El economista Roberto Cachanosky cuestionó la estrategia actual del Gobierno, señalando que la prioridad de mantener el dólar estable y la inflación controlada responde a objetivos electorales antes que a la recuperación económica genuina. Según su análisis, esta decisión genera un costo muy alto en términos de actividad interna y empleo.
¿Por qué el Gobierno mantiene el tipo de cambio bajo control?
La administración actual ha optado por mantener controles estrictos sobre el mercado de cambios como parte de su estrategia política de cara a las elecciones de 2027. Cachanosky explicó que el oficialismo busca llegar a los comicios con inflación a la baja y tipo de cambio estable, independientemente del impacto en la actividad económica real.
El economista señaló que esta opción obedece a un cálculo político: "si liberan el mercado, el dólar se les escapa y se traslada a los precios". En consecuencia, el Gobierno ha priorizado mantener la estabilidad cambiaria por sobre medidas que podrían reactivar la inversión privada y la generación de empleo, generando un conflicto entre la agenda política y la agenda económica.
La contradicción entre crédito e inversión genuina
Cachanosky criticó duramente las recientes medidas de reactivación basadas en inyección de crédito sin acompañamiento de inversión real. Según su perspectiva, este enfoque es fundamentalmente incorrecto desde el punto de vista económico.
Para el economista, el único camino válido para aumentar el consumo pasa por generar condiciones institucionales que atraigan inversiones. Estas inversiones generan demanda de trabajo, aumentan la productividad y, como resultado, suben los salarios y el consumo. Sin este encadenamiento, intentar reactivar el consumo mediante crédito es "como querer pescar con la mano" en lugar de construir las herramientas necesarias para hacerlo correctamente.
La lección histórica: 2001 y sus advertencias
Para ilustrar los riesgos de mantener un tipo de cambio rígido con fines políticos, Cachanosky estableció un paralelismo con el final del gobierno de Fernando de la Rúa en 2001. Aclaró que no se refiere a una corrida bancaria, sino al deterioro de la economía real que eventualmente genera descontento social.
En aquel período, explicó, había deflación pero no había trabajo. La recesión y el desempleo generaron el "mal humor social" que De la Rúa experimentó en las elecciones de medio término de 2001. Este antecedente advierte sobre los riesgos políticos de mantener precios bajos sin generar empleo.
El costo fiscal y económico de la estrategia actual
Según Cachanosky, la política actual tiene un costo altísimo en términos de nivel de actividad y recaudación impositiva. La caída en la actividad económica reduce la base tributaria, lo que complica el sostenimiento del superávit fiscal que el Gobierno considera central en su plan.
El economista propone una salida: "liberar el mercado de cambios en serio y pagar el costo en estos tres o cuatro meses". Su hipótesis es que tras un período de ajuste, la economía se reactivaría y se frenaría el cierre de empresas que actualmente caracteriza el ciclo recesivo.
Qué significa esta tensión para las empresas argentinas
Para los dueños y administradores de empresas, el análisis de Cachanosky plantea una realidad incómoda: el Gobierno está priorizando estabilidad de precios sobre reactivación económica, lo que mantiene la demanda interna deprimida y el nivel de actividad bajo.
Las pymes y empresas medianas enfrentan un escenario donde el crédito se ofrece sin que exista demanda suficiente para justificar nuevas inversiones. Simultáneamente, la restricción cambiaria limita opciones de importación y exportación. La recomendación implícita es que las empresas no pueden esperar una reactivación significativa mientras prevalezca esta estrategia política, obligándolas a adaptarse a un mercado interno deprimido hasta que el ciclo político cambie.
