El Gobierno reasignó US$110 millones de fondos provenientes de exportaciones eléctricas para financiar la construcción del Proyecto AMBA I, una infraestructura de transmisión clave para ampliar la capacidad del sistema de suministro en la región metropolitana de Buenos Aires.
¿Qué es el Proyecto AMBA I y por qué es estratégico?
El Proyecto AMBA I constituye una obra fundamental para mitigar riesgos de colapso en el suministro eléctrico durante los períodos de máxima demanda estival. La región metropolitana de Buenos Aires concentra aproximadamente el 40% del consumo eléctrico total del país, y actualmente la red de transmisión opera al límite de su capacidad, impidiendo incorporar mayores volúmenes de energía generada en otras zonas del territorio nacional.
Sin nuevas líneas de alta tensión, cualquier falla puntual o sobrecarga por temperaturas elevadas genera inevitablemente interrupciones del servicio a gran escala. La iniciativa comprende la construcción de infraestructura diseñada para ampliar los puntos de ingreso de energía hacia el conurbano y la Capital Federal, incluyendo:
- Nueva Estación Transformadora (ET) Plomer como nodo clave
- Ampliación de la ET 25 de Mayo
- Adecuación tecnológica de estaciones transformadoras en Atucha, Ezeiza, General Rodríguez, Mercedes, Luján, Zapalorto y Pantanosa
- Tendido de líneas de alta tensión para redistribuir flujos de carga en el anillo metropolitano
Cómo se financiará la obra: reasignación de fondos sectoriales
A través de la Resolución 201/2026 publicada en el Boletín Oficial el 10 de agosto de 2026, la Secretaría de Energía ordenó la liberación de recursos acumulados en la "Cuenta de Exportaciones" administrada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Este fondo, alimentado por ventas de energía eléctrica a países vecinos, poseía un saldo cercano a US$110 millones que ahora se redirigirán como anticipo financiero en el proceso licitatorio.
La decisión implica un giro respecto del discurso mantenido por la conducción económica, que en reiteradas oportunidades aseguró que las obras de infraestructura no contarían con aportes del Tesoro ni fondos estatales. Sin embargo, la magnitud de la inversión requerida (estimada en torno a US$1.000 millones) y las dificultades técnicas para estructurar garantías de cobro satisfactorias para actores privados llevaron al Gobierno a utilizar estos recursos sectoriales para desbloquear el inicio de los trabajos.
Un proyecto demorado: antecedentes y cambios de estrategia
El llamado a licitación del Proyecto AMBA I acumula demoras y modificaciones desde hace varios gobiernos. Durante 2024, las autoridades descartaron el financiamiento preferencial de bancos chinos —mecanismo negociado en la administración anterior— e intentaron encuadrar el desarrollo bajo el régimen de "concesión de obra pública", donde la empresa adjudicataria asume la totalidad del costo inicial.
Ante la objeción del sector bancario para financiar un proyecto sin ingresos durante su etapa de construcción, la cartera de Energía evaluó instrumentar un "estampillado previo" —un recargo temporal en boletas de servicio—. Sin embargo, esta alternativa fue desestimada al constatarse que vulneraba principios normativos vigentes en la regulación de servicios públicos.
Respaldo internacional y cronograma de licitación
Como respuesta a la falta de financiamiento privado internacional, el Estado gestionó el respaldo de organismos de crédito multilateral. Entre las medidas adoptadas figura una solicitud de garantía por US$200 millones ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinada a cubrir riesgos de impago del futuro concesionario.
Los requerimientos formales del organismo obligaron a convocar una consulta pública no vinculante a finales de julio de 2026, diluyendo los tiempos previos al llamado a licitación anunciado por el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo. La aplicación de la Resolución 201/2026 dejó sin efecto la asignación previa de la Cuenta de Exportaciones de CAMMESA, cuyos fondos estaban destinados al Plan Federal de Transporte Eléctrico Regional en diversas provincias.
Incertidumbres operativas y distribución federal de inversiones
La resolución emitida por la Secretaría de Energía no especificó detalles operativos críticos: no se aclaró si la suma otorgada a la empresa contratista revestirá carácter de crédito reembolsable o subsidio directo para reducir la tarifa final de la concesión. Esta ambigüedad genera dudas sobre el verdadero costo fiscal de la iniciativa.
Además, la decisión de concentrar la totalidad del saldo en la zona metropolitana reabrió discusiones sobre el criterio de distribución federal de inversiones energéticas. Varias regiones del interior continúan aguardando obras de transporte eléctrico para sostener su desarrollo productivo, lo que plantea tensiones en el ordenamiento territorial de las prioridades de infraestructura.
Impacto para empresas y administradores: estabilidad energética y competitividad
Para dueños y administradores de empresas en el AMBA, la ejecución del Proyecto AMBA I representa una oportunidad crítica para mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico y reducir el riesgo de interrupciones operacionales que afectan la productividad. La ampliación de la capacidad de transmisión permitirá integrar nuevas fuentes de generación renovable y térmica, potencialmente moderando presiones tarifarias a mediano plazo.
Sin embargo, la estructura de financiamiento mediante fondos sectoriales y garantías internacionales genera interrogantes sobre el traslado final de costos a usuarios. Empresas con demanda energética significativa deben monitorear tanto el cronograma de ejecución de la obra como los mecanismos de repago que defina el regulador, ya que ambos factores impactarán en la estructura de costos operacionales durante los próximos años. La claridad regulatoria sobre si se aplicarán recargos tarifarios será determinante para la planificación financiera corporativa en la región.
