El gobierno nacional selló un acuerdo con los gobernadores del Norte Grande para ampliar subsidios en zonas cálidas, a cambio de avanzar en la eliminación del régimen de zonas frías en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe. Sin embargo, los mandatarios de las provincias perjudicadas expresan resistencia y cuestionan los tiempos legislativos de una reforma que podría afectar sus economías regionales.
¿Qué es el régimen de zonas frías y por qué genera conflicto?
El régimen de zonas frías es un sistema de subsidios que beneficia a regiones con climas extremos, permitiendo mayor cobertura de energía eléctrica en kilowatios. La propuesta del gobierno busca diferenciar entre zonas cálidas y muy cálidas, duplicando la cobertura en KW para el Norte Grande, mientras elimina los beneficios en las provincias centrales y bonaerenses. Esta medida genera una redistribución de recursos que perjudica a gobernadores aliados que dependen de estos subsidios.
El acuerdo de Santilli y las promesas incumplidas
El martes 18 de agosto, Diego Santilli cerró negociaciones con los gobernadores nortistas, comprometiéndose a materializar los cambios mediante una resolución del Ministerio de Economía que sería publicada antes de septiembre de 2026. Sin embargo, fuentes de las provincias perjudicadas aseguran que el acuerdo original contemplaba no tratar la ley este año legislativo.
Según indicaron allegados a la gobernación de Mendoza, la incertidumbre rodea el cumplimiento de los tiempos: "Por más que hayan hablado con los del Norte, no sé si van a llegar con los tiempos legislativos para sacarlo ahora". En el Senado aún no existe claridad sobre cuándo se iniciaría el debate de la quita de subsidios, aunque la intención sería dejar únicamente el subsidio para la zona patagónica.
Las provincias afectadas se resisten a la reforma
Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Neuquén están alineadas contra la eliminación del régimen de zonas frías. Estas provincias conforman alianzas electorales clave para el gobierno de Javier Milei, lo que genera una tensión política evidente. En Córdoba, se habría acordado una presentación dividida en elecciones locales a cambio de eliminar las PASO; en Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro enfrenta resultados electorales débiles en 2025 y busca mantener sus beneficios regionales.
Un funcionario cordobés fue directo: "No vamos a aprobar que les den zonas cálidas a los otros y nos saquen zonas frías". Esta posición refleja que, pese a las alianzas electorales, los gobernadores no están dispuestos a sacrificar recursos que sostienen la infraestructura energética de sus territorios.
Reuniones individuales y falta de consenso legislativo
Santilli comenzó a reunirse de manera individual con los mandatarios provinciales para buscar apoyo. El miércoles 19 de agosto, el jefe de Gabinete recibió a Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, en la Casa Rosada. Sin embargo, fuentes radicales señalan que aún falta una reunión clave con los gobernadores de provincias como Mendoza y Santa Fe para discutir la reforma en profundidad.
Desde la administración nacional se justifica que el acuerdo busca "encuadrar" a los gobernadores del Norte con otras reformas legislativas prioritarias, como la eliminación de las PASO. Pero la ausencia de reuniones formales con los mandatarios perjudicados genera dudas sobre la viabilidad política del proyecto antes de fin de año.
Impacto para empresas y administradores en zonas afectadas
Para los dueños y administradores de empresas en Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, esta reforma representa un riesgo operativo inmediato. La eliminación de subsidios en zonas frías implicaría aumentos significativos en costos de energía eléctrica, afectando directamente la competitividad de pymes y medianas empresas que dependen de tarifas preferenciales.
La incertidumbre sobre los tiempos legislativos obliga a los administradores a preparar escenarios de contingencia: revisión de presupuestos energéticos, evaluación de traslados de operaciones o ajustes en márgenes operativos. Si el proyecto se aprueba antes de que termine el invierno de 2026, el impacto en costos será inmediato. Mientras tanto, la falta de claridad legislativa mantiene a las empresas en suspenso sobre cuándo deberán asumir estos cambios tarifarios.
