completa. La norma no contempla únicamente los octógonos: también incluye leyendas precautorias sobre edulcorantes y cafeína, restricciones en comercialización escolar y prohibición de publicidad dirigida a infancias.
El lobby de la industria alimenticia argentina
La Confederación de Asociaciones de la Industria Alimenticia Argentina (Copal), que agrupa a gigantes como Arcor, Coca Cola, Quilmes, Danone, Molinos y Unilever, respalda el fin de los octógonos tal como están diseñados. Según Carla Martín Bonito, presidenta de Copal, el eje central del problema es la fórmula con la que la ley evalúa nutrientes críticos: mide el contenido en relación con la densidad calórica del producto, no en términos absolutos.
Esto genera distorsiones significativas. Dos productos con una diferencia del 40% en contenido de sodio pueden llevar el mismo octógono negro, sin que el consumidor pueda advertirlo. Datos de la consultora Casa 3, sobre 3.000 casos, muestran que más del 95% de los alimentos tienen advertencia, lo que significa que el sistema perdió capacidad de diferenciar productos. Solo el 33% de los encuestados afirma utilizar efectivamente los octógonos para decidir compras, mientras que el 52% manifiesta indiferencia, rechazo o confusión.
La industria argumenta que Brasil, Uruguay y Chile aplican sistemas de advertencia con umbrales más razonables. Chile, pionero en octógonos, ya modificó su fórmula para medir nutrientes sobre contenido absoluto, no densidad calórica. Brasil superó esa distorsión mediante una resolución sanitaria, sin necesidad de ley. Copal señala que la falta de armonización tiene costo concreto: operar sistemas descoordinados dentro del bloque cuesta unos US$ 900.000,00 para una cartera de 100 productos, contra US$ 300.000,00 que implicaría un sistema único.
¿Qué dicen los especialistas en nutrición?
Mónica Katz, exPresidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición, está en contra de la ley actual pero propone modificaciones, no derogación. "Cuando todo es negro, nada es negro", asegura sobre los octógonos. Katz propone medir sodio, azúcar y grasas saturadas cada 100 gramos, no según calorías del producto. Señala ejemplos concretos: un yogur con probióticos y 6% de azúcar lleva octógono, mientras que una mermelada con 73% también, sin que se distinga la calidad nutricional.
Sergio Britos, profesor de la UCA que estudia etiquetado desde 2005, opina similar. Afirma que más de 100 países tienen regulaciones sobre etiquetado frontal y que el instrumento es válido, pero Argentina implementó uno de los esquemas más exigentes de la región. "Hoy más del 80% de los alimentos envasados tienen al menos un octógono negro, y eso no puede ser. Hay galletitas inelegibles y otras con mejor perfil: eso tiene que estar reflejado en los paquetes", detalló Britos.
En posición opuesta, la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran) rechaza tanto la derogación como la modificación. Subrayan que el 41,1% de niños, niñas y adolescentes y el 67,9% de personas adultas presentan exceso de peso, y que más de un tercio de calorías consumidas por menores proviene de ultraprocesados. Yanina Rodríguez, presidenta de Fagran, afirma: "No hay evidencia científica que justifique ni la derogación ni la modificación de sus contenidos".
Impacto para empresas y administradores de negocios argentinos
Para los dueños y administradores de empresas alimenticias, el resultado de este debate tiene implicaciones directas en costos operativos, reformulación de productos y estrategias comerciales. Una derogación completa eliminaría restricciones que hoy afectan la comercialización escolar y publicidad dirigida a infancias, reduciendo costos de cumplimiento normativo. Sin embargo, una modificación hacia un sistema armonizado con el Mercosur podría generar ahorros significativos en etiquetado y operaciones regionales, especialmente considerando que Brasil es el segundo destino de exportaciones alimentarias argentinas.
El debate también impacta incentivos para reformulación. La ley actual desincentiva reducciones voluntarias de nutrientes críticos porque un producto mejorado aún lleva sello si supera umbrales. Un cambio de criterios hacia mediciones absolutas podría motivar innovación en formulaciones. Además, la armonización con estándares del Mercosur facilitaría operaciones transfronterizas y reduciría costos de duplicación de sistemas regulatorios. Para pequeñas y medianas empresas alimenticias, estos cambios pueden significar diferencias críticas en competitividad regional.
