El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada enfrenta tensiones internas en el oficialismo por la derogación de la Ley de Tierras, con nuevo cuarto intermedio hasta el 6 de agosto de 2026.
El debate legislativo sobre la reforma de la normativa que regula la propiedad privada ingresó en un nuevo cuarto intermedio hasta el 6 de agosto de 2026, lo que evidenció fracturas significativas dentro de la coalición de gobierno respecto a cómo resolver el nudo más conflictivo: la derogación de la Ley de Tierras. Fuentes del sector reconocieron que existe una puja interna entre distintos actores del oficialismo, particularmente involucrando al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que no aprobó la versión del proyecto que ampliaba jurisdicciones provinciales sobre la venta de tierras a extranjeros.
¿Qué restricciones impone la actual Ley de Tierras?
La Ley de Tierras vigente (Norma N.º 26.737, sancionada en 2011) funciona como un cepo inmobiliario basado en criterios de seguridad geopolítica. La normativa establece que los extranjeros, tanto personas físicas como empresas, no pueden poseer más del 15% de la totalidad de los campos a nivel nacional, provincial y municipal. Este límite opera de manera automática: si una provincia ya alcanzó ese techo por inversiones previas, la ventanilla de compras se cierra para cualquier otro comprador foráneo.
Adicionalmente, la norma impone dos restricciones más:
- Un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la denominada "zona núcleo" pampeana, o su equivalente en capacidad productiva en otras regiones.
- La prohibición taxativa de adquisición de tierras que contengan cuerpos de agua permanentes o que estén situadas en zonas de seguridad fronteriza.
Qué busca cambiar el proyecto del Gobierno
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Ejecutivo pretende desmantelar este andamiaje de controles. La propuesta elimina por completo los topes porcentuales del 15% y los límites de extensión geográfica de 1.000 hectáreas, liberalizando el mercado de suelo rural para que inversores internacionales operen bajo iguales condiciones que compradores locales. El proyecto mantiene restricciones solo para Estados extranjeros o corporaciones controladas directamente por gobiernos soberanos.
Para el Gobierno, esta modificación es central para atraer capitales a gran escala. Durante su defensa ante el plenario de comisiones del Senado, Federico Sturzenegger argumentó que "la seguridad jurídica es el único insumo que Argentina no respetó" y que "el Estado debe garantizar certezas y no convertirse en un obstáculo para quienes quieren generar riqueza".
Los antecedentes de bloqueos legislativos
Esta es la cuarta postergación de la sesión. En junio de 2026, el conflicto por el pliego de la jueza María Michelli fragmentó al oficialismo. Posteriormente, las derivaciones del caso del exvocero presidencial generaron pedidos de moción de censura e interpelación que paralizaron el tratamiento. Más recientemente, la sensibilidad social sobre soberanía territorial, reavivada tras la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra, fue utilizada por la oposición para argumentar que el proyecto busca extranjerizar el territorio, obligando a postergar nuevamente.
Desde el Ejecutivo mantienen inflexibilidad y aseguran que insistirán en conseguir el acuerdo porque "es lo que corresponde, está bien y va a ser positivo para el desarrollo de la Argentina". Autoridades del Senado afirman que en la próxima sesión programada para el 6 de agosto el proyecto saldrá adelante.
Impacto para empresas y administradores de negocios argentinos
Para los dueños y administradores de empresas vinculadas al sector inmobiliario rural, la aprobación de esta reforma representaría un cambio estructural en el acceso al capital extranjero y las posibilidades de inversión en tierras. La liberalización de restricciones podría dinamizar el mercado de suelo agrícola, atrayendo inversión internacional directa que potencialmente genere empleo y desarrollo en regiones productivas. Sin embargo, la incertidumbre legislativa actual mantiene en suspenso cualquier decisión de inversión de largo plazo. Los empresarios del sector deben monitorear el resultado de la sesión de agosto, ya que el resultado definirá las reglas de juego para operaciones inmobiliarias rurales en los próximos años.
