Un tribunal federal en Estados Unidos rechazó la solicitud de CoinFlip para suspender temporalmente la prohibición de cajeros automáticos de criptomonedas en Tennessee, permitiendo que la ley siga en vigor mientras continúa el desafío constitucional.
¿Qué prohíbe la ley de Tennessee sobre cajeros cripto?
La norma estatal, conocida como Capítulo Público 766, convierte en delito de Clase A instalar, operar o permitir un kiosco de criptomonedas en cualquier parte del estado. El fallo del 7 de julio fue anunciado por el fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, quien argumentó que estos cajeros son herramientas para estafadores que atacan a residentes vulnerables.
La demanda fue presentada por GPD Holdings LLC, que opera como CoinFlip, junto con Charles Wernicke, propietario de un kiosco. Ambos buscaban detener la entrada en vigor de la ley antes del 1 de julio, fecha fijada para su aplicación. El juez federal Travis McDonough consideró insuficientes los argumentos presentados en esta etapa preliminar.
¿Por qué el tribunal avaló la prohibición?
El juez concluyó que el interés público en la protección al consumidor pesa más que el daño económico alegado por los demandantes. Sin embargo, es importante aclarar que esta decisión no valida la constitucionalidad de la prohibición, sino que permite su cumplimiento mientras el litigio sigue avanzando en etapas posteriores.
La corte sugirió que CoinFlip no aportó hechos suficientes para probar que la ley de Tennessee afecta al comercio interestatal. Del otro lado, el estado defendió su posición con conclusiones legislativas y estadísticas federales relacionadas con fraude. Este matiz es crucial: obtener una suspensión urgente de una ley de este tipo exigirá pruebas mucho más sólidas sobre perjuicios inmediatos y conflictos constitucionales.
El panorama nacional: de restricciones a prohibiciones
El caso de Tennessee refleja una tendencia más amplia en Estados Unidos. Indiana fue el primer estado en prohibir por completo estos cajeros; después, Tennessee y Minnesota siguieron el mismo camino. Según la Asociación Americana de Banqueros, al menos 20 estados ya cuentan con medidas distintas para estos kioscos, que van desde límites de transacción hasta exigencias de licencia.
El debate también llegó al Congreso. Los representantes Sean Casten y María Elvira Salazar presentaron la Acta Bipartidista para Detener las Estafas de Cajeros Automáticos de Criptomonedas, argumentando que estos puntos de pago se han convertido en un medio popular para fraudes dirigidos a adultos mayores. Los datos respaldan esa preocupación: durante 2024, las víctimas perdieron US$ 247 millones en estafas vinculadas a cajeros de criptomonedas, según el Centro de Quejas de Crimen por Internet del FBI.
La defensa de la industria y la presión económica
CoinFlip rechaza la lectura del estado de forma frontal. Su director ejecutivo, Ben Weiss, sostuvo en documentos judiciales que los kioscos sirven a usuarios que manejan efectivo, no tienen acceso a servicios bancarios o prefieren no conectar su cuenta bancaria a plataformas de criptomonedas. La empresa también advirtió que desmontar sus máquinas causaría un daño irreversible en relaciones comerciales construidas durante años.
Varias compañías del sector afirman haber incorporado monitoreo de transacciones, procesos de identificación de clientes y herramientas de prevención de fraude. Su argumento es que el problema central está en el abuso criminal del sistema, no en la existencia del dispositivo. Sin embargo, esa posición hasta ahora no ha sido suficiente para frenar la creciente hostilidad política.
La presión económica sobre los operadores es real. Bitcoin Depot, una de las firmas más conocidas del sector, solicitó protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 tras sufrir fuertes caídas de ingresos. En Texas, se registraron alrededor de US$ 56,8 millones en pérdidas por fraudes asociados a cajeros automáticos de criptomonedas durante 2024, más que en cualquier otro estado del país.
Impacto para empresas y negocios en Argentina
Aunque esta decisión ocurre en Estados Unidos, tiene implicaciones indirectas para administradores y dueños de empresas argentinas que operan en el ecosistema cripto o que tienen exposición a regulaciones internacionales. El caso de Tennessee establece un precedente sobre cómo los gobiernos pueden restringir la infraestructura física de acceso a activos digitales, una tendencia que podría replicarse en otras jurisdicciones.
Para empresas argentinas que exportan servicios fintech o que dependen de plataformas de criptomonedas, el endurecimiento regulatorio en mercados clave como Estados Unidos afecta el costo de cumplimiento y la viabilidad de ciertos modelos de negocio. Además, la narrativa global sobre fraude en cajeros cripto influye en cómo reguladores locales evalúan estas herramientas, lo que puede impactar en futuras decisiones de política pública en Argentina.
La lección central es que la protección al consumidor está ganando peso sobre argumentos de acceso financiero, incluso en mercados de alto desarrollo tecnológico. Esto sugiere que administradores de empresas cripto argentinas deben anticipar un escenario donde la regulación será más estricta y donde la reputación de la industria dependerá cada vez más de medidas robustas contra el fraude.
