El Gobierno acelera el traspaso de la gestión de rutas nacionales a las provincias como parte de su estrategia de reducir gastos en obra pública, pero enfrenta un desafío crítico: la Federación del Personal de Vialidad Nacional reporta que el 57% de la red vial se encuentra en estado regular o malo. Este movimiento ocurre mientras la ejecución presupuestaria en infraestructura se desploma y la justicia ordena reparaciones urgentes en tramos específicos.
¿Cuál es el estado real de las rutas nacionales?
Según el último relevamiento de la Federación del Personal de Vialidad, la situación de la red vial argentina es preocupante. En los últimos tres años, el tramo en estado malo pasó de 23% a 31,8%, mientras que el considerado bueno cayó de 55% a 42,4%. La cobertura de medición oficial también se contrajo significativamente, pasando del 77,3% al 49%. Todas las provincias reportan vías en mal estado, lo que refleja una degradación generalizada de la infraestructura de transporte terrestre.
Esta situación genera tensiones especialmente durante los períodos invernales, cuando los gobernadores presionan por mantenimiento y reparaciones. El Gobierno ha respondido acelerando traspasos a las provincias, trasladando la responsabilidad financiera y operativa hacia los gobiernos locales.
Traspasos provinciales en marcha: San Juan y Catamarca
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, concretaron el traspaso de la gestión integral de las rutas 40, 20, 153, 150 y 149 a la provincia de San Juan, gobernada por Marcelo Orrego. La provincia asumirá durante 20 años el financiamiento, mantenimiento y ejecución de obras, incluidas intervenciones en el Nudo Vial de las rutas 40 y 41.
El esquema se replica en otras provincias. Santa Fe ya recibió la ruta nacional A012, y el Gobierno prevé traspasos similares a Catamarca. Los funcionarios nacionales viajaban el 13 de agosto para formalizar acuerdos adicionales. La estrategia busca que las provincias financien trabajos pendientes, realicen mantenimiento o avancen en privatizaciones de tramos.
Orden judicial obliga a reparaciones inmediatas
El juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Antonio Cuello Murúa, hizo lugar a un amparo presentado por la senadora provincial Leticia Di Gregorio y ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad reparar de manera inmediata e integral las rutas 7, 8 y 33 en el departamento de General López, al sur de Santa Fe. El magistrado argumentó el deterioro de la calzada y los riesgos para los usuarios.
La ruta 33 es crítica como acceso a los puertos de Rosario, un nodo logístico estratégico. Las rutas 7 y 8 conectan la provincia con Buenos Aires. La orden judicial fuerza al Gobierno a destinar fondos al mantenimiento, en tensión con su política de reducción presupuestaria.
Caída dramática de la ejecución presupuestaria en vialidad
El Gobierno mantiene disciplina fiscal mediante cortes en la ejecución presupuestaria. Según el Centro de Economía Política (CEPA), la caída en áreas de inversión pública oscila entre 77% y 100%. La Dirección Nacional de Vialidad registró una disminución del 83% en julio respecto de julio de 2023.
Otros organismos también sufrieron recortes severos: el ORSNA marcó una baja del 60%, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte cayó 33%, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial experimentó un recorte del 48%. En rutas nuevas y obras de pavimentación la caída de envíos fue del 96%.
El Instituto Argentina Grande alertó que el Gobierno ejecutó solo el 33% de los fondos recaudados por el Impuesto a los Combustibles, lo que implicó que podrían haberse invertido $1.300.000,00 millones más. El vocero presidencial Adrián Ravier argumentó que Argentina enfrenta altísima presión tributaria y que equilibrar cuentas, bajar impuestos y mantener infraestructura es "demasiado para corregir en dos años y medio".
Investigaciones recientes revelaron que más de $1.000.000,00 millones del fideicomiso SisVial se colocó en instrumentos financieros, mientras que otros $37.000.000,00 millones quedaron inmovilizados en cuentas corrientes. Los diputados opositores Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz denunciaron desvíos de fondos y retenciones que debían transferirse a provincias.
Impacto para empresas y administradores: el riesgo de la infraestructura deteriorada
Para los dueños y administradores de empresas argentinas, la degradación de la red vial representa costos operativos crecientes. El deterioro de rutas impacta directamente en logística, distribución y tiempos de entrega, especialmente en sectores que dependen del transporte terrestre como alimentos, manufactura y comercio.
Los traspasos provinciales generan incertidumbre sobre estándares de mantenimiento y peajes futuros. Las empresas con operaciones en San Juan, Santa Fe y Catamarca deben monitorear los términos de los acuerdos provinciales. La caída en inversión pública también amplía la brecha de infraestructura, afectando competitividad. Para sectores exportadores vinculados a puertos como Rosario, la orden judicial sobre la ruta 33 es crítica: su reparación inmediata mejora la cadena logística, pero la volatilidad presupuestaria nacional genera riesgos a mediano plazo.
