La obra social provincial de Buenos Aires atraviesa una situación crítica que escala hacia el terreno político. Afiliados sin cobertura, prestadores que reducen servicios por aranceles insuficientes, hospitales con deudas millonarias y municipios absorbiendo déficits componen un escenario que trasciende lo administrativo y llega directamente a la administración de Axel Kicillof.
¿Cuál es la magnitud del IOMA y por qué es tan crítica su situación?
El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) es uno de los principales actores sanitarios del país. Atiende aproximadamente 2,5 millones de beneficiarios entre trabajadores estatales provinciales, policías, docentes, personal judicial, jubilados del Instituto de Previsión Social, empleados municipales y afiliados voluntarios. Para 2026 cuenta con un presupuesto asignado de $2.422.114.040.000, casi $2,5 billones, de los cuales el organismo sostiene que alrededor del 95% se destina al pago de prestaciones, medicamentos y servicios.
A pesar de contar con semejante volumen de recursos y con aportes obligatorios de sus afiliados, persisten dificultades crecientes para garantizar prestaciones en diferentes zonas de la provincia. Los trabajadores estatales aportan obligatoriamente el 4,8% de su salario mensual, mientras que los aproximadamente 285.000 jubilados provinciales alcanzados por el IPS destinan el 4,5%. Aun así, los afiliados deben afrontar copagos que oscilan entre $8.900 y $15.200 por consulta médica clínica, más bonos de entre $5.500 y $7.000 según la categoría profesional, valores vigentes desde mayo de 2026.
Deudas millonarias con hospitales y prestadores privados
Los conflictos se multiplican en diferentes niveles del sistema sanitario. El Hospital Garrahan informó una deuda de $8.278 millones vinculada con la atención y derivación de más de 44.000 menores afiliados durante 2025 y 2026. Aunque la Provincia informó pagos por alrededor de $1.200 millones, desde la institución sanitaria sostienen que esa cifra representa apenas una fracción del capital reclamado.
La Agremiación Médica Platense mantiene una disputa similar. Según la entidad, la deuda consolidada llegaba a $900 millones a junio de 2026, de los cuales unos $500 millones correspondían a prestaciones realizadas durante el primer trimestre del año. Desde IOMA aseguran que los pagos se encuentran actualizados, generando una contradicción que se repite en distintos puntos de la provincia.
En Trenque Lauquen, el servicio de Hemodinamia interrumpió prácticas programadas por una deuda que supera los $300 millones. Los responsables de la institución denunciaron que se incorporaron directamente al sistema de IOMA para evitar intermediaciones, pero aun así no consiguieron normalizar los pagos. Establecimientos dedicados a salud mental y discapacidad también reportan pagos parciales insuficientes para sostener prestaciones.
¿Cómo explica IOMA los problemas de cobertura y pagos?
Desde el organismo rechazan que exista una interrupción generalizada de pagos. Señalan que en junio de 2026 se giraron $4.300 millones, frente a $4.200 millones durante mayo. El instituto atribuye buena parte de las dificultades financieras a las condiciones macroeconómicas y al retiro de recursos nacionales del sistema sanitario. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, respalda públicamente esa interpretación y considera que la crisis está condicionada por el "ajuste y desfinanciamiento" del Gobierno nacional.
IOMA también responsabiliza a lo que denomina una "industria del juicio". Según datos del organismo, durante 2026 los acompañantes terapéuticos atendieron a unos 7.700 afiliados y generaron una facturación cercana a $4.300 millones vinculada con prestaciones ordenadas judicialmente. El instituto sostiene que 387 acompañantes habrían llegado a facturar en conjunto unos $1.120 millones mensuales.
La presión política crece: municipios, sindicatos y legisladores reclaman explicaciones
El conflicto adquiere otra dimensión cuando las dificultades de IOMA impactan sobre hospitales municipales. En el interior de la provincia, donde los hospitales municipales ocupan un lugar central en la atención sanitaria, los gobiernos locales deben financiar buena parte del funcionamiento cuando IOMA demora pagos o reconoce aranceles inferiores al costo efectivo de una práctica.
La Legislatura bonaerense acumula pedidos de informes. El diputado provincial Fernando Rovello (PRO) impulsó un proyecto para reclamar información sobre las deudas que la obra social mantiene con efectores comunales. El Senado también se involucró: legisladores de diferentes bloques anticiparon que durante la próxima visita del ministro Kreplak, prevista para la semana del 24 al 28 de agosto, buscarán convertir la reunión en una interpelación política sobre el funcionamiento de IOMA.
Las organizaciones sindicales sumaron reclamos. La seccional de la Unión de Empleados de la Justicia bonaerense presentó una denuncia ante IOMA por las dificultades que atraviesan sus afiliados para conseguir atención médica, principalmente en Mar del Plata. Acompañantes terapéuticos han protestado frente a la sede central del instituto en La Plata.
Impacto en la gestión empresarial y operativa de las prestadoras de salud
Para los administradores de clínicas, sanatorios, laboratorios y servicios de salud, la crisis de IOMA genera presiones operativas y financieras directas. Los atrasos en pagos fuerzan a las instituciones a financiar con recursos propios la prestación de servicios, impactando en el flujo de caja y en la capacidad de inversión. Los aranceles reconocidos por IOMA, que no se actualizan al ritmo de los costos sanitarios desde mayo de 2026, erosionan márgenes operativos y obligan a decisiones difíciles: reducir cartillas, limitar prestaciones o incorporar copagos adicionales que afectan la competitividad frente a otras coberturas.
Para los municipios con hospitales propios, el problema es aún más severo. Cuando IOMA paga con demoras o reconoce valores inferiores al costo real, la diferencia debe ser absorbida por presupuestos locales ya limitados. Esto comprime la capacidad de mantenimiento, actualización tecnológica y contratación de personal especializado. Los intendentes del interior enfrentan una situación contradictoria: deben sostener sistemas sanitarios que dependen parcialmente de una obra social que no garantiza pagos puntuales ni aranceles suficientes.
Mientras IOMA responsabiliza sucesivamente al ajuste nacional, a los valores del sistema sanitario y a la judicialización, la cantidad de reclamos sobre prestaciones continúa creciendo. La próxima discusión en el Senado provincial mostrará hasta dónde llega el desgaste político. El gobernador sostiene a las autoridades del instituto, pero médicos, instituciones, sindicatos, intendentes y legisladores siguen acumulando reclamos. Y los 2,5 millones de afiliados que aportan obligatoriamente cada mes siguen enfrentando cada vez más dificultades para acceder a las prestaciones que financian.
