La Argentina acumula dos siglos de depreciación monetaria sin precedentes en el mundo. Desde Rivadavia hasta Milei, todos los gobiernos enfrentaron el mismo desafío: cómo impedir que el Estado abuse del monopolio de emisión de moneda. Hoy, con el impulso de reformar la Carta Orgánica del Banco Central aprobada en 2012, resurge la pregunta de fondo: ¿puede una norma legal detener la inflación?
¿Por qué fracasan las reformas monetarias en Argentina?
A lo largo de 200 años, el país probó todos los mecanismos institucionales inventados para preservar la estabilidad monetaria. El único régimen relativamente exitoso duró apenas 15 años, entre 1900 y 1914. ¿La razón? Durante ese período, la emisión de moneda se ajustó a la demanda del sector privado y no a las necesidades financieras del sector público.
Desde la creación del Banco de Buenos Aires en 1822, pasando por el Banco Nacional de 1826, la Casa de la Moneda en 1836 y el Banco Central en 1935, todas estas instituciones nacieron con límites legales contra la injerencia estatal. Sin embargo, en cada caso, esos límites resultaron ineficaces. Los gobiernos violaron impunemente cualquier restricción cuando lo consideraron políticamente necesario, con la excusa recurrente de la emergencia económica.
El voluntarismo ingenuo de las leyes monetarias
Todas las reformas monetarias argentinas, desde 1822 hasta hoy, comparten un denominador común: la creencia fetichista de que unas palabras escritas bastan para impedir que un gobierno abuse del poder de emitir moneda. Esto es un error conceptual grave. El problema no es de ingeniería jurídica, sino de naturaleza política y moral.
El economista y pensador Alberbi advertía hace casi dos siglos que "el dinero es el poder de los poderes", y que mientras el gobierno tenga facultad de fabricar moneda sin respaldo, el "poder omnímodo" vivirá inalterable en el corazón de la Constitución. Su conclusión fue contundente: el único poder regaliano que la nación soberana no puede delegar en su gobierno es precisamente el de emitir moneda.
¿Qué dice hoy la Constitución sobre estabilidad monetaria?
La estabilidad monetaria ya es un mandato constitucional explícito. El artículo 75, inciso 19 de la Constitución establece que corresponde al Congreso "proveer lo conducente a la defensa del valor de la moneda". Esto significa algo muy simple: los legisladores no deberían aprobar presupuestos deficitarios sin financiamiento genuino. Sin embargo, durante décadas incumplieron este deber sin pagar costo alguno.
Si una norma constitucional no logró contener el gasto público, ¿qué garantía ofrece una Carta Orgánica? La respuesta es incómoda pero necesaria: ninguna. La historia demuestra que dos siglos de leyes, normas y reformas constitucionales no pudieron disciplinar al Estado argentino, que padece lo que podría llamarse anomia institucional crónica.
La independencia del BCRA: un mito persistente
Modificar la Carta Orgánica del Banco Central para establecer que su principal objetivo sea preservar la estabilidad de precios no resolverá el problema inflacionario estructural. No importa qué diga la ley, la Carta Orgánica o incluso la Constitución: la independencia de facto del BCRA es una quimera mientras el Gobierno controle el presupuesto y las necesidades fiscales dominen las decisiones monetarias.
El régimen de 2012 ya incluía restricciones. El régimen actual también las tiene. Ninguna evitó la inflación. La solución no pasa por diseñar leyes perfectas, sino por reconocer que el problema de fondo es político: el Estado necesita financiamiento y, sin restricciones fiscales reales, siempre recurrirá a la emisión.
Qué deben entender los empresarios argentinos sobre esta reforma
Para los dueños y administradores de empresas, esta discusión sobre la Carta Orgánica tiene una implicación práctica clara: no confíes en que una reforma legal resuelva la inflación. Durante dos siglos, cada reforma fue presentada como definitiva. Ninguna funcionó.
La verdadera estabilidad monetaria requiere que el Estado discipline su gasto fiscal, no que redacte mejores leyes. Mientras el Gobierno siga necesitando financiamiento sin límites, la presión sobre la emisión continuará. Las empresas argentinas necesitan prepararse para un entorno de volatilidad monetaria persistente, independientemente de lo que diga cualquier Carta Orgánica. La única solución estructural, según economistas como el autor, pasa por divorciar al Estado de la moneda mediante mecanismos más radicales que una reforma normativa.
