La deuda flotante de la Administración Pública Nacional (APN) volvió a crecer durante septiembre de 2026, alcanzando aproximadamente $1 billón en pagos postergados a proveedores y otros acreedores. Según datos de la consultora Analytica, el stock total de deuda exigible se ubicó en $3,1 billones, reflejando una estrategia recurrente del Ministerio de Economía para sostener los objetivos de superávit fiscal.
¿Qué es la deuda flotante y por qué crece en septiembre?
La deuda flotante representa el diferencial entre el gasto que la administración pública reconoce (devengado) y lo que efectivamente paga en efectivo. Durante los primeros nueve meses de 2026, el acumulado de deuda flotante alcanzó $3,1 billones, equivalente al 0,3% del PIB, superando levemente el nivel registrado en el mismo período de 2025. Este mecanismo de postergación de pagos está contemplado en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque con un límite: no puede exceder el 10% del gasto corriente.
La suba de la deuda flotante suele concentrarse en los meses previos a revisiones del FMI. En 2026, este patrón se repitió: entre febrero y marzo, cuando se realizó la segunda revisión del acuerdo de marzo, la deuda exigible trepó desde $1,94 billones a $4 billones. Posteriormente, entre abril y mayo, el Gobierno redujo la deuda hasta $1,4 billones, demostrando que se trata de un instrumento de política fiscal utilizado estratégicamente.
Evolución de la deuda flotante durante 2026
La trayectoria de la deuda flotante en 2026 refleja ciclos de acumulación y reducción vinculados a las revisiones del organismo multilateral. En junio alcanzó $3,6 billones, bajó a $2,2 billones en julio y se mantuvo en ese nivel durante agosto, antes de volver a crecer en septiembre. Este comportamiento responde a la necesidad del Palacio de Hacienda de alcanzar las metas de superávit primario acordadas con el FMI.
Para diciembre de 2026, el objetivo de superávit primario fijado es de $16,22 billones, aunque el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso proyecta un cierre anual de $15,5 billones. La brecha entre ambas cifras sugiere que el Gobierno podría recurrir nuevamente a pisar gastos en los últimos meses del año para ajustar los números.
Gasto público primario: leve recuperación con tendencia a la baja
El gasto público primario devengado registró en septiembre de 2026 una suba interanual real del 4,6% tras ajustar por inflación. Sin embargo, Analytica aclaró que este incremento responde a una "leve tregua al ajuste" por la recuperación de partidas específicas y no a un cambio estructural en la política de gasto de la APN. En el acumulado de los primeros nueve meses de 2026, las erogaciones mantienen una caída del 3,1% real comparadas con el mismo período de 2025.
El aumento de $0,6 billones en gasto respecto a septiembre de 2025 se explicó principalmente por dos factores: $0,4 billones corresponden a pensiones no contributivas, que recuperaron parte de la caída del mes anterior, y $0,2 billones en jubilaciones y pensiones contributivas, con un incremento interanual del 3,5%. Adicionalmente, el rubro de Bienes y Servicios mostró un crecimiento real del 37,1%, impulsado por la compra de vacunas y la reestructuración del programa de atención médica para beneficiarios de pensiones no contributivas, que pasó a ejecutarse como compra directa de medicamentos a través del Ministerio de Salud.
Implicancias para empresas y administradores de negocios
Para los dueños y administradores de empresas que operan como proveedores del Estado, la acumulación de deuda flotante representa un riesgo de flujo de caja significativo. Cuando la APN posterga pagos, las pymes y empresas de servicios enfrentan presiones financieras que afectan su capacidad de reinversión y operación. Durante 2026, sectores como transporte de pasajeros, salud, educación y prestadores de servicios para personas discapacitadas experimentaron retrasos recurrentes.
El ciclo de postergación y normalización de pagos que caracteriza a los meses de revisión del FMI genera volatilidad predecible pero difícil de gestionar. Empresas contratistas y proveedoras deben anticipar que septiembre, febrero y marzo suelen ser meses de mayor acumulación de deuda flotante, lo que exige planificación financiera defensiva. A medida que se acerca el cierre de 2026 y la revisión de metas, es probable que nuevas postergaciones afecten los pagos del Gobierno, impactando el flujo de efectivo de las empresas vinculadas al sector público.
