Países latinoamericanos como México, Perú, Guatemala y Ecuador solicitaron esta semana exenciones a los nuevos aranceles estadounidenses del 10% al 12,5% que la administración Trump propone aplicar contra naciones que no combaten adecuadamente el trabajo forzoso en sus cadenas de suministro.
¿Cuál es el objetivo de estos aranceles propuestos?
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) busca penalizar a 59 países y la Unión Europea por la presunta aplicación laxa de normas contra el trabajo forzoso en sus procesos productivos. Los gravámenes forman parte de una investigación legal bajo la Sección 301, mecanismo que permite al Gobierno estadounidense imponer aranceles por prácticas comerciales desleales. La USTR argumenta que el trabajo forzoso en cadenas de suministro extranjeras genera competencia desleal para los trabajadores estadounidenses.
¿Qué argumentan los países latinoamericanos?
Durante las audiencias públicas realizadas esta semana, representantes de México, Perú, Guatemala y Ecuador rechazaron categóricamente las acusaciones. El subsecretario de Economía de México, Ernesto Acevedo Fernández, afirmó que "México ha hecho de la lucha contra el trabajo forzoso una prioridad seria" y advirtió que un arancel adicional del 10% castigaría injustamente a miles de empresas mexicanas que cumplen la legislación vigente.
Acevedo subrayó que "no hay evidencia de importaciones realizadas con trabajo forzoso que entren a Estados Unidos a través de México" y destacó que la propuesta de USTR eximiría bienes mexicanos que cumplan con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Por su parte, José Luis Castillo Mezarina, director de negociaciones comerciales de Perú, solicitó que su país sea eximido de cualquier arancel, argumentando que no existe una carga concreta sobre el comercio estadounidense ni se ha cumplido el estándar probatorio exigido por la Sección 301.
Contexto legal y temporal de la medida
Estos nuevos aranceles representan una evolución del esquema implementado en febrero de este año, cuando Trump aplicó un gravamen temporal del 10% tras la anulación de sus aranceles globales por parte de la Corte Suprema. Ese gravamen temporal vence el 24 de julio de 2026. Las tres jornadas de audiencias de esta semana constituyen el proceso legal formal para consolidar los nuevos gravámenes.
La propuesta ha generado resistencia incluso dentro de Estados Unidos. Un grupo de 22 fiscales generales de estados demócratas presentó objeciones el lunes pasado, calificando los aranceles como "intento de encubrir aranceles amplios predeterminados" que constituyen un abuso de la autoridad de la Sección 301. Los fiscales anticiparon una posible impugnación judicial futura.
El impacto en la industria siderúrgica
La medida genera preocupación especial en el sector siderúrgico. Algunas siderúrgicas y grupos comerciales defendieron en las audiencias una exención para el arrabio importado, materia prima utilizada en la producción de acero en hornos eléctricos de arco. El arrabio fue eximido de los aranceles del 50% que Trump aplicó al acero por razones de seguridad nacional bajo la Sección 232, pero quedaría sujeto al nuevo arancel por trabajo forzoso.
Brandon Farris, vicepresidente ejecutivo de la Steel Manufacturers Association, advirtió que sin exenciones, los aranceles sobre arrabio importado desde Brasil podrían alcanzar el 37,5% al combinarse con los gravámenes específicos para Brasil. Esto colocaría a la mayoría de la producción nacional de acero estadounidense en desventaja competitiva, afectando a productores como Nucor y Steel Dynamics.
Implicaciones para empresas argentinas exportadoras
Para las empresas argentinas, esta situación presenta tanto riesgos como oportunidades que merecen atención. Si bien Argentina no fue mencionada explícitamente en las audiencias de esta semana, los aranceles estadounidenses sobre trabajo forzoso podrían afectar indirectamente a exportadores argentinos que integran cadenas de suministro globales vinculadas con países afectados. Las siderúrgicas y productores de bienes intermedios deben monitorear cómo evolucionan estas medidas, especialmente si Argentina es considerada en futuras investigaciones de USTR. Además, si países latinoamericanos logran exenciones, esto podría alterar los flujos comerciales regionales y las oportunidades de acceso a mercados estadounidenses. Los administradores de empresas argentinas exportadoras de acero, productos químicos y bienes manufacturados deben evaluar si sus cadenas de suministro podrían verse afectadas por estas nuevas barreras arancelarias.
